MINISTERIO PUBLICO

1-  Administración Central

Procuración General de la Nación

Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien actúa en una doble función. Es por un lado el Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve como tal en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Es por otro lado el jefe máximo de todos los Fiscales y en tal sentido coordina su accionar, estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del estado.

En la primera función, colaboran con el Procurador General de la Nación los Señores Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos en la especialidad Derecho Penal, uno en Derecho Público No Penal y uno en Derecho Privado. En la segunda función, el Procurador General es auxiliado por los Señores titulares de las Fiscalía General de Superintendencia, la Fiscalía General de Capacitación y Estudios Superiores y la Fiscalía General de Política Criminal y Servicios Comunitarios, y cuenta con una estructura técnica y administrativa que permite que el organismo se desarrolle con total independencia del Poder Judicial tanto en lo relativo al orden administrativo como a la planificación  y desarrollo de proyectos propios de la institución.

De la Procuración General de la Nación dependen, en la Ciudad de Buenos Aires, ciento cuarenta y dos (142) fiscalías nacionales del fuero penal y veinticinco (25) fiscalías nacionales del fuero no penal, y en el interior del país, debido a la organización federal del mismo, ciento quince (115) fiscalías federales en quince (15) jurisdicciones. El Ministerio Público Fiscal en el ámbito federal tiene una organización de tipo refleja al Poder Judicial Nacional, de modo que ante todo Juzgado Federal del Interior del país o Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, actúa un Fiscal Federal con una dotación de personal y una estructura similar a la del Juzgado, aunque en la mayoría de los casos es más pequeña.

Derecho Público No Penal

Está dividido en dos subáreas, la de Derecho Administrativo, Constitucional y Tributario y la de Competencia.  En la primera durante el año 2002 ingresaron 783 expedientes, de los cuales se dictaminaron 578, es decir el 73,82 %  mientras que en el año 2001 habían ingresado 574 expedientes, de los cuales se dictaminaron 208, es decir el 36,24 %. Respecto a la subárea Competencia durante el año 2002 ingresaron 582 expedientes, de los cuales se dictaminaron 452, es decir el 77,66%.

Derecho Penal

El período para el que se tienen datos abarca del 16/10/2001 al 30/09/2002. Ingresaron al área donde se desempeñan dos magistrados, 924 expedientes, de los cuales  890 tuvieron dictámenes, es decir que se dictaminó el  96,32 % de los expedientes.

De todos modos, cabe aclarar que la cantidad de expedientes dictaminados es una constante de crecimiento desde 1999, alcanzando niveles que se acercan al 100%.

El área también tiene asignado el requerimiento de extradición que se tramita en todos los tribunales de la Nación, demandados especialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y por las distintas embajadas extranjeras; para ello, se desarrolló un sistema de seguimiento de expedientes con el cual se permite contar con información prácticamente diaria del estado de los expedientes.

Derecho Privado

Ingresaron 658 expedientes desde el 1/10/2001 al 30/09/2002 (179 competencias, 311 recursos de hecho, 163 recursos extraordinarios, 4 recursos ordinarios y uno de jurisdicción originaria). En igual período se dictaminó sobre un total de 717 expedientes (192 competencia, 356 recursos de hecho, 160 recursos extraordinarios y 9 recursos ordinarios).

En el ámbito de la Fiscalía General de Superintendencia se creó, en diciembre de 2001, la oficina de trámites especiales, donde se canalizan los requerimientos de los magistrados del Ministerio Público. Los requerimientos se refieren a solicitudes de antecedentes personales (44%) y de antecedentes de automotores (41%). Por su parte, se cuenta con una terminal del sistema de antecedentes de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina y de la Prefectura Naval.

La Fiscalía General de Política Criminal y Servicios Comunitarios continuó con líneas de trabajo en curso. Es de destacar la insistencia de acercar el procedimiento penal de las jurisdicciones federales al sistema acusatorio. En tal sentido se elaboró un proyecto de Ley que propone la modificación del régimen de la acción penal mediante la introducción al código penal y al procesal penal, de criterios de oportunidad. En el ámbito institucional, debe hacerse mención de los acuerdos celebrados con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tendientes a lograr una mejor investigación de los ilícitos que tienen como sujetos pasivos a la ANSES, como así también en aquellos delitos relacionados con la puesta en funcionamiento y desarrollo del Programa Jefes y Jefas de Hogar. En lo referente a la vinculación con la sociedad civil, se intensificó la labor desarrollada por la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito.

Esta fiscalía cuenta con un centro de investigación y estadísticas político – criminales, en donde se hizo una investigación de los menores de edad, infractores de la Ley Penal. Las tendencias observadas resultan de suma importancia debido a que se han analizado alrededor de 500 casos que involucran a todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires en distintos períodos del año.

Las causas que involucraron a menores de edad en todo el año 2001 apenas alcanzó el 1% (6619 causas) del total de la población de menores de 18 años. En cuanto a la edad de los niños y adolescentes que cometen delitos en la ciudad de Buenos Aires, se puede destacar que la mayor franja corresponde al segmento de 16 y 17 años (40%), siguiendo en importancia la de 14 y 15 años (37%). Es importante destacar que de los 497 expedientes analizados tan sólo se observó un homicidio y un robo seguido de homicidio. La franja de imputados menores de edad de 12 y 13 años se caracteriza por la comisión de robos y hurtos simples, no advirtiéndose delitos de suma gravedad. Con respecto a la franja de 14 y 15 años, se observaron los mismos tipos de delitos mencionados en la franja anterior, pero se agrega la comisión de robos con armas y otras agravantes. En cuanto a los adolescentes de 16 y 17 años además de estos delitos también se suma un importante número de lesiones dolosas.

El perfil de los imputados menores de edad puede sintetizarse del siguiente modo: en su mayoría se trata de varones, domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de nivel socioeconómico medio-bajo; con un nivel educativo incompleto (sea primario o secundario), pero encontrándose un mínimo porcentaje de analfabetos; y sólo un pequeño porcentaje era consumidor habitual de estupefacientes. El perfil de las víctimas en cuanto a la edad es irregular, no pudiéndose destacar ninguna franja etaria en particular, en su mayoría son varones residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de nivel socioeconómco medio-bajo.

Por otro lado, más allá de que cada magistrado posee un criterio particular respecto a la imposición de medidas tutelares, de la muestra realizada se refleja que en la mayoría de los casos no se disponen medidas tutelares a los imputados, y la más frecuente es la entrega en guarda o custodia a los propios padres u otros familiares directos, siendo bajo el índice de internaciones en institutos cerrados.

En cuanto a los datos vinculados con la gestión judicial, puede destacarse que prácticamente  todos los casos ingresan a través de la agencia policial (ya sea mediante denuncia ante las comisarías o por prevención). Por otra parte se advierte que el temperamento más habitual adoptado en la etapa preliminar es el sobreseimiento por inimputabilidad, elevándose a juicio aproximadamente un 12% de los casos ingresados. Respecto a la etapa de juicio, la mayor parte de los casos se encontraban en trámite y en la etapa de ofrecimiento de prueba, registrándose por otro lado un número importante de rebeldías. Asimismo, se observa que la gran mayoría de los imputados son asistidos por los defensores públicos oficiales.

Depende también de la Fiscalía General de Política Criminal y Servicios Comunitarios la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito. La misma, durante el período comprendido entre el 16 de octubre del año 2001 y el 14 de octubre del año 2002, continuó desarrollando las tareas que le son propias (asistencia jurídica, psicológica y social). Proporcionó asistencia de manera directa a más de 700 nuevas víctimas y continuó con la asistencia a las personas que se habían vinculado en lapsos anteriores. En este sentido, cabe señalar que si bien se ha producido una disminución –respecto de períodos anteriores- en la cantidad de casos nuevos asistidos se ha complejizado notablemente la temática abordada. Continuó percibiéndose que la intervención de la Oficina resultó requerida por una amplia diversidad de dependencias judiciales, administrativas, del Ministerio Público e incluso organizaciones no gubernamentales. Se acentuaron las intervenciones en situaciones en las que la víctima o los testigos padecían alguna forma de hostigamiento durante el transcurso del proceso.

Respecto a la Fiscalía de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, se llevaron a cabo “Jornadas de Perfeccionamiento en la Investigación Criminal”; “Curso Profundizado de Criminalística aplicada a la Investigación Moderna del Delito”; ciclo de charlas (“Experiencias Prácticas del Jurado” y “La Administración de Justicia y los Medios de Comunicación”); ciclo de conferencias (“Liderazgo Judicial” y “Mediación penal y sus alternativas”); tareas de formación de altos estudios (“Jornadas sobre actualización en Temas de Derecho Electoral” y “Jornadas sobre Introducción a la Mediación”) y cursos de posgrado universitario en la Universidad de Buenos Aires (“Posgrado de Actualización de Ministerio Público”, “Curso sobre Derecho Penal, Penal Económico y Procesal Penal” y “Curso sobre Derecho Civil: Emergencia Económica, Consumidores y Defensa de la Competencia”). También se firmaron convenios con establecimientos educativos de Resistencia, Posadas, Tucumán, Córdoba, Corrientes y Rosario, para la realización de posgrados Universitarios.

Respecto a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) se debe mencionar que a lo largo del año 2002 se han afianzado las relaciones entabladas con las distintas dependencias de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), a través de las cuales se logró realizar investigaciones en forma conjunta que permitieron descubrir complejas maniobras de evasión, dando lugar a la formulación de denuncias penales que son presentadas ante la Justicia en lo Penal Económico y Federal. Entre los casos de mayor trascendencia se encuentra el desarrollado por un directivo de una empresa petrolera que logró evadir el pago de tributos por un importe cercano a los 40 millones de dólares. Es de resaltar, que la maniobra total  que fuera denunciada por la UFITCO en forma conjunta con la División Penal Tributaria del Departamento Técnico Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales alcanza la cifra de 130 millones de pesos, monto que supera el total del presupuesto anual del Ministerio Público Fiscal.

Merece también señalarse como relevante la experiencia de la Oficina de Circuito del Barrio de Saavedra / Núñez, puesta en funcionamiento para acercar a los fiscales a la comunidad. A lo largo del año 2002 se recibieron en dicha oficina, 137 denuncias, mientras que en el año 2001 se habían recibido 126.

Otra de las pautas de efectividad, está relacionada con el porcentaje de recaptura de los prófugos y la consiguiente reapertura de los sumarios. Mientras que en el año 2001 se informó el sometimiento a proceso de 48 rebeldes sobre 85 declarados en esa situación -con datos mínimos que posibiliten una búsqueda-, lo que implicaba un 56% de efectividad, en el año 2002 han sido recapturados 117 prófugos sobre un total de 168 rebeldías declaradas, lo que implica un porcentaje de efectividad del 69%.