Durante el año 2002 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Coordinación ejecutiva de las actividades establecidas en el cronograma de formulación del Presupuesto Plurianual 2003-2005.
  

• Análisis de los anteproyectos de presupuesto de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional y confección final del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2003, el cual fue presentado al Honorable Congreso de la Nación conforme a los plazos previstos.
  

• Preparación del informe de avance sobre la formulación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2003, elevado al Honorable Congreso de la Nación según los plazos establecidos.
  

• Elaboración del Presupuesto Plurianual 2003-2005, elevado al Honorable Congreso Nacional en diciembre de 2002.
  

• Elaboración del Presupuesto 2002 de la Administración Nacional en la parte perteneciente a las empresas y sociedades del Estado, entidades financieras y entes binacionales.
  

• Elaboración del Presupuesto Consolidado del Sector Público para el año 2002, según lo establecido por el artículo 55 de la Ley N° 24.156.
  

• Confección el capítulo correspondiente a la Evaluación Anual de Resultados de la Gestión Gubernamental de la Cuenta de Inversión para el ejercicio presupuestario 2001, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 24.156. Este documento, presentado al Honorable Congreso de la Nación, contiene los comentarios sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el presupuesto para los programas de la Administración Nacional.
  

• Colaboración en la implementación de los programas de emergencia social, proveyendo propuestas y soluciones desde la gestión administrativo-financiera, a fin de obtener el financiamiento presupuestario de dichos programas prioritarios.
  

• Participación en los equipos técnicos que mantuvieron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
  

• Programación de las cuotas de compromiso y devengado, y análisis y elaboración de dictámenes sobre proyectos de modificaciones presupuestarias que, en un contexto financiero altamente restrictivo, favorecieron la coordinación de la ejecución global del gasto de la Administración Nacional de forma sustentable en el mediano plazo, y compatible con las prioridades de política social establecidas para 2002.
  

• Capacitación de 1.061 funcionarios de la Administración Pública Nacional y de países de América Latina y del Caribe, a través de 66 actividades realizadas durante el año 2002, con el apoyo del Centro de Capacitación y Estudios perteneciente a la Secretaría de Hacienda.
  

• Facilitamiento a los ciudadanos y a los organismos de la Administración Nacional de la divulgación, utilización o consulta de aplicaciones informáticas, actos administrativos, manuales de usuario e información fiscal, utilizando el correo electrónico como medio de comunicación y la página de Internet como medio de publicación.
  

• Experiencia exitosa de la modalidad de elaboración descentralizada del anteproyecto de presupuesto, accediendo la institución por Internet y remitiendo el mismo sin papel con firma digital certificada.
  

• Desarrollo del sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto, desde donde se accede en forma pública a toda la información generada a partir de los registros presupuestarios y a los informes confeccionados periódicamente, a los efectos de aumentar la transparencia fiscal.  En el mismo sentido, se dio continuidad a la atención del sitio de consulta para el ciudadano.
  

2. Generación y Análisis de Información Financiera: dicha actividad se encuentra a cargo de la Contaduría General de la Nación.
   

Entre las actividades realizadas durante el ejercicio bajo análisis, pueden destacarse:

• Elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2001, que incluyó la incorporación de transacciones validadas con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), el análisis de la deuda pública, el análisis de la consistencia de los estados contables de los organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, universidades, empresas y sociedades del Estado, y la elaboración de los estados contables de la administración central a dicha fecha.
  

• Revisión metodológica permanente y ajuste de los manuales básicos del SIDIF, así como la elaboración de procedimientos relacionados con la operatividad del sistema.
  

• Revisión permanente de la operatoria relacionada con la reingeniería del SIDIF Central, como asimismo en lo inherente a la implantación del Sistema Local Unificado de Información Financiera (SLU).
  

• Desarrollo y evaluación de un Sistema de Contabilidad que permita integrar a todo el Sector Público Argentino.
  

• Implementación del Sistema de Administración y Registro de Bienes del Estado Nacional (SABEN) y confección de sus respectivos manuales tanto para bienes inmuebles (de dominio privado del Estado Nacional) como para bienes muebles y semovientes.
  

• Incorporación del sitio propio de la institución en Internet, a través del cual todo ciudadano cuenta con la posibilidad de formular consultas sobre información financiera además de acceder a diversos informes, lo cual representa un valioso aporte a la transparencia de la gestión gubernamental.
  

• Incorporación de cambios en el registro de transacciones del SIDIF central, reflejadas en: la profundización del análisis metodológico del rediseño de la matriz de contabilidad y del Plan de Cuentas de la Contabilidad General, para todos los organismos de la administración central; la consideración de un nuevo tratamiento para el registro de operaciones sin movimiento de fondos; la posibilidad de registrar en función de diferentes medios de percepción (títulos, documentos, etc.)
  

• Cumplimiento del plan de auditorías sobre el SIDIF Central, que incorporó el apoyo y control de los nuevos módulos de reingeniería.
  

• Implementación del ajuste por inflación de los estados contables, a  los efectos de reexpresarlos en moneda homogénea, con la correspondiente capacitación realizada en la materia tanto para organismos descentralizados como para universidades nacionales.
  

3. Programación y Administración de Ingresos y Pagos: la Tesorería General de la Nación, órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Nacional, realizó durante el ejercicio 2002 las tareas que le son atinentes dentro del marco de la Ley 24.156.  En tal sentido:
   

• Se concretó la administración del Sistema de Cuenta Única del Tesoro a través de los módulos de recursos, programación y pago, cubriendo las fases financieras y de registro.  Para ello contó, entre otras herramientas, con el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, interviniendo en su ejecución a través de las cuotas asignadas en consonancia a los créditos presupuestarios devengados.
  

• Se elaboraron las proyecciones de programación financiera para los distintos períodos en que opera dicha información, en base a datos propios y aquellos surgidos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
  

• Se llevaron a cabo las registraciones de los débitos y créditos en las cuentas bancarias y cuentas escriturales, reflejando los ingresos y egresos de acuerdo a los lineamientos y normativas vigentes para cada módulo.
  

• Se ejecutaron los pagos de acuerdo a los procedimientos vigentes, a través de los agentes financieros vinculados al Sistema de Cuenta Única del Tesoro y el Banco Central de la República.
  

• Se coordinaron  los aspectos funcionales y de desarrollo del Sistema Local Unificado, participando en la instalación del mismo en distintas reparticiones de la Administración Nacional. Asimismo, se inició la instalación del Sistema de Boleta Única de Ingresos en los organismos pilotos seleccionados, dando comienzo a su operación.
  

• Participó en el análisis y propuestas sobre aspectos normativos y de procedimiento, permitiendo concretar registros y trámites inherentes a operaciones que se ejecutan a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).
  

• Se realizaron acciones destinadas al cobro de fondos según se dispuso en las respectivas normas legales, como así también para el reintegro de anticipos realizados por el Tesoro Nacional.
  

• Se continuó con mejoras en el parque informático y la actualización del sitio en Internet, que contiene información institucional e indicadores de gestión financiera.
  

• Se prestó preferente atención al impacto de las acciones realizadas en relación a las demandas específicas, particularmente aquellas que se derivan del carácter organizativo de la repartición, brindando oportunidades de capacitación y perfeccionamiento al personal.
  

4. Instrumentación de la Política Salarial para el Sector Público:
   

El nivel de desarrollo registrado por esta actividad durante el ejercicio presupuestario 2002, permitió alcanzar las acciones y objetivos propuestos por la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, interviniendo en las distintas propuestas de modificación estatutaria, escalafonaria o convencional.

Asimismo, se logró el mejoramiento organizativo y operativo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, mediante la puesta en marcha de la base de datos que procesa y ordena la información existente relacionada con oficios judiciales, dictámenes y notas técnicas vinculadas con la interpretación y aplicación de la política salarial dispuesta para el Sector Público.

Con relación al Registro de Entidades participantes del régimen de deducción de haberes creado por Decreto Nº 691/2000, se continuó con la inscripción de entidades solicitantes y la interpretación sobre la aplicación de los códigos.

En cuanto a la centralización y coordinación de la base ocupacional y salarial del Sector Público, la misma ha permitido disponer de un sistema estabilizado, con prestaciones en los aspectos señalados, mediante la explotación de los datos de la mencionada base y difundido a través de publicaciones en el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda, en Internet.

5. Coordinación Informática de la Administración Financiera:
   

Se desarrollaron las siguientes actividades:

• Registro de  1.102 requerimientos para el SIDIF Central, logrando un nivel de resolución del 82,88%.
  

• Reingeniería total de módulos claves del SIDIF Operativo, cumpliendo con las actividades de análisis global y detallado, construcción, control de calidad de construcción, prueba de aceptación de usuario, entre otras.
  

• Armado de equipamiento, instalación de software de base y aplicativo; soporte al grupo de réplica desde el período de capacitación hasta el fin del acompañamiento en el servicio administrativo financiero.  En el período se realizaron 6 réplicas de SIDIF SLU.  Para el SIDIF de administración central se registraron 750 requerimientos, logrando un nivel de resolución del 89,49%.  Para el SIDIF de organismos descentralizados se registraron 488 requerimientos, con un nivel de resolución del 89,49%.
  

• Implantación de la nueva versión del sistema de comunicaciones TRANSAF, brindando atención a usuarios y mantenimiento del sistema.  Se implementó en 30 organismos, logrando una reducción de costos del 90% e importantes mejoras funcionales y de seguridad.
  

• Se asistió técnicamente al personal informático de los organismos rectores responsables de diversos sistemas relacionados con el SIDIF Central, tales como el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), el Sistema de Contratación de Bienes y Servicios (SICON) y el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN).  Se registraron 1.234 requerimientos en el año, logrando un nivel de resolución del 99,76%.  Se brindó asistencia técnica a todas las oficinas de la Secretaría de Hacienda en todo lo referente a la óptima utilización de los recursos micro informáticos, y se realizaron, directamente o a través de proveedor externo, servicios de mantenimiento de hardware y software, así como la instalación de nuevo equipamiento.
  

Programa: Programación Regional y Relaciones con Provincias.

A través de las Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (D.N.C.F.P.) se desarrollaron las siguientes actividades:

• Se mejoró la coordinación de los aspectos fiscales de la relación entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios, a fin de procurar la compatibilización con las cuentas públicas nacionales y el seguimiento y proyección de las cuentas públicas locales por medio de la instrumentación de un sistema de información fiscal y financiero provincial, evacuando reclamos y requerimientos por parte de los gobiernos provinciales y municipales.
  

• Se instrumentó el Programa de Financiamiento Ordenado, que permitió a las provincias contar con financiamiento para atender parcialmente los déficits financieros y fundamentalmente encauzar el comportamiento fiscal de las jurisdicciones hacia el equilibrio fiscal.  Se introdujeron, como novedad, las sanciones por los desvíos, respecto a las metas trimestrales comprometidas.  Se realizó un seguimiento de la situación y evolución de las finanzas de las 17 provincias firmantes de los convenios bilaterales.
  

• Se trabajó en forma permanente con las direcciones de Presupuesto y Rentas provinciales, realizando en forma conjunta las proyecciones fiscales, de las provincias que ingresaron al Programa de Financiamiento Ordenado. Las jurisdicciones, a su vez, contaron con la información y las proyecciones permanentemente actualizadas de los recursos de origen nacional.
  

• Con respecto al desarrollo de un sistema de información fiscal y financiera provincial, se lograron avances con relación a la regularidad y disponibilidad de la información, ampliando, de esta manera, la base de datos. Sin embargo, en algunos casos la información que producen las provincias no es compatible con los esquemas de presentación utilizados en el ámbito nacional, motivo por el cual debió desarrollarse una tarea de adecuación de la información a efectos de su homogeneización y consolidación.
  

• Se continuó con el seguimiento y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de coparticipación o de regímenes especiales de transferencia de recursos nacionales a provincias. En este aspecto se  trabajó con datos de la distribución realizada por el Banco de la Nación Argentina, efectuándose un registro y control de dichas transferencias.
  

• La recaudación de impuestos nacionales cancelados con títulos públicos nacionales provocó, a partir de marzo de 2002, un desfasaje entre los niveles de recaudación y la distribución a los distintos partícipes del Régimen de Coparticipación Federal.  En este aspecto la D.N.C.F.P. participó tanto en la elaboración de la normativa para implementar el proceso de regularización como en la determinación de dichos montos.
  

• El análisis del endeudamiento provincial, se llevó a cabo siguiendo el stock de deuda de cada jurisdicción; su impacto en las finanzas públicas provinciales; los flujos de amortización y proyecciones de servicios; la evolución de las afectaciones teóricas de coparticipación federal como forma de pago y garantía, permitiendo observar los niveles que cada jurisdicción tiene comprometidos con relación al total de recursos provinciales.
  

• Intervención en el Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial en virtud del rol de agente coordinador que la D.N.C.F.P. mantiene con las 18 jurisdicciones que presentaron sus deudas al canje.
  

• En cuanto a los programas de cooperación y asistencia nacional e internacional, bilaterales y multilaterales, en apoyo a las políticas y acciones fiscales, económicas y financieras de las provincias, si bien durante el año 2002  el Programa de Préstamos para la Reforma Provincial  y el Programa de Apoyo al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal no registraron desembolsos, sí hubo continuidad en el seguimiento y monitoreo de las condicionalidades de las metas, y se avanzó en la discusión con los organismos internacionales en la definición de nuevas pautas.
  

• Se elaboraron las proyecciones y estadísticas provinciales fiscales, financieras y monetarias (cuasi-monedas), utilizadas en las  negociaciones entre los organismos internacionales y la Nación, así como en las discusiones técnicas y de lineamientos de trabajo, con el objetivo de llegar a un acuerdo que posibilite el acceso al financiamiento.
  

Por su parte, la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (D.N.P.E.R.) llevó a cabo las siguientes tareas:

• Se participó en la ejecución del programa “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos”, que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.  El programa está orientado a formular e implementar en el ámbito de las provincias de menor desarrollo relativo, políticas públicas tendientes a promover un crecimiento económico sostenible, ambiental y socialmente sustentable. Asimismo, tiene el propósito de ampliar y fortalecer las capacidades técnicas y operativas del tejido institucional público y privado a fin de asegurar una actuación más eficiente y efectiva de las instituciones del Sector Público Provincial vinculadas con el desarrollo productivo, a los efectos de promover el desarrollo empresarial competitivo.  Para su ejecución se seleccionaron ocho provincias -elegidas del total que admite el Programa- de menor desarrollo relativo pertenecientes a las distintas regiones del país: San Luis (Región Cuyo), Entre Ríos (Región Pampeana), Misiones (Región NEA), Chubut  y Tierra del Fuego (Región Patagonia), Salta, Catamarca y Santiago del Estero (Región NOA).  A lo largo del ejercicio, se diseñaron metodologías para ser implementadas en el proceso de fortalecimiento provincial y se relevó la información básica que integra los diagnósticos referidos a la situación económico-social e institucional de las provincias referidas.
  

• Se actualizaron los diagnósticos de las siguientes provincias: Entre Ríos, La Pampa, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Formosa, Neuquén, Río Negro, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Jujuy, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Catamarca, Córdoba, La Rioja y Mendoza.  Dichos informes (entre otros) fueron difundidos a través de Internet. 
  

• Se elaboraron trabajos cuyo propósito es contribuir a la determinación del potencial productivo regional, su dinamismo y los efectos de los cambios previstos para los próximos años en las distintas regiones del país. 
  

• Se amplió la base de información sobre las empresas y actividades donde se realizaron inversiones durante los últimos años, utilizando información nacional y provincial, del sector público y del privado. Las inversiones realizadas fueron identificadas geográficamente a nivel departamental y municipal.
  

• Se realizaron diversas tareas relacionadas con el Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo al Entorno Productivo de las provincias de menor desarrollo relativo (BID FAPEP 1353/OC-AR).  El mismo tiene el objetivo de ampliar y fortalecer las capacidades técnicas y operativas del tejido institucional del sector público y privado y ejecutar proyectos de inversión innovadores, capaces de superar los límites existentes al desarrollo productivo sustentable de las provincias de menor desarrollo relativo.
  

• Cabe destacar que se verificó un cumplimiento holgado de las metas comprometidas en materia de reducción del déficit consolidado, avanzando en el cumplimiento de los objetivos de mediano plazo que, a través de un cronograma de metas fiscales de déficits decrecientes, consensuado con cada una de las provincias firmantes del Convenio de Asistencia Financiera, apunta a alcanzar el equilibrio fiscal en el 2005 como fecha máxima.
  

Programa: Administración de la Política Tributaria.

El programa de la Subsecretaría de Ingresos Públicos tiene como objetivo la administración de la política tributaria.

Las tareas se concentraron en los proyectos de leyes, decretos y resoluciones elaborados durante el ejercicio 2002, el asesoramiento prestado a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y las colaboraciones realizadas al Poder Legislativo, así como las representaciones llevadas a cabo en organismos internacionales.

Secretaría de Comunicaciones

Programa: Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones.

Este programa busca proponer un marco regulatorio y supervisar su cumplimiento mediante la elaboración, establecimiento y ejecución de las políticas y reglamentaciones referidas a las telecomunicaciones, informática, Internet, comercio electrónico y actividades postales, facilitando el cumplimiento de las mismas.  Asimismo, ejerce las funciones de autoridad de aplicación de las leyes y normas que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia, y representa a la República Argentina ante los organismos y entidades internacionales de telecomunicaciones, postales, informática, Internet y comercio electrónico, coordinando la participación del sector privado en los mismos cuando corresponda.

Entre los principales temas en los que tuvo intervención la Secretaría, pueden mencionarse:

1. Política tarifaria: con la colaboración de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se llevaron a cabo tareas de soporte técnico a la Comisión de Renegociación de Contratos, creada por el decreto Nº 293/02 para asistir al Ministerio de Economía en este proceso.
   

2. Política regulatoria: entre los temas relativos a la regulación, pueden indicarse:
   

• Reglamentación de la Selección por Marcación: la puesta en marcha de este instrumento brinda al usuario mayor libertad de elección en cada llamada de larga distancia, lo cual mejora la competencia en el mercado de comunicaciones.
  

• Método para la determinación del Valor de Referencia de la Terminación en Redes Móviles (TLRD): se aprobó este mecanismo, fijando valores de referencia para las llamadas entrantes a los clientes del servicio celular, que en su mayoría se originan desde clientes de telefonía fija.  Al considerarse inconveniente que los prestadores móviles determinen el costo de dichos llamados originados en clientes ajenos, se propuso este método basado en el precio que las prestadoras cobran a sus propios clientes en las llamadas salientes, que fue finalmente aprobado por Resolución ME Nº 623/02.
  

• Se introdujeron modificaciones en el tratamiento a las llamadas originadas en el exterior destinadas a teléfonos móviles.
  

• Servicio Universal: se procedió a reimpulsar el proceso que permita la efectivización de este servicio, sobre la base de distintas acciones conforme el Reglamento General del Servicio Universal, aprobado por el Decreto Nº 764/00.  Mediante un cargo adicional a los usuarios de las áreas rentables normalmente en competencia, se subsidian o compensan las pérdidas de la telefonía básica en las áreas no rentables, generalmente reguladas.
  

• Depuración del espectro radioeléctrico: con la decisión de declarar la caducidad de más de 1.800 autorizaciones para el uso de frecuencias, se prosiguió con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, a fin de otorgarle transparencia a los mecanismos y procesos por los que se rige la administración, gestión y control de este recurso. En sucesivas ocasiones, se concedieron oportunidades para que los usuarios de esas frecuencias regularicen su situación, mediante el pago de los correspondientes aranceles y derechos. Cumplido el plazo establecido se procedió con la baja de las autorizaciones que se encuentran actualmente en estado de morosidad y con la inhabilitación por cinco años para obtener una nueva. Asimismo, se instruyó a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que prosiga con las gestiones necesarias para obtener la cancelación de las sumas adeudadas por estas empresas y verificar el efectivo cese de las emisiones de las mismas.
  

• Subasta de frecuencias: se indicaron una serie de valores de referencia que permitieron utilizar el mecanismo de subasta para la asignación del espectro, aplicándose por primera vez un criterio relacionado con la densidad poblacional, reflejándose de esa manera las distintas realidades socioeconómicas del país.  Esta medida permitió que se comience el ejercicio 2003 sin solicitudes pendientes de asignación.
  

3. Política internacional: el objetivo fundamental fue lograr que la Argentina sea partícipe de las decisiones políticas que se adoptan en el ámbito regional y mundial de los organismos internacionales de comunicaciones y afines a los mismos.  En este sentido, se desempeñaron funciones en organismos tanto a nivel regional (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y grupos de trabajo del Mercosur) como a nivel mundial (Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Grupo de Trabajo sobre Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000 de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, Equipo de Proyecto de Transición del Grupo de Acción Gastos Terminales y Grupo de Planificación Estratégica de la Unión Postal Universal).
   

4. Comisión Nacional de Comunicaciones:  el organismo fue intervenido por Decreto Nº 521/02 en marzo del año 2002.  Se fijó como prioridad el proceso de reestructuración interna, para lo cual se creó un grupo de trabajo abocado al tema.  El mismo tuvo como tarea inicial la selección de proyectos a emprender, que fueron: reingeniería de procesos, sistema informático integrado, optimización de bienes y servicios, organización de Internet, organización del Centro de Información Técnica, reingeniería del Centro de Atención al Usuario y modificaciones al régimen de facturación.
   

5. Concesión del Correo Oficial: la situación conflictiva preexistente con el concesionario del Correo Argentino SA., motivó su exclusión de la Comisión de Renegociación de Contratos creada por el Decreto Nº 293/2002. Por Decreto Nº 1534/2002 se estableció una comisión para la renegociación del citado contrato, cuya tarea se encuentra en curso mediante el estudio de una presentación efectuada por el concesionario. A su vez el Poder Ejecutivo Nacional habilitó el tratamiento de diversos proyectos de Régimen Regulatorio Postal que están en trámite en el Congreso durante las sesiones extraordinarias del periodo 2002/03.  La Secretaría de Comunicaciones realizó un conjunto de acciones tendientes a preservar los derechos del Estado Nacional y cumplir con las obligaciones que le son propias en tanto su calidad de concedente. Entre las mismas, pueden citarse: intimación al concesionario por no pagar los cánones, intervención en el concurso preventivo del mismo, etc.
   

6. Programa Sociedad de la Información:  durante el primer semestre del año 2002 se realizó un pormenorizado informe de cada una de las iniciativas del programa, con el fin de evaluar su estado.  Como resultado de este análisis se observó que, como consecuencia de las tensiones institucionales a las que fue sometido el programa durante los años 2000/2001, se produjeron problemas con la disponibilidad de recursos, debilidad para llevar a la práctica los proyectos ideados y sus respectivos objetivos y una significativa falta de articulación entre los mismos proyectos del programa y con otros organismos estatales, o iniciativas privadas.  Durante el año, se logró formular una política para tiempos de crisis, se establecieron las bases de cooperación con distintos organismos, se impulsó la presentación de 28 proyectos argentinos al Programa @LIS de la Unión Europea, cuyo objetivo es financiar proyectos que impulsen la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones en gobierno, educación, salud pública y desarrollo social.  Asimismo, para la lucha contra la barrera digital, se realizaron acciones en el marco de los programas Centro Tecnológico Comunitario, Bibliotecas Populares, Escuelas sin Frontera, Escuelas Rurales, Hospitales en Red, Civitas (Ciudades y Municipios Inteligentes).
   

Secretaría de Energía

Programa: Formulación y Ejecución de la Política Energética.

Las actividades a cargo de la Secretaría de Energía y Minería hacen al rol del Estado en el seguimiento del mercado eléctrico y en la determinación de los posibles escenarios de desarrollo del sector, desde una perspectiva abarcativa de la problemática energética.

La Secretaría de Energía, en particular, es la contraparte técnica de los acuerdos de carácter internacional que el gobierno argentino suscribe en el campo energético.  Los compromisos son de tipo múltiple, existiendo acuerdos de carácter bilateral y multilateral. 

Debe destacarse que, durante el año 2002, se firmó el Acuerdo de Cooperación Energética entre la Secretaría de Energía de la República Argentina y la Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos.  El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco general de referencia para que las partes lleven a cabo acciones de cooperación de interés mutuo en materia energética.

Área de Energía Eléctrica

La modificación del régimen cambiario requirió adecuar al nuevo contexto macroeconómico las normas dictadas por la Secretaría de Energía.  Tal adecuación, llevada a cabo mediante el dictado de normas parciales y transitorias, se tornó urgente y prioritaria en los aspectos vinculados con la sanción de precios en el mercado spot, la desagregación de los productos básicos que en éste se comercializan (la energía y la potencia disponible de las unidades generadoras) y la actualización de las reglas del mercado a término, permitiendo adaptar los contratos a las necesidades de cobertura tanto de riesgo financiero como de la entrega física de los productos ofertados ante restricciones al abastecimiento. 

De haberse mantenido sin adecuaciones la metodología vigente en algunas disposiciones, las eventuales variaciones de la tasa de cambio entre el peso y las monedas extranjeras podrían haber producido desajustes que tornaren irrepresentativos los valores de los costos que declararan los agentes generadores, poniendo en riesgo la sustentabilidad de su actividad y, consecuentemente, el suministro a los usuarios finales de todo el país.

Asimismo, resultó conveniente ajustar el sistema de estabilización de precios vigente mediante la introducción de licitaciones para la compra de energía estacional para descubrir costos/precios en el mercado spot del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),  acotar la volatilidad de precios en dicho mercado y reducir el riesgo de apartamientos sensiblemente significativos entre los precios spot horarios y los estabilizados.

Como consecuencia de la inadaptación del MEM, generada por la emergencia declarada por la Ley N° 25.561, resultó conveniente suspender transitoriamente hasta la readecuación del mercado, algunas señales económicas estrictamente de largo plazo, establecidas para la adopción de decisiones de ubicación y/o inversión en el sistema eléctrico.  Se procuró, además, establecer señales para que la demanda contara con los servicios de reserva necesarios para la garantía de suministro y calidad del servicio.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (C.F.E.E) lleva a cabo actividades que hacen a la administración y control de los fondos del sector eléctrico provincial, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes Nº15.336, Nº23.966 y Nº24.065. En este sentido se trabajó sobre el Reglamento del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, el Reglamento de Aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), el Reglamento de Aplicación del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) en obras, auditorías técnicas y administrativas, estudios para la revisión de los índices repartidores, la presentación institucional en Internet, conexión en tiempo real con las jurisdicciones provinciales y la elaboración de un anuario.

Se brindó asesoramiento y consultoría al Poder Ejecutivo de la Nación, a las provincias en las cuales se efectuó la privatización del servicio, a los entes reguladores (en la capacitación necesaria para llevar adelante el modelo regulatorio actual). Asimismo, se desarrollaron programas de capacitación y actualización para los consejeros representantes de las jurisdicciones provinciales.  También se participó en diversos eventos referidos al sector eléctrico.

Durante el año 2002 se aprobaron 72 obras del FEDEI, distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ascendiendo el total aprobado a $115,8 millones. En cuanto a los préstamos otorgados durante el año sumaron $1,8 millones y fueron repartidos entre 7 beneficiarios pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y  Santa Fe.  Se aprobaron 36 préstamos que suman un total de $9,9 millones.

Los recursos transferidos a provincias, provenientes de fondos específicos, fueron predominantemente aplicados a programas de electrificación rural,  obras de distribución urbana, subtransmisión y generación aislada.

En los últimos años algunas jurisdicciones están aplicando los recursos del FEDEI en obras de acceso al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en 500 kV. La parte de los recursos FEDEI destinada a préstamos se canalizó casi exclusivamente al sector cooperativo con destino a obras de electrificación rural y en menor escala a obras de distribución urbana.

En tanto, el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales se destinó a compensar diferencias de costos en los mercados eléctricos provinciales.  Cabe destacar que, debido a las estructuras físicas y comerciales de los mercados eléctricos provinciales en cuanto al grado de dispersión y utilización de sus redes, la necesidad de prestar servicios en áreas aisladas o las dispares situaciones de vinculación con el Mercado Eléctrico Mayorista determinan la importancia de contar con un sistema de subsidios que permita nivelar las distintas realidades regionales.  Sin los recursos recaudados por los fondos específicos que se transfieren a las jurisdicciones provinciales, las mismas deberían enfrentarse a la disyuntiva de incrementar sus tarifas, reducir su calidad de servicio o mantener vastos sectores de la población sin los beneficios de la electrificación.

Durante el año 2002 se transfirieron a las provincias $104,2 millones en concepto de FEDEI, y $98 millones por el FCT.  Según el monto transferido, pueden destacarse las provincias de Catamarca, Chubut, Formosa, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Con respecto al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) Préstamo BIRF 4454-AR/Donación GEF TF20458-AR, el mismo busca asegurar el suministro eléctrico básico (iluminación y comunicación social) a más de 70.000 viviendas rurales y aproximadamente 1.000 servicios públicos, alejados de los mercados abastecidos por redes. Dada la distribución espacial dispersa de la población rural, se prevé brindar la mayoría de los servicios mediante sistemas individuales a partir de energías renovables, localmente distribuidas.

Durante el año 2002 se realizaron diversas tareas, entre las cuales se señalan:

• Firma de acuerdos de asistencia técnica en las provincias de Buenos Aires y San Juan.
  

• Firma del convenio de participación en la provincia de Santiago del Estero.
  

• Adjudicación del Proyecto Eólico Piloto a la provincia del Chubut.
  

Cabe señalar, sin embargo, que muchas actividades planificadas para este año no pudieron llevarse a cabo debido a restricciones presupuestarias.  Entre ellas, pueden destacarse la cancelación del contrato para la compra de 750 equipos fotovoltaicos en Jujuy, la suspensión de diversos estudios de asistencia técnica, etc.

Area Combustibles

En el marco de las particularidades que presentó el año 2002 en cuanto a las nuevas condiciones en las que se desenvuelve la economía, la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos participó en el desarrollo e implementación de diversas políticas.  El subsidio a los consumos residenciales de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) para la zona sur del país y el Departamento de Malargüe (provincia de Mendoza) se encuentra enmarcado en el Decreto Nº 786/02, en cuya elaboración participó esa Dirección.  Entre otros aspectos, se aprueba a través del mismo el contrato de fideicomiso y establece los mecanismos de pago y control para la operatoria creada.  Entre las provincias beneficiadas puede destacarse a Chubut y Santa Cruz, cuyas distribuidoras y subdistribuidoras zonales recibieron, respectivamente, montos estimados de  $18,6 millones y $17,1 millones, desde la puesta en operación del régimen hasta diciembre de 2002.  Por otra parte, se firmó con los productores el Acuerdo de Estabilidad en el Precio Mayorista del Gas Licuado, logrando de esta manera que los mismos se comprometan a mantener estable el precio de venta del fluido a las empresas fraccionadoras, a pesar del impacto de la modificación del régimen cambiario sobre la evolución de los precios internos. Además, se acuerda el precio fijo de venta del fluido a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras.  Por otra parte, la Dirección colaboró en la elaboración de la primera etapa del Convenio de Estabilidad de Suministro de Gas Oil firmado con los productores de petróleo y refinerías, teniendo a su cargo la operatoria de la autorización y control de las compensaciones derivadas del mismo.  De esta manera, se busca atenuar el impacto de las condiciones económicas en el transporte público de pasajeros con tarifas reguladas.  Hasta el momento, se compensaron U$S 29,4 millones a las diversas empresas.

En el sector gasífero, las exportaciones de gas natural sufrieron una caída levemente superior al 10%, explicada por la declinación de los precios de algunas de las autorizaciones, aunque también por la caída de los volúmenes físicos con destino a Uruguay y Brasil.  El volumen exportado ascendió a 5.900 MM m³  (millones de m³).

La Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos interviene en todo el proceso de análisis de las solicitudes de autorización de exportaciones de gas natural y, posteriormente, en el seguimiento de la ejecución de los contratos. En este marco, corresponde mencionar que en el transcurso del año 2002 se incorporaron 6 nuevas autorizaciones.  Otro aspecto importante a destacar es la finalización durante el año 2002 del gasoducto subfluvial que atraviesa el Río de la Plata, uniendo las localidades de Punta Lara (Argentina) con Colonia (Uruguay).  La importancia de este gasoducto radica en su incidencia en la vinculación energética con el resto de los países del Mercosur, y especialmente como vía de ingreso potencial en el mercado brasileño.

Asimismo está prevista la construcción del gasoducto Refinor – Bolivia con una capacidad de 2,5 MMm³/día. Respecto al mismo ya se otorgó la concesión de transporte, en tanto que la autorización de exportación otorgada en 1999 y que aún no opera, es por 1,187 MMm³/día con destino a Brasil.

Es dable señalar que al 31/12/2002 se encontraban operando 19 autorizaciones en total, 17 con destino a Chile, 1 con destino a Uruguay y 1 con destino a Brasil, realizadas a través de 9 conexiones por ducto en operación que transportaba el gas desde las tres principales cuencas gasíferas: Neuquina, Austral y Noroeste.

En cuanto al sector petróleo y derivados, y en el marco de asegurar condiciones de transparencia en la información que coadyuvaran a desarrollar la competencia en el sector,  se colaboró en el monitoreo permanente de los precios del crudo y de los principales mercados de subproductos, a la vez que se logró mejorar los indicadores existentes en materia de precios internacionales y paridades de importación y exportación.

Respecto al sector empresas, además de las actividades habituales de autorización de cesiones de áreas, ente otras, se realizaron las tareas de control y fiscalización del canon hidrocarburífero que permitieron recaudar $15,5 millones por ese concepto, de los cuales $13,1 millones correspondieron a explotación y $2,4 millones a exploración.

Asimismo, durante el transcurso del año 2002 se emitieron certificados de libre deuda por los tributos emanados de la Ley Nº 17.319, suscritos por la autoridad de aplicación de acuerdo a la solicitud de los titulares de permisos y/o concesiones. En cuanto al cumplimiento de las regalías hidrocarburíferas, el mismo es informado por la Dirección Nacional de Recursos Hidrocarburíferos y Combustibles previa verificación con la provincia correspondiente.  Estos certificados son requeridos por los escribanos del registro al momento de la confección de las respectivas escrituras que inscriben los cambios en la titularidad de las áreas.

Se procedió, además,  a verificar el correcto cumplimiento del cronograma de inversiones y su realización para la complementación y remodelación de sus instalaciones, dentro del área de hidrocarburos de una compañía integrada, de acuerdo al cronograma establecido por el decreto 1920/94. En el caso de Sol Petróleo S.A. se verificaron un total de inversiones aprobadas por un monto de $25,3 millones.

Se realizaron auditorías contables a ESSO S.A.P.A. a los efectos de verificar los informes periciales en los autos ESSO S.A.P.A. C/Estado Nacional (MeyOySP) s/Juicio de Conocimiento, y se prestó asesoramiento técnico a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en distintos juicios contra el Estado Nacional.  Se trabajó en el Sistema Estadístico de Combustibles (Sesco) y en el boletín de precios del Mercosur.  Se elaboraron los informes técnicos destinados a la asistencia en la resolución de recursos de alzada contra las decisiones administrativas del ENARGAS.

Asimismo, con respecto a la Comisión de Fiscalización del Complejo Carbonífero Río Turbio, en cumplimiento de sus funciones de asesoramiento a la autoridad de aplicación de los contratos de concesión y usufructo, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A., adjudicataria de la concesión integral del yacimiento y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, solicitó su concurso preventivo de acreedores.  Frente al signado hecho, la Secretaría de Energía, notificó al entonces concesionario la rescisión de los contratos de concesión, que fue aprobada por parte del Poder Ejecutivo.  Luego de ello, y en el ámbito del procedimiento concursal, se presentó la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A., solicitando el dictado de una medida de no innovar respecto del mantenimiento del contrato de concesión y la suspensión de los efectos de lo dispuesto en el decreto por el que fue aprobada la rescisión de la concesión integral del yacimiento y de los servicios ferro-portuarios aludidos.  Sin embargo, el juez competente no hizo lugar a la medida cautelar.  En lo que respecta a la situación de crisis social imperante en el ámbito del Complejo Carbonífero y Ferroportuario, así como también en las comunidades económicamente dependientes del mismo, sufrida en los primeros meses del año 2002, es importante señalar que dicha situación fue superada luego de las medidas dispuestas a tal fin, entre las que se pueden mencionar el pago de los correspondientes salarios, mantenimiento de las condiciones operativas del Complejo e inyección necesaria de combustible.

En lo referente al  control de calidad de los combustibles y registro de empresas petroleras, se produjo la reinscripción anual y el estudio de nuevos legajos correspondientes, concretando 9 inscripciones en las distintas categorías.  Asimismo, atento a la situación de abastecimiento de gas oil ya reseñada, se creó un registro de contratos de operaciones de exportación del producto, para lo cual se realizó previo a la aprobación, un análisis detallado de la situación de abastecimiento de la empresa. 

Ante la normalización del abastecimiento en diciembre de 2002, se dejó sin efecto la aprobación previa de las operaciones de exportación, manteniéndose el registro de las mismas.  En el período mayo-diciembre se registraron y aprobaron 136 exportaciones.  

El Plan Nacional de Verificación de Combustibles se vio afectado por restricciones presupuestarias y la finalización del contrato entre la Secretaría de Energía y el INTI, realizándose, sin embargo, 450 inspecciones durante los meses de julio, agosto y septiembre.  El nuevo convenio con el INTI fue firmado en octubre, contemplándose mejoras en la prestación de los servicios, realizándose 1.069 inspecciones durante los últimos 3 meses del año.  Asimismo, durante el período se realizaron 94 resoluciones de sanciones por calidad de los combustibles, con un total de 73 multas por un valor superior a $1,1 millones y 26 clausuras de entre 30 y 100 días.

En cuanto al área de refinación y comercialización, en cumplimiento de la inscripción en el registro de bocas de expendio de combustibles líquidos y bocas de expendio de fraccionadores y revendedores de combustibles a grandes consumidores, se analizaron 1.410 presentaciones, de los cuales 448 se registraron.  Se analizaron, asimismo, 3.339 informes referidos a auditorías de seguridad en las distintas áreas de la actividad petrolera.  Se procesaron 18.339 certificaciones de instalaciones de granel, y 1.733 certificaciones de rehabilitación, fabricación y destrucción de envases.  Se controlaron, además, 235 certificaciones de modificaciones de plantas, talleres, proyectos de instalaciones, recipientes, prototipos y accesorios.

En materia de protección ambiental se trabajó en el análisis y evaluación de los informes anuales de monitoreos de obras y tareas, se realizaron inspecciones de campo, se efectuó el control del número y tipo de piletas,  registro y seguimiento de incidentes contaminantes, entre otras actividades.

Con respecto al venteo de gas, durante el 2002 se analizaron y tramitaron 18 solicitudes de excepción a los límites permitidos.  Cabe destacar que en la actualidad, Argentina se encuentra entre los países que menos porcentaje de la relación gas producido – gas venteado tienen en el mundo (1,32%), producto de una inversión de $ 690 millones en obras directas de aprovechamiento, que significaron la captación de más de 16 millones m3/día que, de lo contrario, se habrían emitido a la atmósfera.

Con el objetivo de la explotación racional de yacimientos se consolidó la aplicación de los convenios con las provincias productoras de hidrocarburos, realizando tareas coordinadas y conjuntas entre las autoridades nacionales y provinciales sobre el control y fiscalización de concesionarios de explotación. Así también, se continuó incorporando nuevas áreas de exploración, a fin de ser licitadas en concurso público internacional, contándose con 185 áreas en licitación permanente al 31 de diciembre de 2002.

En materia de explotación, se encontraban en trámite de otorgamiento 5 nuevas concesiones al 31 de diciembre de 2002, producto de nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas en áreas de permisos de exploración.  La distribución es la siguiente: 1 área en la Cuenca Austral, 1 área en la Cuenca Austral Marina, y 3 áreas en la Cuenca Neuquina.  A la misma fecha, se encontraban en trámite de adjudicación 11 nuevas concesiones de explotación. Por otra parte se evaluó y se realizó el seguimiento de los niveles de producción de las 218 concesiones de explotación de petróleo y gas, ubicadas en las 5 cuencas productivas del país.  Asimismo, se tramitaron y analizaron autorizaciones de cesiones de derechos y en garantía de diversas concesiones de explotación y permisos de exploración.

En materia de exploración, y en el marco del concurso público internacional Plan Argentina, en el año 2002 se llevaron a cabo 6 rondas licitatorias, de las cuales 5 resultaron desiertas.  Se recibieron 2 ofertas por áreas de exploración que se ubican en la Cuenca de Cañadón Asfalto en la provincia del Chubut.  En ellas se comprometieron inversiones por un monto de U$S 3,6 millones.

En cuanto a las reservas, durante 2002 se elaboró el informe estadístico denominado Anuario de Reservas de Petróleo y Gas de la República Argentina, al 31 de diciembre de 2001.  Las cifras que se publican resultan certificadas y elaboradas bajo los mismos conceptos y uniformidad de criterios con los que se trabaja internacionalmente.

En materia de abandono de pozos, durante el ejercicio bajo análisis se verificó el cumplimiento de la normativa al respecto que se encuentra vigente.  Se realizó el seguimiento de los trabajos de abandono realizados durante la prórroga otorgada a las concesiones de explotación Campamento Central – Cañadón Perdido y Bella Vista Oeste en la Provincia del Chubut, analizando los casos particulares de pozos de difícil localización debido al crecimiento urbano.

En cuanto al transporte y almacenaje de hidrocarburos, el transporte de crudo por oleoductos tarifados alcanzó los 42,73 MMm³ lo que significa, en función de las tarifas de transporte existentes, un movimiento de $337,8 millones. Los volúmenes transportados por poliductos estuvieron en el orden de los 10,8 MMm³ de productos derivados, significando un monto de aproximadamente  $85,3 millones. En las terminales marítimas, la carga/descarga de buques tanque destinados al mercado doméstico fue de 26,13 MMm³. De esta forma la actividad refleja un movimiento de $87,2 millones en concepto de uso de boyas.