Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) elabora y ejecuta planes, programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agro-industrial, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las provincias y los diferentes subsectores. Su objetivo es promover la utilización y conservación de los recursos naturales destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin de acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector. Asimismo, efectúa el seguimiento del accionar de los organismos descentralizados del sector: Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP),  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) e Instituto Nacional de Vitivinicultura, a fin de evaluar su desempeño y realimentar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones.

Programa: Formulación de Políticas del Sector Primario

El programa se desarrolla a través de la definición y elaboración de políticas y estrategias de aplicación macro y microeconómica en el orden agropecuario, forestal, pesquero y alimentación, operadas mediante sus organismos centralizados y descentralizados. Las actividades de dicho programa están orientadas a la promoción de la producción e inversión sectoriales tendientes a potenciar el crecimiento y la competitividad en el mercado interno e internacional. En ese sentido, por su intermedio se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos realiza entre otras actividades,  aquellas  cuya ejecución se muestra a continuación:

-en pesos y magnitudes físicas-

El apoyo a comunidades aborígenes demostró una mayor dinámica durante el primer semestre el año 2002 que en los años anteriores.  El resultado fue la asistencia a 10 comunidades de Nueva Pompeya ( provincia del Chaco)  a través del proyecto “Dos Mazorcas de  Maíz”, 3 comunidades de Saenz Peña ( provincia del Chaco) mediante  el proyecto Te’esaq lta’a lo’opi qompi y 1 comunidad de Charata, también en la provincia del Chaco, con el proyecto Ne Se Te.  No obstante, durante  el segundo semestre se informó la asistencia a sólo otras 2 comunidades.

Por su parte, la extensión e investigación de plantaciones mostró una mayor ejecución debido a que se iniciaron proyectos que no estaban programados inicialmente.

La SAGPyA, a través de la actividad de  Asistencia a Pequeños Productores del Noreste Argentino (PRODERNEA), tiene como objetivo lograr un incremento en el ingreso de pequeños productores agropecuarios por medio del emprendimiento  de proyectos rentables. La ejecución de las mismas está a cargo de las provincias, con la coordinación de la SAGPyA. De acuerdo a la modalidad de ejecución comprometida, corresponde a las jurisdicciones constituir fondos de contraparte para el desembolso de fondos FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) según el pari-passu de cada componente. La situación de creciente restricción fiscal que viven las provincias se traduce en la imposibilidad de orientar recursos para contraparte, afectando al nivel de ejecución del programa en forma directa, con la consecuente imposibilidad de alcanzar las metas oportunamente fijadas.

Sin embargo, durante el ejercicio 2002, se definieron indicadores de seguimiento y evaluación, y  se llevaron a cabo tareas de capacitación a técnicos y coordinadores del proyecto. Se definió el reglamento de crédito del proyecto, con propuestas para adecuar el mecanismo al actual marco económico. En la provincia de Chaco se otorgó un préstamo para la instalación de una planta de fraccionamiento y extracción de miel que alcanza a 24 beneficiarios. En dicha provincia, se realizaron 8 eventos en los que participaron 400 beneficiarios, orientados a temas de autoconsumo familiar, apicultura y frutihorticultura. En Misiones, la asistencia técnica se prestó mediante 11 eventos, con la participación de 197 beneficiarios (147 mujeres),  y se relacionó con  la microempresa, agronegocios, comercialización y manipulación de alimentos. Durante el 2002 se concretó la incorporación de la provincia de Corrientes al proyecto, con la firma del Convenio Subsidiario de Préstamo en mes de diciembre. En el Chaco, se comenzó el proceso de certificación orgánica en la producción apícola y caprina a través de la firma de un convenio con la Organización Internacional Agropecuaria, para todas las comunidades aborígenes atendidas por el proyecto. Por su parte, la provincia de Catamarca  también firmó dicho convenio el que dará comienzo en el 2003.

 Adicionalmente,  se debe mencionar que  se superaron las metas establecidas en materia de capacitación, adoptando modalidades alternativas que permitieron reducir sus costos y llevar adelante los eventos maximizando su alcance.

En el marco del “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” (PROSAP) se tuvo que encarar una serie de acciones tendientes a minimizar los efectos no deseados que incidieron en el desarrollo del mismo, como consecuencia del nuevo escenario económico nacional que adquirió vigencia a partir del inicio de 2002.

Las obras de riego ejecutadas en el período fueron: Constitución (nuevo Retamo), Tramo Inferior del Río Mendoza (5° y 6° tramo Canal San Martín, Obras complementarias), resto del Programa de Riego de Mendoza (finalización Componente de Obras Menores). Asimismo, problemas en la disponibilidad de los fondos repercutieron sobre la construcción de drenajes, canales y caminos; las obras realizadas en el período, todas en la provincia de Mendoza, fueron canales de riego. También, se terminó el canal California. El resto de los canales: Caligniana Segura, Alijuela Reina,  Nuevo Retamo 1° etapa y canales unificadores alcanzaron distinto grado de avance.

Con respecto a la Electrificación Rural, se llegó a la adjudicación de las licitaciones de los ramales efectuadas en el año 2001. Por su parte, no se pudo adjudicar la licitación del Proyecto de Barreras Sanitarias de Mendoza.

En cuanto a la  asistencia a productores forestales, a través de la Ley 25.080  (Ley de Inversiones de Bosques Cultivados) se establecen beneficios fiscales  a fin de generar una masa boscosa que se acerque a las 100.000 has.  Durante el transcurso del año 2002 se comenzaron a observar los beneficios  otorgados por dicha ley, a partir de los planes presentados durante el año 2000. No obstante,  no se asistió financieramente a ningún productor forestal debido a que, a la finalización del cuarto trimestre, no se pudieron renovar los convenios necesarios por falta de disponibilidad de fondos.

La SAGPyA en materia de mercados, durante el 2002, continuó con el análisis y la difusión de toda la información referida a los mercados agropecuarios, manteniéndose actualizada la base de datos de total disponibilidad pública, así como la divulgación de los reportes especializados con información estadística y de situación coyuntural de los mercados. La base de datos contiene series de oferta y demanda interna y externa por productos; series de precios internos y de los principales mercados mundiales; información de coyuntura en la comercialización interna, etc.

Programa: Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria- Cambio Rural 

El objetivo del programa es aumentar los ingresos de los productores minifundistas carenciados y de los trabajadores agropecuarios. Los instrumentos utilizados para implementar esta estrategia concertada con las provincias y municipios son la asistencia financiera y técnica y la capacitación.

En ese sentido, la coordinación del Programa  tuvo como objetivo central  lograr una gestión orientada a la demanda, al servicio del productor y del desarrollo rural sustentable, incorporando el trabajo en red y la colaboración eficaz y eficiente entre Estado, Sociedad Civil y Mercado.

El programa incluye 180 profesionales y técnicos coordinados conjuntamente entre la SAGPyA y el INTA y desarrolla sus actividades en un universo conformado por 667 grupos de productores, 102 de ellos con subsidio, 7 grupos grandes, 49 Cooperativas, 4 Federaciones de Cooperativas y 31 Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local. Estas asociaciones coordinadas y asesoradas desde el Programa involucran un número de 14.000 productores.

Los productores asociados incorporaron la intensificación (en todos los rubros productivos), diversificación (desde complementar la actividad sustantiva de la empresa, hasta el cambio del perfil productivo), distintos grados de asociativismo en las más diversas actividades (incluyendo integraciones verticales y horizontales), logrando la venta de productos elaborados y realizando experiencias exitosas de exportación. Incluso algunos grupos desarrollaron marcas.

Se debe destacar que los productores y técnicos del Programa Cambio Rural, además de contar con el apoyo y coordinación del INTA, fueron capaces de realizar interacciones con programas, instituciones y organismos de nivel local, provincial y nacional.

-en pesos y magnitudes físicas-

El programa implementa su intervención a través de dos grandes componentes:

• Asistencia Técnica: orientada hacia la mejor eficiencia de producción; planificación de la organización de los agronegocios; mayor diferenciación y calidad de productos finales; integración de la producción primaria con la transformación; agregado de valor; mejor gestión; capacidad y dedicación empresarial; consolidación de nuevas formas de organización, fortalecimiento del poder de negociación.
  

• Vinculación al crédito: si bien el programa no tiene línea especial de crédito, funciona como articulador y evaluador del diagnóstico y análisis de alternativa, vehículo de información precisa sobre ventajas y limitantes de los instrumentos financieros disponibles.
  

Los criterios de focalización utilizados están dirigidos hacia explotaciones pequeñas y medianas que, debido al tamaño del predio y tipo de organización del trabajo y del capital, obtienen un ingreso anual inferior al requerido para financiar sus necesidades familiares y la evolución de la empresa. El sector analizado presenta una demanda potencial de 120.000 pequeños y medianos productores agropecuarios, lo que implica que, a partir de los recursos otorgados al programa, sólo se cubre aproximadamente el 11,6 % de la demanda potencial.

Programa: Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER-BIRF 4212) y Programa Social Agropecuario (PSA)

El crédito asignado a dicho programa durante el año 2002 fue de $10.200.000 del que se devengaron $ 6.953.649.

El Programa Social Agropecuario (PSA) ofrece una respuesta al sostenimiento del sector rural que se desenvuelve en condiciones de mayor pobreza en nuestro país a través de mecanismos de acción participativos, en los que intervienen diversas instituciones locales, provinciales y nacionales.

Las acciones ejecutadas hasta setiembre en el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), corresponden exclusivamente al cumplimiento de compromisos contraídos en ejercicios anteriores. A partir de  una ampliación presupuestaria se atendió a nuevas familias con necesidades básicas insatisfechas. El aporte al proyecto del grupo de productores incluye los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto productivo (hasta $1.500 por familia) y la asistencia técnica necesaria (por 1 ó 2 años, dependiendo del tipo de proyecto). En consecuencia, el convenio con el grupo es tripartito (familias, técnico y programa), delegando el grupo la administración de los recursos de asistencia técnica.

Las investigaciones que se mencionan en las metas se refieren al financiamiento de proyectos de investigación en tecnologías apropiadas para el tipo de productores con los que trabaja el PROINDER. Las mismas fueron seleccionadas por concurso público a fines del 2000. Tienen una duración de dos años y, en el ejercicio 2001 se financiaron sólo 33 de las 48 aprobadas, por falta de recursos presupuestarios.

El apoyo a la formulación de políticas de desarrollo rural provincial se realiza en función de convenios con las provincias que han calificado para acceder a estos recursos. Los cronogramas de ejecución con las provincias se vieron demorados por falta del crédito externo necesario. Si bien las cifras presentadas parecen indicar que se ejecutó lo previsto, esta afirmación debe relativizarse. En primer lugar, se cumplieron los pagos de contratos realizados en el ejercicio anterior. En segundo lugar, se retrasaron las fechas de pago de las segundas cuotas de los proyectos de investigaciones adaptativas. Por último, en los convenios de apoyo a las provincias se cumplió con las actividades mínimas.

Los logros del PROINDER durante el ejercicio fueron:

En materia de asistencia financiera no reembolsable, cuyo objetivo es  mejorar la producción de autoconsumo y de venta, acompañada de asistencia técnica y socioorganizativa,  los resultados de una investigación sobre el 16% de la población atendida muestran que:

• Estas familias han incrementado los productos destinados al consumo familiar en un 46%, diversificando y ampliando su dieta alimentaria. Estas producciones valorizadas equivalen a un aumento del  34% de ingresos destinados a alimentos.
  

• También han aumentado en un 32% el número de productos destinados a la venta, incrementándose el ingreso monetario de las familias en un 11%.
  

• El capital en infraestructura productiva y comunitaria se incrementó en un 26%.
  

• El trabajo en grupos facilitó la compra de insumos a más bajo precio, el intercambio de productos y también la organización para acceder, inclusive, a apoyos provenientes de otras acciones nacionales, provinciales o comunales. También el PROINDER coordinó acciones con distintos programas para potenciar y lograr mayores alcances en su operatoria.
  

Durante el año 2002 se formularon y aprobaron 472 nuevos subproyectos,  los cuales beneficiaron a 16.817 personas en 3.792 familias. Los montos transferidos en donación ascienden a $2.265.038.  También se brindó asistencia técnica a 768 subproyectos que implicó mejorar la situación productiva en 10.529 familias, por un monto de $1.434.094.

En cuanto a los Servicios de Apoyo  se realizaron las siguientes actividades:

• Capacitación: se orientó a productores, trabajadores y técnicos de apoyo. Entre los temas más trabajados con beneficiarios se presentan aquellos ligados a asegurar la alimentación (huerta, animales menores, conservación de alimentos, transformación de productos, sanidad de animales de granja, horticultura orgánica, etc.), mejorar los mecanismos de gestión de las explotaciones (costos, registros, etc.) como también los relacionados con los principales productos de venta de la zona (sanidad animal y vegetal, manejos conservacionistas, etc.).
  

• Apoyo al Mercadeo: se realizó una serie de estudios, capacitaciones y relevamientos de experiencias, alcanzándose resultados de interés en materia de ingreso a nuevos mercados y al proceso de consolidación de los grupos en materia comercial. Es de destacar el desarrollo de las denominadas “ferias francas”, mercados locales en donde colocan su producción los pequeños productores mejorando sus ingresos y movilizando recursos locales e institucionales.
  

• Plan de participación: Todas las provincias mantuvieron las reuniones periódicas de las Unidades Provinciales, en donde los representantes de los productores cumplieron un rol permanente con su presencia y sus aportes a la continuidad del PROINDER.
  

En el marco de la Comisión de Desarrollo Rural (cuyo objetivo principal es fortalecer una política de desarrollo agropecuario y rural en la SAGPyA):

• Se puso en marcha en la Provincia del Chaco la Experiencia Piloto con jóvenes rurales  consensuada entre los programas nacionales de Desarrollo Rural de la SAGPyA y el INTA con la participación de la Provincia.
  

• Se sistematizaron los criterios de evaluación ex ante empleados por los programas.   
  

• Se diseñó una base de datos para el relevamiento de las características de los beneficiarios de todos los Programas de Desarrollo Rural de la SAGPyA –INTA.
  

• Se diseñó una base de datos para incorporar información sobre los técnicos que trabajan en los programas, sus aptitudes y disponibilidad  para la capacitación .        
  

• Se actualizó el documento sobre los programas nacionales de desarrollo rural.   
  

• Se realizaron los siguientes estudios:
  

• Estudio sobre mujeres rurales.
  

• Estudio sobre los Pueblos Indígenas que habitan en la Argentina.
  

• Inserción ocupacional de los hogares rurales de las Provincias de Salta y Misiones, con datos de la Encuesta e Hogares Rurales realizadas en las mismas.
  

En el marco de los proyectos provinciales que forman parte de los Convenios de cooperación firmados con las provincias de La Rioja, Chubut, Catamarca, Río Negro, Chaco, Tucumán y Tierra del Fuego, se brinda asistencia técnica para la formulación de políticas provinciales, apuntando a la generación de capacidad institucional en los organismos agropecuarios de las provincias (que forman parte del Consejo Federal Agropecuario),  para proyectar e implementar acciones de desarrollo rural. En este subcomponente, se alcanzaron los siguientes resultados:

• Diagnóstico Participativo para el Desarrollo Rural de la Provincia del Chubut.
  

• Manual: Modalidad de Gestión de la Unidad de Coordinación y Promoción del Desarrollo Rural en áreas marginales de la Provincia de Río Negro.
  

• Censo de microemprendedores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  

• Estrategia de Desarrollo Rural de la Provincia de Catamarca.
  

• Encuesta de hogares rurales de la Provincia de La Rioja.
  

• Se formuló y aprobó el Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural de la Provincia de Entre Ríos.
  

Asimismo, se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

• Encuentros de Técnicas que trabajan con mujeres rurales, Horco Molle,  Tucumán, mayo de 2002 y Vaquerías, Córdoba, noviembre de 2002.
  

• Sensibilización y capacitación sobre la cuestión indígena en Argentina, Horco Molle, Tucumán, del 8 al 10 de mayo de 2002.
  

• Estrategias de Desarrollo Rural de las provincias: implicancias de diferentes herramientas metodológicas para el diagnóstico, Río Ceballos, Córdoba, noviembre de 2002.
  

Se editaron y publicaron los siguientes documentos:

• Serie Estudios e Investigaciones N° 2 Ingresos, Niveles de Pobreza y gasto de los Hogares Rurales de las Provincias de Mendoza, Río Negro y Santa Fe.
  

• Serie Estudios e Investigaciones N° 3 Implicancias del Empleo Rural no Agropecuario en las provincias de Mendoza, Río Negro y Santa Fe.
  

Los recursos de que dispuso el PSA (que financió el capital de trabajo) no permitieron acompañar adecuadamente las inversiones de capital fijo financiadas por PROINDER, ya que sólo alcanzó para cubrir los gastos básicos de estructura.

La otra actividad que se pudo mantener fue la Asistencia Técnica de aquellos grupos financiados con anterioridad al 2002, y con los cuales existían compromisos previos firmados. Pero los escasos recursos presupuestarios disponibles, llevaron a que la asistencia técnica prestada a los grupos se restringiera o discontinuara, lo que resiente la asistencia en aspectos tecnológicos tales como diversificación productiva, técnicas de manejo, manejo sustentable de los recursos, etc. y de comercialización.

Es de destacar que en un contexto como el existente, con situaciones de desempleo urbano y carencias alimentarias, las pocas acciones realizadas tuvieron reconocimiento por los pequeños productores atendidos, ya que, al menos, contaron con algún apoyo que les permitió, de diversas maneras, producir bienes de autoconsumo y vender algunos productos.

Durante el 2002, hubo una disminución de las familias asistidas técnicamente. La cantidad de productores con asistencia técnica brindada por el PSA representa un valor máximo, correspondiente a los primeros meses del año de 11.000 familias y en el mes de diciembre, 6.800 familias. Es decir que entre el 1° trimestre y el 4° trimestre, dejaron de ser atendidas 3.200 familias.

Programa: Promoción del Comercio y Producción de Semillas

El programa  de Promoción del Comercio y Producción de Semillas es el encargado de garantizar la disponibilidad, identidad y calidad de la semilla que adquiere el productor agropecuario, lograr la transparencia del mercado, tanto de la semilla de origen nacional como la importada, combatiendo a los competidores desleales. También es responsable de estimular el desarrollo de la actividad de fitomejoramiento.

El programa se encuadra en el cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Su objetivo es mejorar la eficiencia y efectividad de las explotaciones rurales ofreciéndoles una garantía en cuanto a la disponibilidad, identidad y calidad de la semilla que adquieren, como así también la defensa de los derechos de los creadores de nuevas variedades.

-en pesos y magnitudes físicas-

Es importante señalar que las ejecuciones realizadas durante el año 2002 son inferiores, en todos los casos, a las concretadas en el  ejercicio 2001 para el mismo período.  Dichas diferencias se fundamentan en el menor control del mercado, con relación a la certificación de semillas,  lo cual originó un menor nivel de rotulación y expectativa de venta de semillas. No obstante, en el transcurso del cuarto trimestre  se registró un incremento en la intención de siembra de las principales especies. Sin embargo, la menor cantidad de bolsas certificadas se debió al incremento del uso propio de semilla de soja por parte de los productores y a remanentes de semilla de maíz híbrido.

Por su parte, la menor cantidad de inspecciones se debió a restricciones presupuestarias, mientras que la variación observada en análisis de calidad obedeció a requerimientos del mercado.

En cuanto al otorgamiento de títulos de propiedad, la disminución de títulos otorgados se generó como consecuencia del incumplimiento de requisitos legales por parte de los solicitantes y a la falta de conformación de la Comisión Nacional de Semillas, dado que la última reunión de este cuerpo asesor, que se expide sobre el otorgamiento de los títulos de propiedad, se realizó en el mes de septiembre del 2002.

Asimismo, entre otras actividades se realizaron las inspecciones de comercio programadas,  constatando rotulado y realizando muestreos para verificar la calidad de la semilla. Paralelamente se hicieron controles en rutas, con apoyo policial, verificando lo transportado en vehículos de carga. Esto se llevó a cabo en cruces de rutas del sur de Santa Fe,  norte y sudeste de Buenos Aires. En cuanto al control de rotulado y calidad de la semilla que se comercializa el grado de fiscalización del maíz y el girasol es casi total dado que se trata en su gran mayoría de variedades híbridas. 

En las especies de trigo y soja el comercio ilegal se fue desplazando a los predios rurales. La fiscalización a través de inspecciones se hace difícil tanto del punto de vista operativo como legal. Para un operativo de llegada a estos lugares se hace necesario una presencia más efectiva y permanente de los inspectores de comercio, la cual se vio muy restringida por las limitaciones presupuestarias del ejercicio 2002.

Se efectuaron pruebas piloto conjuntamente con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), para determinar la cantidad de semilla utilizada por los productores de trigo y soja, a partir de los volúmenes de grano producidos. Con esta información se podrá comenzar a requerir datos sobre el origen de la semilla utilizada y detectar si es fiscalizada, ilegal o propia.

En cuanto a los estándares de calidad, desde el año 1999 el Laboratorio Central de Análisis de Semillas dependiente de la Dirección de Calidad del ex INASE ha implementado un Sistema de Aseguramiento de Calidad en todas sus áreas. El mismo se encuentra plenamente vigente, en proceso de constante avance, basado en la Norma ISO 25 adaptada al ensayo de semillas lo que dio lugar al llamado ISTA Quality Assurance reconocido internacionalmente y adoptado por todos los laboratorios acreditados del mundo que emiten Certificados Internacionales de Ensayos de Semillas ISTA. A partir de la real implementación del Sistema, se ha obtenido una mejora en los procesos técnicos y administrativos, en la capacitación del personal y en el uso de los recursos disponibles.

Programa: Atención al Estado de Emergencia por Inundaciones

En el Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por  las Inundaciones PROERZAI – SAGPyA- Componente Agropecuaria- Préstamo BID 1118/OC-AR la SAGPyA es Coejecutor de la Componente de Infraestructura Agropecuaria, según el Convenio Nº 11/98 acordado entre SAGPyA y Jefatura de Gabinete de Ministros (23/9/98).

Dicho  programa se desarrolla como consecuencia del fenómeno de “El Niño”, ocurrido en 1998, cuando graves inundaciones afectaron el territorio y en particular las provincias de la región noroeste de la República Argentina. Tales circunstancias motivaron la gestión de un crédito de cooperación, para mitigar los efectos en las zonas afectadas por las inundaciones, así como para emprender la reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura que resultó dañada, y  establecer medidas de prevención para enfrentar situaciones similares.

En la  Subunidad Ejecutora del programa, se estudian, licitan y preadjudican obras que son coejecutadas con subejecutores provinciales, además se supervisa su ejecución así como también se controla su certificación y se realizan las recepciones definitivas ad referendum del Sr. Secretario de la SAGPyA, posteriormente se audita el mantenimiento de las obras terminadas.

La ejecución de las obras  PROERZAI se iniciaron en julio de 1999. En el transcurso de la primer etapa del programa se ejecutaron 32 obras, ubicadas en las provincias del Chaco, Corrientes, Santa Fe, Formosa y Córdoba.

Durante el año 2002, se realizó la recepción definitiva de 2 obras (1 en Córdoba y otra en Chaco) y se finalizó la ejecución de 3 obras, 2 en Chaco y 1 en Corrientes.

Asimismo, continúa la ejecución de 5 contratos que corresponden a 3 obras en Chaco y 6 obras en la provincia de Santa Fe, agrupadas en 2 contratos. En todos los casos, se inició la negociación de redeterminación de precios según el Decreto N° 1.295/02 y vinculados.

Se refrendaron las actas de Adjudicación y los respectivos Contratos de 2 nuevas obras ubicadas, una en Santiago del Estero y una en Chaco, ambas licitadas en el año 2001 y cuyo inicio está previsto para comienzos del 2003.  Por su parte, el programa abrió una segunda etapa de análisis de proyectos presentados por las provincias beneficiarias con la inclusión de Entre Ríos y Chubut. Asimismo, se analizaron 26 nuevos proyectos, de los cuales 7 fueron precalificados y elevados para obtener su aprobación.

Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor

La Secretaría de la  Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor tiene como objetivo principal efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la defensa de la competencia. Asimismo, debe entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios. En cuanto a la política de desregulación tiene como misión entender en la propuesta, seguimiento y control de aplicación de la política de desregulación en todos los ámbitos de la actividad económica, tanto en lo concerniente a la propia gestión de la administración, a las actividades del sector privado sujetas a regulación, así como también a la asistencia técnica en materia de desregulación en otras jurisdicciones.

En función de los objetivos de política, antes mencionados,  la Secretaría desarrolló las siguientes acciones:

• Se inició el seguimiento del mercado de la Medicina Prepaga, y  se continuó con las actividades de recopilación, sistematización y difusión de información relevante en los mercados de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones- AFJP, Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios, Créditos Prendarios, Seguros Automotores, Servicios Educativos Privados, Medicamentos.
  

• Se  realizó una investigación sobre las expensas pagadas en la ciudad de Buenos Aires, en relación a las características de los edificios involucrados. Los resultados del estudio se publican en Internet y en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires.
  

• Se brindó asistencia técnica y capacitación a gobiernos provinciales y municipales. Mediante el dictado de talleres y seminarios se coadyuvó al fortalecimiento institucional de las áreas dedicadas a la defensa del consumidor en las provincias, transmitiendo la experiencia recogida a nivel federal.
  

Programa: Definición de Políticas de Comercio Interior

A través de este programa se fomentó el desarrollo de mercados competitivos como también la defensa del consumidor.  En el primer caso se establecieron metas puntuales tendientes a mejorar la calidad y abaratar el acceso a la información publicando periódicamente precios claves de la economía, logrando un mejor funcionamiento del mercado de que se trate. Asimismo, se hicieron investigaciones de oficio en los mercados de expensas, servicios postales, transporte, leche e insumos hospitalarios entre otros; como así también se brindó asistencia técnica a las provincias con el fin de que éstas fomenten conductas competitivas en sus territorios.

En busca del segundo objetivo se intentó dar cumplimiento a las Leyes N° 22.802 de Lealtad Comercial, 19.511 de Metrología Legal y 24.240 de Defensa del Consumidor. Se continuó con los Tribunales Arbitrales de Consumo para resolver controversias que se suscitan en materia de relaciones de consumo.

A través de las metas físicas ejecutadas, se muestra a continuación el desempeño durante el período:

-en pesos y magnitudes físicas-

Los servicios de asistencia técnica a provincias presentaron un desvío,  respecto a lo programado, habiéndose asistido solamente a: Corrientes, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.

En cuanto a los subsidios a entidades de consumidores, se benefició a tres entidades más, con respecto a lo programado, debido a que a la fecha de realizar las proyecciones anuales dichas entidades no se hallaban inscriptas en el registro de Asociaciones de Consumidores de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor. Se efectuaron transferencias por la suma total de $217.499, a favor de las asociaciones de defensa del consumidor inscriptas, según el artículo 62 de la Ley N° 24.240.

El número de arbitrajes realizados por conflictos entre consumidores y empresas fue menor a la estimada, debido principalmente a una fuerte disminución en las denuncias recibidas. Tales denuncias se tratan en una instancia conciliatoria por medio de audiencias celebradas con la presencia de las partes. Las mismas pueden resultar en el acuerdo de las partes en conflicto, o bien, en la prosecución del sumario administrativo. En ese sentido, cuestiones propias del arbitraje hacen necesaria la realización de cuartos intermedios, provocando en consecuencia, que la resolución del caso lleve más tiempo que el previsto. Los sectores bancarios y de planes de ahorro previo rechazaron los pedidos de arbitraje solicitados por los consumidores.

Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición (Ley N°19.511 que persigue los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad), presentó un  desvío  respecto a lo programado que se originó,  básicamente, por una reasignación de personal hacia la realización de operativos de lealtad comercial ( control de precios en supermercados y comercios en general) y a la disminución de la importación de instrumentos de medición.

En cuanto a la instrucción de sumarios a empresas,  el cambio de la autoridad a cargo de la Dirección de Actuaciones por Infracción  y la complejidad de los casos a dictaminar provocaron que un determinado volumen de expedientes no hayan podido ser resueltos en el período analizado.

Las publicaciones tendientes a difundir la información relevada con el fin de hacer más transparente las transacciones y brindar mayor y mejor información a los consumidores pudieron realizarse sin inconvenientes (por internet). Esta actividad resulta ser de gran importancia a la hora de lograr mercados más competitivos.

Programa: Defensa de la Libre Competencia y el Consumidor

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, es el órgano creado por la Ley Nº22.262 para asegurar que, en los mercados no regulados, las conductas anticompetitivas sean investigadas y sancionadas con independencia y solvencia profesional, garantizando el correcto funcionamiento de los mercados y la libre competencia. En procura de esos objetivos la Comisión Nacional durante el año 2002 desarrolló sus servicios según se detalla a continuación:

-en pesos y magnitudes físicas-

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado. La  promulgación de la Ley N° 25.156 instauró el control previo de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones), siendo este uno  de sus objetivos fundamentales.

Las audiencias públicas fueron proyectadas para el caso en el que el interés económico general y el propio de las partes lo amerite con la participación de denunciantes, damnificados, presuntos responsables, testigos y peritos para optimizar la resolución de conflictos. Durante el año 2002 en ninguno de los casos analizados fue necesario, razón por la cual se produjo el desvío observado.

A partir del dictado del Decreto N° 396/01 que cambió el sistema de control respecto a las concentraciones económicas, la Comisión Nacional pudo abocarse con mayor intensidad al estudio de ciertas investigaciones y denuncias. De allí el aumento respecto a lo programado de estudios de mercado y auditoría a empresas. Los principales sectores analizados fueron: TV por cable, siderurgia, cemento, transporte de pasajeros, GNC, GLP fraccionado en garrafas, estaciones de servicio y alquileres de temporada. El elevado caudal de expedientes en trámite relacionados con fusiones y concentraciones económicas fue el motivo por el cual  se atrasó la realización de dictámenes complejos. Además, coadyuvó la complejidad de los mercados investigados y la envergadura de las unidades económicas que intervinieron. Asimismo, en forma adicional al análisis de fusiones y adquisiciones  se incorporó el análisis de opiniones consultivas y de diligencias preliminares, lo cual requirió de una reorientación de recursos  humanos a la resolución de los mismos.  Entre los casos analizados se destacan: Cervecería  y Maltería  Quilmes- CCBA (Brahma), Bayer AG. Aventis y  Fexis- LAPA.

Debido a las características propias de los nuevos casos analizados por defensa de la libre competencia y del consumidor, se requirió de un mayor número de auditorías a las empresas a fin de poder dictaminar al respecto.  Asimismo, durante el cuarto trimestre debieron incrementarse dichas auditorías debido al impulso dado en la investigación de casos antimonopólicos.

Secretaria  de la Pequeña y  Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Programa: Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa

La misión de la Secretaría es asistir,  diseñar, implementar y supervisar  acciones conducentes a lograr mayor competitividad de las unidades productivas pequeñas de todo el ámbito nacional.  Dicho propósito se complementó con la promoción del empleo sustentable a través de programas productivos.

El crédito vigente asignado para el ejercicio fiscal fue de $13,3 millones del que se devengaron $ 7,5millones.

Debido a que el programa no cuenta con metas físicas se detallan a continuación las tareas realizadas  durante el 2002.

a) Coordinación de Programas Sectoriales:  es el área encargada de diseñar y aplicar acciones que fortalezcan a los distintos sectores productivos, de acuerdo con sus necesidades, debilidades y fortalezas. Se basa en tres ejes principales:

• Cadenas de Valor: impulsa la estructuración de redes de proveedores y clientes PyMEs de grandes empresas; promueve acuerdos y alianzas estratégicas de los participantes de la Cadena de Valor para desarrollar eslabones ausentes, el empleo, la asociatividad y lograr mayor competitividad.
  

• Articulación Exportadora: establece y promueve estrategias asociativas (consorcios de exportación, articulación entre grandes empresas y PyMEs vinculadas, coordinación entre diversos organismos de gobierno, tutorías exportadoras, etc.) para promover la presencia de las PyMEs argentinas en los mercados externos.  A partir de las 329 empresas que participan, se conformaron 36 grupos exportadores, en rubros que van desde muebles y pieles de chinchillas hasta autopartes o curtiembres y se lograron ventas por u$s 33.961.607.  Se realizaron 4 misiones comerciales ( 2 a Brasil, 1 a Bolivia y 1 a España) y se lograron ventas por un valor de u$s 1.577.700.
  

• Estudios Sectoriales de Base: desarrolla y estimula estudios de base para perfeccionar la aplicación de los distintos instrumentos y herramientas de la Secretaría en los sectores productivos. En particular, está desarrollando análisis sectoriales de cada una de las cadenas de valor en marcha y obteniendo datos de base para los programas de articulación exportadora.
  

b) Coordinación de Programas Territoriales: sus acciones las realiza a través de:

• Desarrollo Local: apunta a fortalecer las acciones que ya estén en marcha en cada lugar y, a su vez, generar instancias de planificación que fortalezcan el perfil de desarrollo de cada territorio.  Promueve la conformación de agencias de Desarrollo Regional con participación de los gobiernos locales y actores privados y articula con las gerencias de empleo de modo de ofrecer una  sola ventanilla de promoción de la actividad productiva en las provincias y municipios.
  

• Economía Informal y Microemprendimientos: trabaja con el sector de la base empresarial de las PyMEs, encuadrado en la microempresa y la economía informal, a través de los siguientes lineamientos: acciones sobre la economía informal y el trueque; promoción del asociativismo y cooperación con municipios. En particular, existe un programa de cooperación muy avanzado con Lomas de Zamora, La Matanza y Moreno.
  

c)  Coordinación de Protección, Asistencia y Formación: atiende y articula la problemática cotidiana de las PyMEs en tres planos perfectamente diferenciados:

• El de los ilícitos, en todos los órdenes de la actividad productiva, de servicios o comercial, en los que el interés de las PyMEs se vea  afectado.
  

• El de la gestión ante organismos públicos y privados, flanco débil de las empresas PyMEs, en defensa de sus legítimos intereses.
  

• El de la capacitación de las PyMEs, a través de un sistema de crédito fiscal y un programa federal de capacitación productiva, a cargo del área de Formación PyMEs.
  

d)     Coordinación de Comunicación y Medición de Resultados: establece políticas de difusión de las actividades de la Secretaría, al tiempo que desarrolla mecanismos de comunicación permanente con los diversos actores productivos y/o sus representantes en todo el país. Asimismo, encara mecanismos de evaluación particulares para medir los resultados obtenidos en la gestión. Entre las principales acciones se destacan:

• Producción y distribución de la Revista mensual “Tiempo de Crecimiento”, en donde se difunden las actividades y acciones de la SEPyME, junto con los libros de la Colección “Empleo y Producción PyME”. 
  

• Producción, diseño, puesta en el aire y mantenimiento de contenidos de la Página Web de la SEPyME. Respuesta a las consultas que llegan a través de la página web. Cantidad de consultas mensuales: 300 promedio.
  

e) Centro de Promoción del Financiamiento Productivo: articula las medidas necesarias para facilitar el acceso de las PyMEs a las líneas de crédito nacional e internacional, de instituciones financieras públicas y privadas.

• Crédito fiscal: las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar, una vez aprobado el proyecto de capacitación, dichas erogaciones a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo de la AFIP ( IVA y Ganancias). Se realizaron dos convocatorias para la presentación de proyectos de capacitación con el fin de adjudicar un monto de reintegros por $12.000.000. En la primera convocatoria (junio-agosto2002) se presentaron un total de 730 proyectos por un monto de $17.968.876 de los cuales quedaron 447 proyectos pasibles de asignación por un monto total de $9.182.522.
  

Del total antes mencionado, por Resolución SEPyMEyDR Nº 635 de  octubre de 2002 se asignaron un total de 354 proyectos por un monto de $7.998.328 distribuidos de la siguiente manera:

Por Sector Económico

Por Región

En la segunda convocatoria (septiembre-noviembre 2002) se presentaron 786 proyectos por un monto de $16.708.248.

Con fecha 31 de diciembre de 2002 se publicó la Resolución SEPyMEyDR Nº 804 donde se asignan 162 proyectos de capacitación por un monto de $4.001.162 quedando 350 proyectos por un importe de $6.344.860 que serán asignados con la partida presupuestaria del 2003.

Proyectos asignados:

Por Sector Económico

Por Región

• Consejeros empresarios para la reconversión: es un servicio de asesoramiento gratuito destinado a las personas físicas, titulares o gerentes que formen parte de micro, pequeñas y medianas empresas, que deseen iniciar un emprendimiento productivo o se encuentren ejecutándolo y soliciten el servicio.
  

• Apoyo a la reestructuración empresarial: el objetivo es lograr una mayor capacidad de gestión, aumento de competitividad y mejor inserción en los mercados. Así como, fomentar la formación y puesta en marcha de proyectos asociativos, especialmente aquellos correspondientes a encadenamientos productivos de carácter regional. Se cofinancia, mediante aportes no reembolsables, hasta el 33% de la inversión que las empresas  realicen  en el caso de proyectos de desarrollo empresarial y hasta 50% en proyectos de desarrollo  asociativo.
  

• Sociedades de garantía recíproca (SGR): es una estrategia asociativa entre PyMEs y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. En el transcurso del año 2002 se autorizaron 9 SGR y una se constituyó, restando aún su autorización por parte de la Secretaría. Las 9 SGR otorgaron avales por $1.029.167.176.
  

• La Secretaría PyME, contribuyó a crear  en el año 2000 el Programa de Estímulo al Crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas,  con el objeto de mejorar las condiciones de acceso al crédito del sector, a través de la bonificación  en 3 puntos en la tasa de interés. Dichas acciones dieron como resultado, los años anteriores, el otorgamiento de 1406 créditos por un monto de $57,7 millones.  No obstante, en el transcurso del año 2002 no se otorgaron nuevos créditos, quedando sólo la ejecución de aquellos remanentes.
  

• Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): consiste en el llamado a concurso para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser   creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. El destino del crédito es la financiación de inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios que a juicio del Fiduciario y del banco sean técnica, económica y financieramente viables. Las tasas de interés son fijadas oportunamente por los bancos, guardando relación con las tasas de mercado y en armonía con la legislación y las normas vigentes emanadas del BCRA. Debido a que el llamado a concurso realizado en el primer semestre del año resultó desierto, se dispuso un segundo llamado que finalizó el 29 de octubre del año 2002 y al 31 de diciembre no se otorgó crédito alguno.
  

• Crédito Italiano: el Gobierno italiano a través de la Secretaría PyME, otorgará préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y  consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de  devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima estimada en el 5,2 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Economía, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Producción) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de  trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. En la primera etapa se recibieron proyectos por euros 250 millones y se financiarán proyectos por euros 12,5 millones.
  

• Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME): fue creado por la Ley 25.300, y su objeto es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, hasta el 25 %, a las micro pequeñas y medianas empresas y formas asociativas, a fin de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las mismas. La administración del Fondo está a cargo de un Comité de Administración integrado por dos representantes (titulares y alternos) del Ministerio de Economía, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior y Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
  

Comisión Nacional de Comercio Exterior

Programa: Análisis y Regulación de la Competencia

La Comisión Nacional de Comercio Exterior  (CNCE) fue creada en 1994 como respuesta a los requerimientos de la creciente integración de la Argentina en la economía internacional. Este organismo  tiene por objetivo conducir las actividades de análisis y regulación en la determinación de los efectos de la competencia comercial internacional sobre la producción nacional, bien sea como autoridad de aplicación de la legislación sobre la materia o como órgano asesor de la Secretaría de Industria Comercio y Minería .

Las actividades desarrolladas durante el año 2002 permitieron continuar con la actualización del relevamiento, sistematización e incorporación  a la base de datos de la CNCE, de las  Barreras a las Exportaciones Argentinas impuestas por otros países que integran el NAFTA y la Unión Europea, incorporándose también la información correspondiente a Chile y Paraguay, países integrantes de la ALADI. Asimismo, se realizó el relevamiento correspondiente a los subsidios otorgados a sus productos por parte de los países que integran la Unión Europea.

Entre otras tareas realizadas se encuentran el asesoramiento y la elaboración de informes,  correspondientes a los casos que tiene la Argentina en el exterior, participando en las reuniones de consulta y audiencia.

Durante el año 2002 recibió 6 nuevas solicitudes de investigación, que se suman a las 184 que fueran presentadas desde su creación.  De las presentaciones recibidas, 2 correspondieron a solicitudes de revisión de derechos antidumping definitivos, 1 tendiente a la aplicación de una medida de salvaguardia, 1 de salvaguardia ATV ( Acuerdo sobre Textiles y el Vestido), 1 tendiente a la aplicación de una medida antidumping y la restante correspondió a un análisis sectorial y de impacto de importaciones. Durante el ejercicio fiscal analizado, efectuó 3 determinaciones acerca de la existencia de producto similar de origen nacional y 10 análisis de procedencia de apertura de investigación, desde el punto de vista del daño causado por las importaciones y 9 determinaciones de relación de causalidad previa a la apertura.

Asimismo, se efectuaron 10 determinaciones preliminares de daño, de las cuales 5 resultaron positivas, 2 con determinación positiva para algunos orígenes y negativa para otros dentro de la misma investigación y 3 con recomendación de continuar la investigación sin aplicación de medidas provisionales; 11 determinaciones de relación de causalidad preliminar, 8 de las cuales fueron positivas, 2 con determinación positiva para algunos orígenes y negativa para otros dentro de la misma investigación y la restante con recomendación de continuar la investigación sin aplicación de medidas provisionales. También se realizaron 19 determinaciones finales de daño, 18 de ellas positivas y la restante negativa; y 23 determinaciones de causalidad final, de las cuales 17 fueron positivas y 6 negativas.  De igual modo, se  llevaron a cabo 5 análisis de acuerdos de precios.