MINISTERIO DE ECONOMÍA

1 - Administración Central

Categoría: Actividades Centrales

El Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de consolidar los logros alcanzados en materia de estabilidad y transformación económica, mejorar los estímulos a las condiciones de competitividad en el mercado interno, profundizar los acuerdos de integración regional en el marco del MERCOSUR, asistir al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, mejorar las condiciones de acceso al crédito y movilizar los capitales de riesgo en la inversión de empresas privadas nacionales y extranjeras.

En consecuencia, este Ministerio es, en el ámbito nacional, la autoridad encargada de la formulación de políticas atinentes a los sectores económicos, como así también de la implementación de programas tendientes a alcanzar mejores estadios de desarrollo en dichos sectores.

Asimismo, es competencia de la jurisdicción, supervisar las actividades de regulación de servicios y en particular, aquellos privatizados y concesionados, a los efectos de asegurar la calidad en la prestación de los mismos a los ciudadanos.

Por otra parte, en cada una de las áreas de su competencia, se generan estadísticas e informes sobre niveles de actividad y producción, como también censos y encuestas que permiten elaborar los indicadores sociales y económicos de mayor relevancia.

En función de los objetivos de política presupuestaria de dicha jurisdicción, es que el Ministerio de Economía tiene bajo su responsabilidad la administración financiera del Estado, la programación y seguimiento de la política económica y regional, la formulación de la política agropecuaria, pesquera, energética, minera, industrial y comercial. Asimismo, se encarga de proteger la libre competencia y la defensa de los consumidores, asiste a las micro, pequeñas y medianas empresas y atiende al financiamiento del Estado y el desarrollo de los mercados y seguros de capitales.

• Secretaría de Industria y Comercio

Programa: Definición de Políticas de Comercio Exterior

La política desarrollada durante el año 2001 buscó promover la expansión de las actividades productivas internas, orientadas principalmente al comercio exterior, promoviendo el desarrollo de exportaciones argentinas en el mercado internacional.

En ese sentido, las acciones fueron enfocadas hacia una mayor  apertura económica,  a través del incremento del comercio internacional, y la definición y consolidación de estrategias en el marco del Mercosur, mediante la verificación y perfeccionamiento del funcionamiento de los instrumentos de comercio exterior, aplicado tanto a las exportaciones, como a las importaciones.

Los resultados de dicha gestión, obtenidos a través de las acciones del programa, se muestran a continuación:

-en pesos y magnitudes físicas-

La Ley de Zonas Francas N° 24.331, dispone, en términos generales, la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos. En cuanto a los plazos de inicio en la ejecución de las obras, una vez formalizado el convenio entre la nación y las provincias (artículo 44 de dicha ley), los mismos han sido incrementados por leyes modificatorias posteriores (24.756, 25.005 y 25.379)  llevando el tiempo de caducidad del derecho de establecimiento de la zona franca de que se trate, de 18 meses a 10 años.

En cuanto a la habilitación de las zonas francas previstas para el año 2001, se realizó la habilitación de dos zonas francas  localizadas  en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut y general Güemes, provincia de Salta. Actualmente, se encuentran operativas las siguientes zonas francas : La Plata (Buenos Aires), Justo Daract ( San Luis), Cruz Alta (Tucumán), Córdoba (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza), General Pico (La Pampa), Comodoro Rivadavia (Chubut) y General Güemes (Salta).  El desvío producido con relación a esta meta corresponde a causas técnico-operativas.  Asimismo, durante el corriente año se realizaron las siguientes acciones:

• Aprobación del reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca de Bahía Blanca- Coronel Rosales,  provincia de Buenos Aires.

• Revocación de las adjudicaciones de las zona francas de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; de Río Gallegos y Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

• Ampliación del anexo puerto de la zona franca Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

• Modificación del reglamento de funcionamiento y operación de las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

El régimen de admisión temporaria de insumos posibilita la importación de mercaderías destinadas a ser objeto de perfeccionamiento industrial para mejorar su calidad o competitividad en el mercado externo, con la obligación de ser exportadas en la nueva forma resultante, para consumo en otros países. Los certificados de tipificación y clasificación emitidos abarcaron productos de distinta naturaleza, tales como cueros vacunos curtidos y confecciones en cuero, especialidades medicinales, automotrices, alimentos y textiles.

La menor cantidad, con respecto a la estimada, de certificados expedidos en el Régimen de Admisión Temporaria de Insumos obedeció tanto a una reducción de costos en la producción local como al hecho de que los trámites son competencia conjunta de distintas áreas y organismos involucrados en el régimen, lo que redunda en demoras. Asimismo, cabe señalar como factor de dilación, la multiplicidad de rectificaciones que son necesarias en repetidos casos. En dichas situaciones, se presentan varias solicitudes que en el momento de finalizar el trámite, resultan correspondientes a un solo certificado. En el marco de las políticas y acciones sustantivas llevadas a cabo durante el 2001, se encuentra en estudio un proyecto de modificación del régimen,  que permita incluir una cláusula de reposición de existencias de mercaderías previamente importadas para el consumo y que posteriormente hayan sido incorporadas a una mercadería exportada con destino definitivo. El perfeccionamiento del régimen permite la agilización de la tramitación requerida para la obtención de los certificados.

La demanda de certificados de origen nacional para productos de exportación está determinada por las exportaciones realizadas en el sector privado, motivo por el cual el número final de certificados emitidos depende de factores no previsibles.

En cuanto a  la cantidad de empresas beneficiadas a través de reintegros, su ejecución resultó nula debido a que se consideró que no se contaba con parámetros que permitieran la correcta evaluación de la misma.

La menor cantidad de controles a empresas beneficiarias del régimen “Plantas llave  en mano” se debió a dificultades en la disponibilidad de los fondos y del personal requerido para llevar a cabo las auditorías previstas.  No obstante, cabe mencionar la inscripción de 1 obra, por un monto de  $100 millones destinada a Australia y la recepción de consultas por 2 obras en Chile y Bolivia.

Las empresas promovidas por el Régimen de Financiamiento del I.V.A sobre Bienes de Capital presentan una mayor ejecución con respecto a la programada como consecuencia de la definición de resoluciones demoradas.  El monto otorgado como beneficio fue de $48,8 millones distribuido en 6 sectores productivos.

En cuanto a la resolución de casos de dumping, en  agosto del 2001 se aprobó el nuevo Decreto Reglamentario  de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones de la OMC, incorporados al ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley N° 24.425.  El Decreto N° 1088/2001, modifica de forma sustancial al decreto 1326/98, el cual, no obstante la nueva reglamentación, seguirá vigente para aquellas investigaciones que se iniciaron bajo su órbita y aún  no hayan finalizado a la fecha de entrada en vigencia del nuevo decreto. A partir del reciente decreto, los productores nacionales contarán con un procedimiento simplificado que les permitirá en un plazo muy breve, siempre que se encuentren reunidos los requisitos legales, contar con la apertura de investigación solicitada.  Otro cambio fundamental radica en la aplicación retrospectiva de los derechos antidumping y compensatorios.

Programa: Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria

El objetivo de este programa consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de  libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado.

Se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo- producto, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.

El crédito final asignado para el ejercicio 2001 fue de $ 8,5 millones del que se devengaron $ 3,3 millones.

Cabe mencionar, que dicho programa no cuenta con metas físicas por lo cual la información y comentarios se refieren a algunos temas considerados sustantivos.

1. Desarrollo y seguimiento de los Planes de Competitividad, en relación a los sectores industriales, tendientes a crear condiciones favorables a la inversión y el empleo.
   

2. Profundización y promoción del desarrollo de tecnología para la producción de Bienes de Capital y su comercialización en el mercado interno.
   

3. Mejora de los estándares de seguridad activa y pasiva del parque automotor.
   

4. Promoción de la producción nacional de autopartes mediante la implementación del Régimen de Incentivos para las compras realizadas por terminales automotrices radicadas en el país.
   

5. Monitoreo permanente del desempeño industrial, impacto y cumplimiento de los regímenes vigentes.
   

6. Estudios y análisis para la elaboración de líneas de acción de las políticas públicas orientadas a desarrollar el sistema productivo nacional.
   

Planes de Competitividad:

La Secretaría participó de manera activa en la firma de los Convenios para Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo. Estos convenios brindan beneficios impositivos  y fueron celebrados con el objeto de mejorar y crear las condiciones favorables a  la inversión, al empleo y a lograr la colocación de nuestros productos en un plano de mayor competitividad en el mercado interno y en el plano internacional. Estos planes tendían a la eliminación de impuestos distorsivos y a la mejora de los niveles de inversión y producción. Los Sectores Industriales que suscribieron a estos convenios fueron los siguientes:

• Automotriz
  

• Productos Textiles, Indumentaria y Calzado.
  

• Productos de Madera, Muebles, Aberturas, Envases, Pallets y Viviendas de Madera.
  

• Productos de Material Plástico.
  

• Productos de Celulosa, Papel Gráfico.
  

• Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones.
  

• Actividad de la Construcción.
  

• Productos Siderúrgicos.
  

• Productos Metalúrgicos y Metalmecánicos.
  

• Productos de Limpieza Personal, del Hogar y Afines, Cosmética y Perfumería.
  

• Productos Químicos y Petroquímicos, Fertilizantes y Agroquímicos.
  

• Productos Cerámicos.
  

• Fonogramas y Videogramas.
  

Bienes de Capital:

• El Régimen del Decreto N° 379/01 modificado por el Decreto N° 502/01 está  orientado a incentivar la producción nacional de Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones, otorgando un bono fiscal del 14% a aquellos fabricantes que tuvieren su establecimiento industrial radicado en el país, por las ventas en el mercado interno.  Fue implementado en el mes de mayo de 2001, y  permitió entregar al sector durante ese primer año, bonos fiscales por valor de más de $ 20 millones
  

• El régimen de la Resolución M.E. N° 256/2000, estableció  un régimen de importación de bienes de capital con destino a Grandes Proyectos de Inversión. Durante el año 2001 se evaluaron proyectos de inversión, por este régimen por montos superiores a los $400 millones.
  

• El régimen de Importaciones Temporarias (Decreto N° 1001/82) facilita la importación libre de arancel, de bienes y equipos, no producidos en el país, necesarios para realizar trabajos contratados en el territorio nacional, la ejecución o compromisos de exportación y también la atención de sobredemandas de productos. En el curso del presente año, las operaciones de este tipo involucraron bienes $ 300 millones.
  

• Respecto a la “Importación de Líneas Completas de Producción Usadas”, Resolución M.E. N° 511/2000, se tramitaron  16 proyectos por un total de $ 22 millones.
  

• El régimen de la Resolución N° 257/99 de Maquinaria Agrícola permitió beneficios que significan más de $40 millones en Bonos para este Sector.
  

Sector Automotriz:

• Licencia para Configuración de Modelo: La Ley de Tránsito N° 24.449, establece que todo vehículo que se fabrique en el país o se importe, para poder ser librado al tránsito público, debe cumplir con condiciones de seguridad activas y pasivas, de emisión de contaminantes y ruidos vehiculares. En consecuencia, para ser librados al  tránsito público, todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados nuevos, deben contar con la respectiva Licencia para Configuración de Modelo (LCM). Las Secretarías de Industria y la de Transporte, son las autoridades competentes en todo lo relativo a la fiscalización de las disposiciones reglamentarias de la Ley de Tránsito. Se realizaron 130 inscripciones durante el año 2001, de fabricantes e importadores de  vehículos, acoplados y semiacoplados
  

• Certificación de homologación de autopartes de seguridad: Mediante la Resolución SIC N| 49/2001, y su modificatoria, la Resolución  SI N° 91/2001, se establecieron los requisitos necesarios para la obtención de la Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad para todo el universo de autopartes de seguridad, incluidos los neumáticos, estableciendo un mecanismo simple y dinámico en cuanto a las condiciones que deben cumplir para la obtención de la certificación.
  

• Solicitudes de importación de vehículos por discapacitados y particulares. Las personas físicas o jurídicas que en forma particular soliciten importar vehículos, acoplados y/o semiacoplados de acuerdo a la normativa vigente deben cumplir con lo dispuesto por la Resolución SI N° 64/2001, la que fue dictada con el fin de ordenar y agilizar la tramitación que hasta su dictado se realizaba. La misma fue complementada con la Resolución SI N° 92/01. Por su aplicación, se han reducido sensiblemente los tiempos de resolución de los trámites. Se han analizado y resuelto durante el segundo semestre del año 2001, en promedio 140 solicitudes mensuales.
  

• Régimen de Reconversión Ovina: Por lo establecido en el Decreto N° 2151/92 y su modificatorio, el Decreto N° 934/93, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, emite autorizaciones para importar vehículos, con exenciones arancelarias, a los sujetos mencionados en dichas normas. Los sujetos beneficiarios con la resolución emitida por la SAGP y A tramitan  el certificado que les permite importar en tanto se verifique que cumplen con las exigencias de la Ley de Tránsito LCM. Se analizaron 33 solicitudes en el año 2001.
  

• Plan Canje Automotriz: Monto total de operaciones realizadas $1.055 millones equivalentes a 344.043 operaciones, de las cuáles se han emitido bonos por $712 millones, quedando pendiente de pago y en parte de evaluación $343 millones, equivalentes a 132.591 operaciones.
  

• Régimen de Incentivo a la Compra de Autopartes Nacionales (Decreto 778/2001).Este régimen beneficia a las Terminales automotrices radicadas en el país y consiste en un bono fiscal equivalente al 6% del valor de compra de autopartes nacionales, neto de IVA, de gastos financieros, descuentos y bonificaciones, para ser utilizado para el pago del Impuesto a las Ganancias e I.V.A.. La Secretaría de Industria ha sido la Autoridad de Aplicación de este Régimen, ha elaborado la normativa reglamentaria y los procedimientos para la instrumentación del Régimen. El beneficio comprende las compras realizadas a partir del 1° de junio de 2001. El Decreto N° 1304/01 incorpora como beneficiarios del Régimen a productores de carrocerías, acoplados y semiacoplados, chasis con y sin cabina, motores, cajas de velocidad y eje de diferencial, maquinarias agrícola y vial autopropulsadas. A su vez, el bono fiscal alcanza además de la compra de autopartes nacionales a las compras de insumos siderúrgicos, químicos y petroquímicos de origen nacional.
  

Regímenes Especiales:

• Régimen de Especialización Industrial (REI):Fue establecido por el Decreto N° 2641/92. Suspendido para la aprobación de nuevos programas por el Decreto N° 977/96. Permite la importación de mercaderías con un arancel diferencial. Con el fin de definir el cierre del referido Régimen, se dictó la Resolución SI N° 86 del 06 de setiembre de 2001, donde se fijó un plazo máximo para la presentación de las solicitudes de certificados con el propósito de dar cierre al referido Régimen. En estos momentos el Sector se encuentra procesando las solicitudes de CDA  presentadas con vistas a elevar a la firma la totalidad de los certificados adeudados a cada beneficiario que, en su gran mayoría, registraron compromisos de exportación hasta el 31 de Diciembre de 1999. Se han emitido Certificados de Desgravación Arancelaria por U$S 96.204.964,08.
  

• La Exportación Temporaria:  De acuerdo a lo estipulado por el artículo 40 del Decreto N° 1001/1982, la intervención que le compete al sector se refiere a determinar si la operación de exportación temporal solicitada afecta la actividad económica nacional y de manera especial a la industria local. Durante el año 2001 se presentaron 64 solicitudes de las cuales se autorizaron solamente 43, por no causar perjuicios a la industria nacional.
  

• Licitaciones públicas internacionales (Ley N° 20852): Otorga diferentes beneficios, entre ellos el pago de reembolsos a las empresas productoras nacionales oferentes en las licitaciones públicas internacionales. Las tramitaciones se hallan suspendidas a la espera de una definición sobre la forma de pago a las empresas beneficiarias.  El costo fiscal teórico que se alcanzaría de resultar aprobadas la totalidad de los trámites presentados es de alrededor de U$S 2.900.000.
  

• Liberación de gravámenes para mercaderías destinadas a la educación y la salud. El referido régimen fue creado por el Decreto N° 732/72, se encuentra vencido, con posibilidades de ser prorrogado. Exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, como así también de la constitución de depósito previo, a los animales vivos y productos del reino animal, productos del reino vegetal, materias primas, productos semielaborados y elaborados, máquinas y aparatos y equipos y todos aquellos bienes o elementos materiales que se importen con destino a: la enseñanza de la ciencia, el arte y la técnica; la investigación científica y tecnológica; la protección, fomento, atención y rehabilitación de la salud humana y la sanidad animal y vegetal. Los beneficiarios actuales son los entes oficiales nacionales y sus dependencias centralizadas o descentralizadas. Han ingresado y se han procesado durante el pasado año 1.696 solicitudes y resuelto en forma favorable 1.627. Las tramitaciones comprendieron aprobaciones originales, prórrogas y modificaciones de los certificados extendidos.
  

• Régimen de Importación para el Sector Editorial (RISE):Se importan tres tipos de papeles: papel prensa, papel y cartón para impresión y escritura no estucado, y papel y cartón para impresión y escritura estucado. El principal objetivo del RISE es permitir la importación de papeles destinados a la impresión de libros, periódicos y revistas sin abonar los aranceles que deben  pagar aquellos papeles destinados a otros fines. Cabe aclarar que la oferta local de papeles, es insuficiente para abastecer a la industria doméstica. Las importaciones realizadas a través del R.I.S.E., durante el año 2001 ascendieron 126.350.460 kilogramos netos, por un valor  de U$S  99.839.721.
  

Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono:

La República Argentina, en el marco del Protocolo de Montreal, suscribió un convenio de donación OTF (OZONE TRUST FUND) N° 22.013, con el Banco Mundial, cuyo destino es la implementación del proyecto de reducción de las sustancias que agotan la capa de ozono. El objetivo del mismo es contribuir a reducir o eliminar el uso de las SAOs en el territorio argentino, a través de la reconversión industrial a tecnologías “limpias”. El proyecto consiste en la asistencia técnica y financiera para reconvertir dichos procesos.

A tal efecto, los fondos de la donación son canalizados a las empresas que deban reconvertirse a través de la Unidad  Ejecutora de Proyectos con asistencia técnica del INTI, mediante la formalización de convenios de subdonación. Las firmas elegibles deben contar con un proyecto de ejecución aprobado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMPM).

Durante el año 2001, la Secretaría de Industria y Comercio, como miembro de la Oficina Programa Ozono (OPROZ), participó, por pedido del Banco Mundial, en el análisis institucional de la única industria productora de clorofluorocarbonados (CFCs) en la Argentina, con el objetivo de determinar si ésta reunía, en lo atinente a su composición accionaria, los requerimientos establecidos por el Protocolo de Montreal para acceder a una subdonación que le compense el cese anticipado de su producción, a fin de que la Argentina pueda cumplir con las metas internacionalmente comprometidas.  Los sectores sobre los que opera son:

• Aire Acondicionado de Vehículos: reconvertido
  

• Refrigeración Domestica: en proceso de reconversión
  

• Esterilización : reconvertido
  

• Halones : en proceso de reconversión
  

• Solventes : en proceso de reconversión
  

• Bromuro de Metilo: en proceso de reconversión
  

• Cierre de Producción de CFCS: en estudio
  

• Aerosoles de Uso no Medico: en carpeta
  

Se aprobaron 19 proyectos con convenios de subdonación firmados, por un monto de  U$S 15,6 millones,  de los cuales  u$s 12,8 millones fueron desembolsados a las empresas con convenios firmados y U$S 2,7 millones se encuentran pendientes de desembolso.

Proyectos Aprobados

Régimen del Compre Nacional Año 2001

Por el Decreto Nº 909/00, la Secretaria de Industria  y Comercio del Ministerio de Economía fue designada la Autoridad de Aplicación del Régimen del Compre Nacional. En este carácter, dicha Secretaría ejerció su competencia en aspectos tales como: Actividad reglamentaria,  de Interacción con los Distintos Sectores Involucrados y de Seguimiento

• Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación
  

Programa: Formulación de Políticas del Sector Primario

El programa se desarrolla a través de la definición y elaboración de políticas y estrategias de aplicación macro y microeconómica en el orden agropecuario, forestal, pesquero y alimentación, operadas mediante sus organismos centralizados y descentralizados. Las actividades de dicho programa están orientadas a la promoción de la producción e inversión sectoriales tendientes a potenciar el crecimiento y la competitividad en el mercado interno e internacional. En ese sentido, por su intermedio se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico.

Dentro de este programa, hasta el tercer trimestre, el gasto principal correspondió a la actividad de Apoyo a la Reconversión del Sector Tabacalero. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley 25.465 y el Decreto 1196/01 (publicado en el Boletín Oficial el 25/9/01), se resolvió la exclusión del Fondo Especial del Tabaco del Presupuesto Nacional, el cual contaba con un crédito de $186,8 millones y representaba el 83,8% de los recursos del programa. Casi la totalidad de las erogaciones correspondieron a transferencias destinadas a las provincias y en los últimos años representaron el 95% del gasto total.

El Fondo Especial del Tabaco (FET) se financia mediante un impuesto específico al consumo de tabaco. El FET fue creado por la ley 19.800, su principal objetivo es orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada.

Las provincias tabacaleras son 7: Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.

Para cumplimentar los objetivos citados, la SAGPyA impulsó la suscripción de convenios quinquenales con los Gobiernos Provinciales, como instrumentos centrales para la transformación del sector tabacalero argentino, implementándose la metodología de presentación de proyectos a través de:

Programas Operativos Anuales.

En lo que respecta al aspecto organizativo, las provincias cuentan con Unidades de Ejecución Provinciales, las cuales se integran por representantes de la SAGPyA, de los gobiernos provinciales, de las cámaras y cooperativas de productores. Dichas Unidades se ocupan de consensuar el tipo de proyectos a financiar para el desarrollo del área tabacalera, así como de realizar la supervisión de la ejecución de los mismos.

La ejecución de los proyectos puede estar a cargo de las direcciones de agricultura y departamentos de tabaco de las provincias, de las cámaras ó cooperativas de productores, o bien de instituciones provinciales vinculadas a la producción agrícola.

Los recursos financieros se transfieren a las unidades ejecutoras provinciales, quienes definen las prioridades en cuanto al destino de los mismos, que pueden ser subsidios a la producción de tabaco; asistencia financiera al productor; tecnificación, reconversión y diversificación de la producción tabacalera; asistencia técnica, administración y capacitación de productores; cobertura de riesgos climáticos y otros; apoyo a emprendimientos agroindustriales; apoyo para el mejoramiento de la infraestructura social y económica de los pequeños productores y apoyo financiero (a través de un fondo rotatorio de crédito).

Los beneficiarios del Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras (PRAT) son productores de tabaco activos, que hayan comercializado su producción en cada campaña agrícola. Actualmente son aproximadamente 23.100 productores.

La asistencia financiera otorgada a los productores puede ser de carácter reintegrable (crédito) y no reintegrable.

Dentro del primer tipo se incluyen créditos para evolución y créditos de inversión. Ambos tipos se destinan tanto para la producción de tabaco como para la diversificación. Los créditos de evolución, en el caso del cultivo del tabaco, no tienen tasa de interés (se reintegran en la campaña de producción siguiente) y son descontados del importe que abona el FET a percibir por el productor. Si dicho crédito  se destinó a otro tipo de producción, el plazo de devolución puede extenderse. Los créditos de inversión tienen plazos variables que oscilan entre 2 a 10 años según el tipo de inversión de que se trate, en tanto que el interés varía entre  0 y 8 %. El pago de dicho crédito es garantizado del “importe que abona el FET”.

La asistencia financiera no reintegrable comprende el financiamiento de proyectos de instalación de agroindustrias, obras de infraestructura extra predial, cobertura de daños, y  reconversión física y financiera de los productores.

En cuanto a los instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto, el PRAT cuenta con un área de auditoría contable que verifica la aplicación de los recursos transferidos, además de realizar el seguimiento de las observaciones de los informes anteriores.  Asimismo se realizan auditorías de proyectos seleccionados, donde se mide la ejecución, de acuerdo a lo previsto en el cronograma aprobado por la Secretaría y el impacto del mismo.

Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación realiza  otras actividades, en el marco del programa de Formulación de Políticas del Sector Primario,  cuya ejecución se muestra a continuación:

-en pesos y magnitudes físicas-

La baja ejecución realizada en publicaciones se debió a problemas de origen presupuestario.

La SAGPyA, a través de la actividad de  Asistencia a Pequeños Productores del Noreste Argentino (PRODERNEA), tiene como objetivo lograr un incremento en el ingreso de pequeños productores agropecuarios por medio del emprendimiento  de proyectos rentables. La ejecución de las mismas está a cargo de las provincias, con la coordinación de la SAGPyA. Los desvíos negativos acumulados en capacitación y en asistencia financiera a productores agropecuarios obedecieron a dificultades institucionales y legales en los procesos de ejecución de las acciones y a la insuficiencia de recursos. En efecto, de las cuatro provincias integrantes del programa (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes) sólo dos de ellas se encuentran ejecutando las acciones previstas. Misiones, inició las actividades en el año 1999 y Chaco en el año 2000. Por su parte, la provincia de Formosa se encuentra preparando las condiciones necesarias previas al primer desembolso y la provincia de Corrientes no ha sancionado aún la Ley de Endeudamiento (requisito para incorporarse al proyecto). De acuerdo a la modalidad de ejecucióncomprometida, corresponde a las jurisdicciones constituir fondos de contraparte para el desembolso de fondos FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) según el pari-passu de cada componente. La situación de creciente restricción fiscal que viven las provincias se traduce en la imposibilidad de orientar recursos para contraparte, afectando al nivel de ejecución del programa en forma directa, con la consecuente imposibilidad de alcanzar las metas oportunamente fijadas. A esto debe sumarse la significativa reducción de los presupuestos del programa en la Nación y las Provincias, y el endurecimiento en las restricciones para gastos corrientes (combustibles, viáticos, etc.) lo que impactó directamente en las actividades de campo tanto en Chaco como en Misiones. Por último, cabe destacar la profundización del clima de recesión que afecta la actividad económica a escala nacional. Frente a dicha situación se observa una cada vez más significativa reducción del consumo y la inversión, y una creciente resistencia al endeudamiento y falta de incentivo de los pequeños productores para la participación en emprendimientos inciertos. A esto debemos sumar la necesidad de cuidar la sanidad de la cartera crediticia del proyecto.

Adicionalmente,  se debe mencionar que  se superaron las metas establecidas en materia de capacitación, adoptando modalidades alternativas que permitieron reducir sus costos y llevar adelante los eventos maximizando su alcance.

El desvío negativo observado en asistencia financiera a productores forestales, está relacionado con la insuficiencia de fondos y la restricción presupuestaria que se fue sucediendo en forma escalonada durante el año 2001 (llegando a su máximo nivel durante el cuarto trimestre). Dicha situación impidió otorgar  los beneficios de acuerdo a la normativa vigente,  lo cual impactó sobre los fondos disponibles a invertir por los productores que trajo aparejado la disminución de las áreas a forestar ó directamente su no ejecución. Asimismo, ante el atraso en los pagos los forestadores no presentan la documentación en tiempo que les permitiría acceder a los beneficios. Por su parte, las restricciones operantes durante el ejercicio 2001, interfirieron en las tareas inherentes a la administración y control del sistema, especialmente en las comisiones para efectuar las inspecciones, condición necesaria para dar curso a los pedidos de pagos de beneficios.

En cuanto a la construcción de drenajes para rehabilitar áreas, el desvío negativo se produjo a raíz del retraso en la preparación de proyectos en Montecaseros y Constitución (Pcia. de Mendoza)

Por su parte, en la construcción de canales de riego se observa una mayor ejecución con respecto a la programada, que corresponden al avance del Canal Nuevo Retamo y del tramo inferior del Río Mendoza.

La SAGPyA en materia de mercados, durante el 2001, continuó con el análisis y la difusión de toda la información referida a los mercados agropecuarios, manteniéndose actualizada la base de datos de total disponibilidad pública, así como la divulgación de los reportes especializados con información estadística y de situación coyuntural de los mercados. La base de datos contiene series de oferta y demanda interna y externa por productos; serie de precios internos y de los principales mercados mundiales; información de coyuntura en la comercialización interna, etc.

• Se realizó el diseño y propuesta políticas de desarrollo regional, sectorial y rural, compatibilizándolas con las políticas macroeconómicas y la gestión sustentable de los recursos, coordinando la preparación de planes, programas y proyectos de inversión, identificando fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.
  

• Se realizaron estudios e investigaciones macro y microeconómicas para la formulación de políticas destinadas a evitar inequidades y/o corregir distorsiones estructurales en el sector agropecuario, en sus cadenas primaria y agroindustrial, tendientes al fomento de la competitividad e inserción externa de la producción nacional.
  

• En el caso de los productores agropecuarios primarios y de la industria agroalimentaria, se decidió otorgar beneficios impositivos directamente mediante el dictado de tres Decretos (Nº 935/2001, 1054/2001 y 1185/2001), que fijan los beneficios y dan los nomencladores de actividades alcanzadas.
  

El impacto de estas medidas se ve reflejado en la inscripción  en la AFIP  de aproximadamente 20.000 empresas, adhiriendo a los distintos convenios de Competitividad. En particular se debe destacar:

• Cárnico: Fideicomiso con participación del BICE y BNA, con bonificación de tasa de la SAGPyA y utilizando la figura del warrants como instrumento financiero.
  

• Algodonero, yerbatero, peras y manzanas: asistencia financiera no reintegrable por un monto de $ 10.000.000.
  

• Vitivinícola: arancel 0 para la importación de barricas y corchos (no se fabrican en el país) y eximición de impuestos internos.
  

• Arrocero: devolución de tributos para actividades sin valor agregado, como el arroz.
  

En materia pesquera, durante el año 2001:

• Se ha completado la certificación y puesta en marcha de 330 equipos de Monitoreo Satelital de a bordo, con la incorporación de guardias en el Centro de Control las 24 hs., los 365 días del año, con colaboración de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Con ello, se han optimizado y reabierto enlaces comunicativos con la PNA, la Armada Argentina (ARA) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
  

• Se ha concretado la fiscalización, registración y control de la captura y posterior exportación de la especie merluza negra, a efectos de que la misma se realice de conformidad a los documentos emanados por la Medida de Conservación 170/XVIII de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y su resoluciones reglamentarias.
  

• Se ha participado en la promoción y colaboración en la sanción de modificaciones para agilizar el procedimiento sumarial de la Ley 24.922, lo que dio origen a la Ley 25.470, promulgada el 26 de octubre de 2001. Esta ley establece con mayor precisión la jurisdicción provincial y nacional a efectos de la aplicación de la Ley Federal de Pesca, y contribuye a una mayor eficiencia, eliminando superposiciones que en el ejercicio del poder de policía, realizaban aquellas jurisdicciones.
  

En materia de Emergencia Agropecuaria, durante el año 2001, en el marco de la Ley 22.913 y su decreto reglamentario N° 581/97, se llevaron a cabo 12 (doce) reuniones ordinarias y 1 (una) extraordinaria de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.

Se han dictado 45 resoluciones conjuntas entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, que declaran a nivel nacional distintas situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario, beneficiando  aproximadamente a 40.000 productores.  Asimismo, se brindó asistencia financiera a través del Banco de la Nación Argentina, mediante una línea para refinanciación de pasivos. En virtud del convenio entre el BNA y la SAGPyA la tasa de interés es bonificada por esta Secretaría en un 25% si se trata de situaciones de emergencia y en un 50% si se trata de situaciones de desastre.

Cuando la gravedad de la situación lo requirió, se instrumentaron medidas especiales que permitieron establecer sistemas de ayuda de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, mediante los que se asistió, entre otros, a los pequeños productores que no tienen acceso a los beneficios bancarios, con subsidios en dinero o en insumos.

En el cuadro siguiente se detallan los montos y beneficiarios asistidos:

(1) Créditos para prefinanciar la faena de carne ovina de productores de Santa Cruz

(2) Banco de Ovinos para productores en emergencia

(3) Compensación económica para productores laneros minifundistas.

Se entregaron durante el año 2001:

Programa: Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria- Cambio Rural 

El objetivo del programa es aumentar los ingresos de los productores minifundistas carenciados y de los trabajadores agropecuarios. Los instrumentos utilizados para implementar esta estrategia concertada con las provincias y municipios son la asistencia financiera y técnica y la capacitación.

El crédito del programa fue de $ 2,2 millones, del que se devengó la totalidad del mismo.

Se comenzó el relevamiento in situ del Programa Cambio Rural  (CR) con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los grupos y personal técnico involucrado. Se relevaron hasta diciembre las pertenecientes a las Regionales Córdoba, Santa Fé, NOA y Misiones. Se continuará durante el 2002 hasta completar la totalidad del país.  Esta actividad de trabajo conjunto se definió luego de acordar la necesidad de tener una política conjunta en el área de Extensión y Desarrollo Rural entre INTA y CR. 

En cuanto al análisis de los grupos activos se segmentó la base de datos de grupos integrantes del Programa en función de su actividad. El número inicial de grupos considerados era de 1750 grupos. La tarea de análisis y segmentación mostró la presencia activa de un número de aproximadamente 500 grupos, un valor de 600 grupos con muy poca actividad y un número de 650 grupos que no existían como tales a la fecha.

Se contactó telefónicamente al 65% de los productores responsables de los grupos definidos como “activos” por el personal del INTA y CR. Este relevamiento confirmó la actividad de los grupos identificados con una diferencia no mayor del 10%. Este dato permite asegurar la existencia y trabajo activo de 546 grupos formales (5.200 productores) dentro del marco del Programa Cambio Rural durante el 2001.

Esta clarificación del número real involucrado permitió eficientizar y lograr transparencia en aspectos administrativos y económicos del Programa, logrando una mejor y más clara distribución de los fondos y también recuperar emprendimientos y acciones de los productores que al no estar comprendidas dentro del marco de “trabajo grupal” no estaban consideradas como resultado del Programa.

En cuanto a los grupos no activos se analizó en detalle la situación actual de los productores integrantes de grupos que no funcionan en la actualidad. En la mayoría de los casos los grupos han evolucionado a asociaciones,  emprendimientos de integración vertical y horizontal, exportación, compras y ventas en conjunto, integración institucional y con la comunidad, que pese a disminuir el número de grupos formales, constituyen un importante apoyo y son resultado del profundo cambio cultural producido por el Programa en el sector. 

La evaluación muestra un número de más de 10.000 productores integrados a la red de Cambio Rural a través de diferentes modalidades.

En materia de recursos humanos, el Programa contrata a 124 Agentes de Proyecto, 53 Técnicos de Apoyo y 73 Promotores Asesores. Este personal constituye los recursos humanos más modernos del área de extensión, su tarea trasciende al Programa Cambio Rural y se extiende al total del área de Extensión y Desarrollo Rural del INTA. Asimismo, el Programa mantiene los convenios institucionales con la Provincia de Santa Fé y la de Córdoba para el apoyo económico a los técnicos asesores de los grupos de Cambio Rural formados en sus jurisdicciones. En cuanto al Plan de Capacitación, se realizó una encuesta a productores y técnicos relacionados con el Area de Extensión y Desarrollo Rural del INTA con el objetivo de conocer los temas demandados prioritariamente en aspectos que hacen a la capacitación técnica y empresaria. Se obtuvieron más de 1200 respuestas. A la fecha del cierre del ejercicio, se está terminando su procesamiento para definir la priorización y dimensionamiento de las acciones de capacitación del año 2002. 

Programa: Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER-BIRF 4212) y Programa Social Agropecuario (PSA)

El crédito del programa fue de $7,8 millones del que se  devengó el 100% del mismo.

El Programa Social Agropecuario (PSA) cumple, dentro de las políticas activas aplicadas por esta Secretaría, el rol de ofrecer una respuesta concreta al sostenimiento del sector rural que se desenvuelve en condiciones de mayor pobreza en nuestro país. El programa promueve el incremento de los ingresos de los pequeños productores minifundistas y sus familias a través de mecanismos de acción participativos, en los que intervienen diversas instituciones locales, provinciales y nacionales.

El PSA y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) constituyen entidades diferentes pero que se complementan en función de alcanzar sus objetivos que son la atención y ayuda a los sectores rurales más pobres de nuestro país.

Las acciones ejecutadas en el año en el marco del PROINDER, corresponden exclusivamente al cumplimiento de compromisos contraídos en el ejercicio 2000 y que habían quedado pendientes de ejecución por una disminución del crédito presupuestario realizada en noviembre del 2000. Parte de los proyectos con pequeños productores con necesidades básicas insatisfechas, que habían sido aprobados en el ejercicio 2000 (dentro del crédito original) y que no pudieron ser financiados en ese momento,  fueron ejecutados durante el ejercicio 2001. Estos proyectos incluyen asistencia técnica de apoyo al grupo de productores, la que es incluida en el monto donado al grupo. Es decir que la donación al proyecto del grupo de productores incluye los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto productivo (hasta $1.500 por familia) y la asistencia técnica necesaria (por 1 ó 2 años, dependiendo del tipo de proyecto). En consecuencia, el convenio con el grupo es tripartito (familias, técnico y programa), delegando el grupo la administración de los recursos de asistencia técnica. Esta sólo se paga por orden del grupo. Este hecho hace que el PROINDER tenga compromisos exigibles que provienen del ejercicio anterior, siendo sólo administrador de los mismos. Las investigaciones que se mencionan en las metas se refieren al financiamiento de proyectos de investigación en tecnologías apropiadas para el tipo de productores con los que trabaja el PROINDER. Las mismas fueron seleccionadas por concurso público a fines del 2000. Tienen una duración de dos años y, en el ejercicio 2001 se financiaron sólo 32 de las 48 aprobadas, por falta de recursos presupuestarios. El apoyo a la formulación de políticas de desarrollo rural provincial se realiza en función de convenios con las provincias que han calificado para acceder a estos recursos. El convenio con las provincias incluye un cronograma de actividades que son financiadas desde el PROINDER. Si bien se firmaron dos nuevos convenios, ambos estaban aprobados desde el ejercicio anterior. Los cronogramas de ejecución con las provincias se vieron demorados por falta del crédito externo necesario. Si bien una observación de las cifras presentadas parece indicar que se ejecutó lo previsto, esta afirmación debe relativizarse seriamente.  En primer lugar, se cumplieron los pagos de contratos realizados en el ejercicio anterior. En segundo lugar, se retrasaron las fechas de inicio de los proyectos de investigaciones adaptativas para que las segundas cuotas se pagaran en el ejercicio 2002. Por último, en los convenios de apoyo a las provincias se cumplió sólo con las actividades mínimas. Todos estos problemas implicaron reprogramaciones y negociaciones que llevaron dedicación y tiempo de trabajo. Asimismo, la lentificación de la ejecución lleva a que se retrasen los efectos de los proyectos con pequeños productores pobres, ya que al no recibir los recursos en fecha acorde al calendario de cultivo y/o no poder pedir un nuevo proyecto para profundizar las acciones comenzadas, los resultados proyectados no se alcanzan.

Las acciones realizadas tienen, contradictoriamente, efectos positivos y negativos. Los positivos han sido que los productores han estado satisfechos con el cumplimiento del PROINDER dado que, si bien hubo retrasos, se cumplió con los acuerdos establecidos. Al ser uno de los pocos programas que actuó con cierto nivel de eficacia, la valorización del mismo ha sido mayor que la estimada por los ejecutores. Como efecto negativo, cabe señalar que la demanda insatisfecha respecto a lo  programado al inicio del PROINDER y publicitada en sus documentos, es muy alta, existiendo permanentes consultas y solicitudes de apoyo.

La asistencia técnica se brinda durante todo el año, a los productores beneficiarios, por lo tanto no tiene importantes variaciones mensuales.

En el marco del PSA, Las metas previstas que se presentan fueron las proyectadas en función de los recursos disponibles en el anteproyecto de Ley de Presupuesto. Estas metas no se condicen con las expectativas y demandas existentes por parte de los pequeños productores minifundistas. Este hecho se comprueba con las distintas gestiones que representantes de los productores realizaron  para aumentar los recursos disponibles e inclusive las gestiones que realizó la SAGPyA para aumentar la disponibilidad de los mismos. En la programación del PSA se previó alcanzar a 7.490 productores y 1.012 nuevos grupos, ya que el PSA también debiera brindar recursos complementarios a los que se otorgan por el PROINDER. Cabe aclarar que el PROINDER financia inversiones (capital fijo) a los grupos de productores y sus proyectos requieren de capital de trabajo para su funcionamiento, financiamiento que está previsto que el PSA lo provea como recurso complementario. En este sentido, los recursos que dispuso el PSA no permitieron acompañar adecuadamente las inversiones financiadas por PROINDER.

Dada la historia y el reconocimiento que tiene el PSA en el ámbito rural, un hecho que permitió cumplir en alguna medida con las metas propuestas fueron las relaciones interinstitucionales existentes, que permitieron utilizar algunos pequeños recursos provenientes de otros Programas que carecen de la estructura necesaria para llegar a pequeños productores minifundistas.

Se modificaron los montos a otorgar a las familias, para poder acompañar los procesos de desarrollo grupal y no poner en riesgo los avances que se venían realizando. Este punto no puede ser leído positivamente ya que significa disminuir los posibles impactos de las acciones del Programa en el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Las incertidumbres producidas, no sólo por los escasos recursos presupuestarios disponibles, sino por la discontinuidad de las transferencias y las disminuciones de las mismas (se transfirió menos de un tercio de lo previsto), llevaron a que la asistencia técnica prestada a los grupos se restringiera  o  discontinuara. 

En un contexto  como el existente, con situaciones de desempleo urbano y carencias alimentarias, las acciones realizadas han tenido reconocimiento por los pequeños productores atendidos, ya que, al menos, han contado con algunos pequeños recursos para producir bienes de autoconsumo y vender algunos productos.

La cifra de cantidad de productores con asistencia técnica brindada por el PSA representa un valor máximo correspondiente a los primeros meses del año. En el mes de diciembre, llegaba a 6.500 productores.

Programa: Promoción del Comercio y Producción de Semillas

El programa  de Promoción del Comercio y Producción de Semillas ( ex INASE), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,  es el encargado de garantizar la disponibilidad, identidad y calidad de la semilla que adquiere el productor agropecuario, lograr la transparencia del mercado, tanto de la semilla de origen nacional como la importada, combatiendo a los competidores desleales. También es responsable de estimular el desarrollo de la actividad de fitomejoramiento.

El programa se encuadra en el cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Su objetivo es mejorar la eficiencia y efectividad de las explotaciones rurales ofreciéndoles una garantía en cuanto a la disponibilidad, identidad y calidad de la semilla que adquieren, como así también la defensa de los derechos de los creadores de nuevas variedades.

-en pesos y magnitudes físicas-

El desvío negativo en la certificación de semillas obedeció a la actualización de pedidos anteriores de certificación para especies híbridas que habían sido postergados.

La menor cantidad de inspecciones realizadas para el control de la calidad de productos, se originó como consecuencia de llevar a cabo dichas inspecciones en las firmas semilleras, por lo cual la inspección de cada lote sembrado insumió mayor cantidad de tiempo, que impactó negativamente en el número de firmas inspeccionadas.

Asimismo, el otorgamiento de títulos de propiedad intelectual mostró un desvío negativo originado en la nula ejecución del primer trimestre, posteriormente se produjo la regularización de la firma y una mayor respuesta de los solicitantes de inscripción.

La mayor cantidad de análisis de calidad de semillas registrada obedeció al incremento de las cantidades así como a la implementación de nuevos controles de calidad.

Asimismo, entre otras actividades que realiza el programa, durante el año 2001 se realizaron las inspecciones de comercio programadas, apoximadamente 1.000 firmas inspeccionadas, constatando rotulado y realizando muestreos para verificar la calidad de la semilla. Paralelamente se hicieron controles en rutas, con apoyo policial, verificando lo transportado en vehículos de cargo. Esto se llevó a cabo en cruces de rutas del sur de Santa Fe,  norte y sudeste de Buenos Aires.

También se procedió a la notificación de 2000 productores de trigo y 8.000 de soja, para que sobre la base de datos aportados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), informaran sobre el origen de la semilla utilizada en sus siembras.

Se emprendió además un muestreo intensivo de la semilla de soja fiscalizada, dado los problemas de calidad ocasionados por las adversidades climáticas.

Programa: Atención al Estado de Emergencia por Inundaciones

Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por  las Inundaciones PROERZAI – SAGPyA- Componente Agropecuaria- Préstamo BID 1118/OC-AR SAGPyA es Coejecutor de la Componente de Infraestructura Agropecuaria, según el Convenio Nº 11/98 acordado entre SAGPyA y Jefatura de Gabinete de Ministros (23/9/98)

Dicho  programa se desarrolla como consecuencia del fenómeno de “El Niño”, en 1998, cuando graves inundaciones afectaron el territorio y en particular las provincias de la región noroeste de la República Argentina. Tales circunstancias motivaron la gestión de un crédito de cooperación, para mitigar los efectos en las zonas afectadas por las inundaciones, así como para emprender la reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura que resultó dañada.

A continuación se sintetiza la labor desarrollada en el año 2001:

• Durante el año  2001 el PROERZAI - SAGPyA continúo la supervisión  y el control de la ejecución de las 39 obras,  finalizando en el transcurso del año, 28 de ellas.
  

• Se llevó a cabo exitosamente la renegociación  de los contratos de las obras en ejecución, para dar cumplimiento a la Ley de Déficit Cero, reglamentado por el  Decreto Nº 1060, sin que se rescinda ninguno de ellos. No se han firmado todas las Addendas por demoras en el trámite de los expedientes respectivos.
  

A efectos de poder evaluar la importancia de los emprendimientos se adjunta cuadro, donde se puede verificar
el mejoramiento de las áreas y su recuperación económica.

• Se informa que por razones presupuestarias y a la espera de la aprobación de la Addendas que condicionaban el pago de los certificados emitidos con posterioridad al  31 de junio de 2001, el avance físico resultó menor al previsto.
  

• En el Plan de Acción  2001, se presentó una serie de proyectos priorizados, para promover su licitación y ejecución durante el presente año, pero como resultado de la crisis actual, se postergó para el 2002 su concreción, tal el caso de Azud La Niveladora , preadjudicada en la Provincia de Santiago del Estero; Limpieza y Reactivación del Sistema Polvorín-Palometa licitado  y en proceso de adjudicación, y Limpieza y Reactivación del Río de Oro en análisis, ambas en la Provincia de Chaco.
  

• A través de una ratificación del Convenio vigente con la Unidad Coordinadora de Préstamos con Financiación Externa,  esta Unidad Sub Ejecutora del  Programa  resultará Coejecutora de las obras mencionadas arriba, por resultar proyectos de esta componente, licitados desde el Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
  

A continuación se muestra el cuadro de ejecución de la inversión realizada por el programa:

Se cuantifican los beneficios identificados por los Subejecutores, en la presentación de los proyectos, evaluados a un precio actual en base a un mix de producción.

• Secretaría de Energía y Minería

Programa: Formulación y Ejecución de la Política Geológico- Minera

El objetivo del programa es potenciar la minería en todas sus etapas contribuyendo al desarrollo del país. Dado que los recursos mineros pertenecen a las provincias, una de sus actividades consiste en buscar y lograr consenso con los gobiernos provinciales sobre el desarrollo de la visión estratégica del sector minero en su conjunto. Asimismo, se encarga de monitorear el accionar del sector y los impactos socio-económicos que provoca.

El crédito asignado al programa fue un 66,4% menor al del año anterior, mientras que el monto devengado a lo largo del ejercicio disminuyó en un 64,2% con respecto al año 2000.

-en pesos y magnitudes físicas-

Los desvíos con respecto a lo programado que se observan en las auditorías realizadas a empresas inscriptas en el régimen minero se originan en una disminución de la actividad por parte de las empresas del sector. Por su parte, los desvíos en las exenciones impositivas y arancelarias a inscriptos en el régimen de inversiones mineras se deben a una menor presentación de solicitudes por parte de las empresas del sector, motivada por una retracción en la inversión de bienes de capital.

Cabe destacar que, durante el año 2001 y en el marco del Programa Huellas Mineras para pequeños productores, se ejecutaron las huellas correspondientes a las provincias de Mendoza, San Juan, Salta y La Rioja, coordinando así con los diversos sectores del gobierno nacional, gobiernos provinciales y autoridades municipales, el mejoramiento de la infraestructura existente.  Se trasladaron para el ejercicio 2002 las huellas correspondientes a las provincias de Santa Cruz y La Pampa.  Asimismo, se logró un acuerdo con las autoridades mineras de cada provincia para dinamizar las economías regionales, aunque las dificultades financieras obstaculizaron su oportuna instrumentación.

Programa: Formulación y Ejecución de la Política Energética

Las actividades a cargo de la Secretaría de Energía y Minería hacen al cumplimiento de lo establecido en la Ley N°24.065 y el Decreto N°756/97 en cuanto al rol del Estado en el seguimiento del mercado eléctrico y en la determinación de los posibles escenarios de desarrollo del sector, desde una perspectiva abarcativa de la problemática energética.

La Secretaría de Energía y Minería es la contraparte técnica de los acuerdos de carácter internacional que el gobierno argentino suscribe en el campo energético.  Es de destacar que, con fecha 25 de octubre de 2001, se verificó la firma de un acuerdo entre los secretarios de Energía y Minería de la República Argentina y de Energía de la República Federativa del Brasil, promoviendo la creación de una Comisión Bilateral Permanente en materia de energía.  El mismo se refiere a los temas de mercado, operación del sistema, regulación, financiación, compatibilización del enfoque basado en el planeamiento presente en Brasil y el enfoque basado en la libre iniciativa privada predominante en Argentina, y proyectos bilaterales.

Área de Energía Eléctrica

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (C.F.E.E) lleva a cabo actividades que hacen a la administración y control de los fondos del sector eléctrico provincial, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes Nº 15.336, Nº 23.966 y Nº 24.065. En este sentido se trabajó sobre el Reglamento del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, el Reglamento de Aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), el Reglamento de Aplicación del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) en obras, auditorías técnicas y administrativas, estudios para la revisión de los índices repartidores, la presentación institucional en Internet, conexión en tiempo real con las jurisdicciones provinciales y la elaboración de un Anuario.

Asimismo, se brindó asesoramiento y consultoría al Poder Ejecutivo Nacional, a las provincias en las cuales se efectuó la privatización del servicio, a los entes reguladores (en la capacitación necesaria para llevar adelante el modelo regulatorio actual) y también a las provincias en proceso de privatización de los servicios públicos eléctricos en donde se las asesoró en los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de dicho proceso. Asimismo, se desarrollaron programas de capacitación y actualización para los consejeros representantes de las jurisdicciones provinciales.

Durante el año 2001, el C.F.E.E. aprobó 104  obras e inversiones, distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, ascendiendo el total aprobado a $ 79,9 millones. En cuanto a los préstamos otorgados durante el año sumaron $ 2,9 millones y fueron repartidos entre 10 beneficiarios pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.  De acuerdo con las resoluciones C.E.Nº 267, 268 y 314 se ha implementado, tanto para los beneficiarios de los fondos FEDEI como para las autoridades de aplicación de los mismos en lo que hace a la ejecución de obras en las jurisdicciones provinciales, un sistema denominado “Cuenta Especial”, apuntando así al cumplimiento estricto de la utilización de los fondos.

Los recursos transferidos a provincias, provenientes de fondos específicos, fueron predominantemente aplicados a programas de electrificación rural, y en menor escala a obras de distribución urbana, subtransmisión y generación aislada. En los últimos años algunas jurisdicciones están aplicando los recursos del FEDEI en obras de acceso al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en 500 kV. La parte de los recursos FEDEI destinada a préstamos se canalizó casi exclusivamente al sector cooperativo con destino a obras de electrificación rural y en menor escala de distribución urbana. En tanto el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales se destinó a compensar diferencias de costos en los mercados eléctricos provinciales.

Con respecto al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) Préstamo BIRF 4454-AR/Donación GEF TF20458-AR, el mismo busca asegurar el suministro eléctrico básico (iluminación y comunicación social) a más de 70.000 viviendas rurales y aproximadamente 1.000 servicios públicos, alejados de los mercados abastecidos por redes. Dada la distribución espacial dispersa de la población rural, se prevé brindar la mayoría de los servicios mediante sistemas individuales a partir de energías renovables, localmente distribuidas.

Para la implementación del proyecto se definieron los servicios eléctricos que requiere la población rural dispersa en el marco de concesiones a empresas que provean equipos, servicios de conexión y mantenimiento de los sistemas. El PERMER provee subsidios para la instalación de los sistemas.

El proyecto tendrá una inversión total estimada en $120 millones, la cual será financiada con recursos locales (subsidio del gobierno nacional financiado con un préstamo del Banco Mundial de $30 millones, consumidores --alrededor de 10 % del costo de los equipos e instalaciones-- y Fondos Eléctricos), aportes de los concesionarios y una donación del GEF (Global Environment Facility) de $10 millones.

Durante el año 2001 se dieron avances importantes en la ejecución del proyecto, que se evidencian en:

• la incorporación de un mayor número de provincias al PERMER mediante la firma de convenios de participación,
  

• la implementación efectiva del proyecto en la provincia de Jujuy,
  

• el proceso licitatorio para la compra del equipamiento a instalar en 41 escuelas rurales de la provincia de Tucumán,
  

• la firma de acuerdos de implementación entre provincias y concesionarias para la provisión del servicio eléctrico al mercado eléctrico disperso, y
  

• la firma de un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación con el objetivo de realizar tareas conjuntas orientadas a la concreción del mejoramiento de la educación a nivel nacional mediante la erradicación de escuelas sin servicio eléctrico. 
  

Con respecto a este último punto, el convenio firmado con la Subsecretaría de Educación Básica del Ministerio de Educación prevé el abastecimiento de electricidad con sistemas fotovoltaicos en escuelas rurales que no cuenten actualmente con electricidad.  Los estudios realizados en forma conjunta detectaron alrededor de 1.800 escuelas en esta situación en distintas provincias.  Los montos para esta instalación son aportados en un 25% por el PERMER y en un 75% por el Ministerio de Educación, sin necesidad de aportes por parte de las provincias.

Es importante señalar que el proyecto ha sufrido durante este año una fuerte restricción presupuestaria generando retrasos en la ejecución, y que la demora inicial en la entrada en vigencia del préstamo provocó un desfasaje de medio año en relación con la programación inicial de desembolsos.  Asimismo, la eficiencia en la ejecución de este proyecto depende no sólo de la Unidad Coordinadora del Proyecto, sino también de los gobiernos provinciales, concesionarios y otros.

En lo referente a la asistencia técnica se efectuaron 2 estudios de mercado, se realizó el manual de costos de la prestación de servicios eléctricos mediante el aprovechamiento de la radiación solar, y se difundieron las actividades del PERMER en las Jornadas Nacionales sobre Energías Renovables en Areas Rurales.

Area Combustibles

En el sector gasífero, las exportaciones de gas natural adquirieron una importancia creciente alcanzando en el año 2001 un monto del orden de los U$S 310 millones, que implican un incremento respecto al año 2000 del orden del 56%. El volumen exportado ascendió a 6.051 MM m³, representando un aumento del 30% respecto del año 2000.

La Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos interviene en todo el proceso de análisis de las solicitudes de autorización de exportaciones de gas natural y, posteriormente, en el seguimiento de la ejecución de los contratos. En este marco, corresponde mencionar que en el transcurso del año 2001 se incorporaron 2 nuevas autorizaciones: una para Pan American Energy con destino a Electroandina (Chile) por un volumen de 200.000 m³ diarios y por un plazo de 10 años; otra para Pan American Energy – Wintershall con destino a Uruguay, con un volumen de 1.750.000 m³ diarios por un plazo de 15 años.  Otro aspecto importante a destacar es la construcción iniciada durante el año 2001 del gasoducto subfluvial que atraviesa el Río de la Plata, uniendo las localidades de Punta Lara (Argentina) con Colonia (Uruguay).  La autorización de exportación otorgada es por un volumen diario de 1,75 MM de m³, quedando en trámite 3,25 MM de m³.  De esta manera, a partir de abril de 2002, se entregará a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE, sociedad del Estado uruguayo) gas natural procedente de Cruz del Sur (Isla de Tierra del Fuego).

Es dable señalar que en la actualidad se encuentran operando 18 autorizaciones en total, 16 con destino a Chile, 1 con destino a Uruguay y 1 con destino a Brasil, que se realizan a través de 9 conexiones por ducto en operación que transportan el gas desde las tres principales cuencas gasíferas: Neuquina, Austral y Noroeste.

En cuanto al sector petróleo y derivados se participa en el monitoreo permanente de los precios del crudo y de los principales mercados de subproductos, a la vez que se ha logrado mejorar los indicadores existentes en materia de precios internacionales y paridades de importación y exportación. Esto se concreta a través de la publicación del Boletín de Precios mensual y la información recopilada a través de cámaras empresarias sobre mercado mayorista de gas oil.

Respecto al sector empresas, la Dirección Nacional lleva adelante la elaboración del informe económico financiero de las empresas interesadas tanto en la adjudicación directa como en el caso de las cesiones de áreas. Durante el año 2001 se dictaron las decisiones administrativas que autorizaron 36 cesiones de áreas.  El proceso de cesiones se completa a través de la toma de razón y archivo de las escrituras públicas de cesión de áreas.  De esta manera, durante el ejercicio bajo análisis se presentaron 9 escrituras públicas.  Asimismo, se trabajó en la recepción, verificación, control y remisión en custodia de las garantías correspondientes a mantenimiento de oferta, cumplimiento de trabajos exploratorios (totalizando 24 presentaciones por ambos conceptos), obras por aprovechamiento de gas venteado (3 garantías presentadas), registro de empresas auditoras de seguridad (se verificaron garantías presentadas por 17 empresas) y garantía de cumplimiento de obligaciones fiscales (2 garantías presentadas).  Estas garantías constituyen un reaseguro para el Estado Nacional como forma de prevenir eventuales perjuicios contra las arcas fiscales por acciones de terceros, así como también un instrumento ejecutivo, ante posibles resarcimientos que se tuvieren que realizar a favor de la Administración Pública, por incumplimientos de los concesionarios y/o permisionarios.

Las tareas de control y fiscalización del canon hidrocarburífero permitieron recaudar $16,2 millones por ese concepto, donde $12,9 millones correspondieron a explotación y $3,3 millones a exploración.

Asimismo, durante el transcurso del año 2001 se emitieron 24 certificados de libre deuda por los tributos emanados de la Ley Nº 17.319, suscritos por la autoridad de aplicación de acuerdo a la solicitud de los titulares de permisos y/o concesiones. En cuanto al cumplimiento de las regalías hidrocarburíferas, el mismo es informado por la Dirección Nacional de Recursos Hidrocarburíferos y Combustibles previa verificación con la provincia correspondiente.  Estos certificados son requeridos por los escribanos del registro al momento de la confección de las respectivas escrituras que inscriben los cambios en la titularidad de las áreas.

Adicionalmente, se procedió a verificar el correcto cumplimiento del cronograma de inversiones y su realización para la complementación y remodelación de sus instalaciones, dentro del área de hidrocarburos de una compañía integrada, de acuerdo al cronograma establecido por el decreto 1920/94. En el caso de Sol Petróleo S.A. se verificaron un total de inversiones aprobadas por un monto de $25,3 millones, mientras que en lo que respecta a Destilería Argentina de Petróleo S.A. las mismas fueron de $ 7,3 millones. Se realizaron auditorías contables a ESSO S.A.P.A. a los efectos de verificar los informes periciales en los autos ESSO S.A.P.A. C/Estado Nacional (MeyOySP) s/Juicio de Conocimiento, y se prestó asesoramiento técnico a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en distintos juicios contra el Estado Nacional.  Se trabajó en el sistema estadístico Sesco y en el boletín de precios del Mercosur.  Se elaboraron los informes técnicos destinados a la asistencia en la resolución de recursos de alzada contra las decisiones administrativas del ENARGAS y otros relativos a requerimientos de información concerniente al sector hidrocarburífero provenientes de diversas áreas del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, Poder Legislativo Nacional y/o Provincial y Juzgados.  Asimismo, la Comisión de Fiscalización del Complejo Carbonífero Río Turbio, en cumplimiento de sus funciones de asesoramiento a la autoridad de aplicación de los contratos de concesión y usufructo, realizó durante el ejercicio 2001 diversos trabajos de auditoría, incluyendo la confección de 16 actas de control, labradas en las instalaciones de Río Turbio, Río Gallegos y Punta Loyolas.  En base a estos informes, se efectuó la retención al concesionario por incumplimientos contractuales en materia de Plan de Desarrollo Minero, por la suma de $ 16,3 millones del monto correspondiente al subsidio anual.  Esta medida se cumplió parcialmente durante el año 2001.

En lo referente al  control de calidad de los combustibles y registro de empresas petroleras, se produjo la reinscripción anual y el estudio de nuevos legajos correspondientes a 28 empresas, concretando 15 inscripciones en las distintas categorías.  Se continuó, asimismo, con el Plan Nacional de Verificación de Combustibles, realizándose 500 inspecciones mensuales a bocas de expendio.  Con este control, se logró disminuir en forma sustancial la detección de novedades de calidad en los productos muestreados, aplicándose las sanciones correspondientes a los responsables de estos hechos.

En materia de protección ambiental se trabajó en el análisis y evaluación de los estudios ambientales, informes anuales de monitoreos de obras y tareas y planes de contingencias, en el seguimiento y control del aventamiento de gas, en el relevamiento de piletas, en el registro y seguimiento de incidentes contaminantes, en la coordinación con el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), y en la coordinación con las provincias para el control de la actividad hidrocarburífera en materia de protección ambiental.  Cabe aclarar que, con respecto al registro y seguimiento de incidentes contaminantes, en el 2001 se recibieron informes correspondientes a 2.240 incidentes con afectación de recursos.  Entre estos, se realizó el seguimiento de los de relevancia, en lo que hace a los motivos que los causaron y las medidas de saneamiento de los recursos puestos en marcha.

En cuanto al área regalías se continuó con la recepción mensual de las declaraciones juradas de liquidación y pago de regalías hidrocarburíferas, el análisis y resolución de conflictos existentes entre provincias y concesionarios con el dictado de disposiciones, la verificación de cumplimiento del ingreso de los montos de regalías percibidos por el Estado Nacional por la puesta en producción fuera de las 12 millas marinas de la Plataforma AM 6 en el Area Magallanes, el procesamiento de la información existente de los primeros años de desregulación a efectos de posibilitar el ingreso de la misma a una base de datos de regalías /SESCO y la elaboración del informe mensual de regalías por provincia y cuenca.

En cuanto a la explotación racional de yacimientos se consolidó la aplicación de los convenios con las provincias productoras de hidrocarburos, realizando tareas coordinadas y conjuntas entre las autoridades nacionales y provinciales sobre el control y fiscalización de concesionarios de explotación. Así también, se continuó incorporando nuevas áreas de exploración, a fin de ser licitadas en concurso público internacional, contándose a la fecha con 185 áreas en licitación permanente.

En materia de explotación, fueron otorgadas 8 nuevas concesiones, producto de nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas en áreas de permisos de exploración.  La distribución es la siguiente: 3 áreas en la Cuenca Austral, 1 área en la Cuenca Austral Marina, y 4 áreas en la Cuenca Neuquina.  Se encuentran en trámite de adjudicación 11 nuevas concesiones de explotación. Por otra parte se evaluó y se realizó el seguimiento de los niveles de producción de las 218 concesiones de explotación de petróleo y gas, ubicadas en las 5 cuencas productivas del país.  Se tramitó la restitución de la concesión de explotación Los Tordillos Oeste, en la provincia de Mendoza, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales y el estado ambiental en conjunto con las autoridades de la provincia de Mendoza.  Asimismo, se tramitaron y analizaron autorizaciones de cesiones de derechos y en garantía de diversas concesiones de explotación y permisos de exploración.

En materia de exploración, en el año 2001 se llevaron a cabo 6 rondas licitatorias, de las cuales 2 resultaron con ofertas y las restantes desiertas. Estas ofertas se recibieron por áreas de exploración que se ubican en la Cuenca Neuquina y en la Cuenca del Noroeste. En ambas se comprometieron inversiones por un monto de U$S 5,7 millones. Por otra parte se efectúa el contralor de las actividades de 58 permisos de exploración en actual operación en el país, acreditando la realización de unidades de trabajo comprometidas, presentación de garantías de los mismos, información de nuevos descubrimientos de hidrocarburos y reversiones de áreas.

En lo referente al venteo de gas, durante el año 2001 se analizaron y tramitaron 17 solicitudes de excepción a los límites permitidos de venteo de gas, encontrándose en trámite 8 excepciones más.  Cabe destacar que, en la actualidad, nuestro país se encuentra entre los que menos porcentaje de relación gas producido – gas venteado tienen en el mundo (1,38 %), siendo esta situación un importante logro alcanzado, producto de una inversión de $567 millones en obras directas de aprovechamiento, que significaron la captación de más de 15.000.000 m³/día que, de lo contrario, se habrían emitido a la atmósfera.

En cuanto a las reservas, durante 2001 se elaboró el informe estadístico denominado Anuario de Reservas de Petróleo y Gas de la República Argentina, al 31 de diciembre de 2000.  Las cifras que se publican resultan certificadas y elaboradas bajo los mismos conceptos y uniformidad de criterios con los que se trabaja internacionalmente.

En materia de abandono de pozos, durante el ejercicio bajo análisis se verificó el cumplimiento de la normativa al respecto que se encuentra vigente.  Se realizó el seguimiento de los trabajos de abandono realizados durante la prórroga otorgada a las concesiones de explotación Campamento Central – Cañadón Perdido y Bella Vista Oeste en la Provincia de Chubut, analizando los casos particulares de pozos de difícil localización debido al crecimiento urbano.

En cuanto al transporte y almacenaje de hidrocarburos, el transporte de crudo por oleoductos tarifados alcanzó los 52 MMm³ lo que significa, en función de las tarifas de transporte existentes, un movimiento de U$S 267 millones. Los volúmenes transportados por poliductos estuvieron en el orden de los 8,8 Mm³ de productos derivados, significando un monto de aproximadamente U$S 29 millones. En las terminales marítimas, la carga de buques tanque destinados al mercado doméstico fue de 31 MMm³. De esta forma la actividad refleja un movimiento de U$S 48 millones en concepto de uso de boyas.  Durante el año 2001 se otorgaron 4 concesiones de transporte de gas. Asimismo, se desarrolló la mayor parte de la construcción del oleoducto de 160 km de longitud correspondiente al denominado Proyecto Tigre, cuyo objeto será alimentar la refinería de la empresa ESSO en Campana, el cual tiene como fecha de entrada en funcionamiento el mes de abril de 2002.

• Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor
  

La Secretaría de la  Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor tiene como objetivo principal efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la defensa de la competencia. Asimismo, debe entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios.

En cuanto a la política de desregulación tiene como misión entender en la propuesta, seguimiento y control de aplicación de la política de desregulación en todos los ámbitos de la actividad económica, tanto en lo concerniente a la propia gestión de la administración, a las actividades del sector privado sujetas a regulación, así como también a la asistencia técnica en materia de desregulación en otras jurisdicciones.

En función de los objetivos de política, antes mencionados,  la Secretaría desarrolló las siguientes acciones:

• Se dio inicio al seguimiento del mercado de la Medicina Prepaga. Simultáneamente, se dio continuidad a las actividades de recopilación, sistematización y difusión de información relevante en los mercados de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones- AFJP, Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios, Créditos Prendarios, Seguros Automotores, Servicios Educativos Privados, Medicamentos.
  

• Se  realizó la investigación sobre las expensas pagadas en la ciudad en relación a las características de los edificios involucrados. Los resultados del estudio se publican en Internet y en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires.
  

• Se efectuaron investigaciones sobre controversias particulares en relaciones de consumo. Se iniciaron estudios técnicos referidos a casos de singular relevancia para grupos importantes de consumidores damnificados.
  

• Durante el año 2001 se destinaron fondos para la contratación de especialistas para el estudio y análisis de determinados mercados, a saber: oxígeno líquido, expensas, telefonía celular, distribución de energía eléctrica y combustibles líquidos, entre otros.
  

• Se brindó asistencia técnica y capacitación a Gobiernos Provinciales y Municipales. Mediante el dictado de talleres y seminarios se ha coadyuvado al fortalecimiento institucional de las áreas dedicadas a la defensa del consumidor en las provincias, transmitiendo la experiencia recogida a nivel federal.
  

• En cuanto a las políticas de difusión, las mismas fueron llevadas a cabo en la vía pública mediante afiches que difunden la línea telefónica gratuita de asesoramiento, en los medios masivos tanto a través de la participación directa de funcionarios en programas televisivos y radiales como a través de informes de prensa y en la publicación de la revista institucional “Temas del Consumidor”.
  

Programa: Definición de Políticas de Comercio Interior

A través de este programa se fomentó el desarrollo de mercados competitivos como también la defensa del consumidor.  En el primer caso se establecieron metas puntuales tendientes a mejorar la calidad y abaratar el acceso a la información publicando periódicamente precios claves de la economía, logrando un mejor funcionamiento del mercado de que se trate. Asimismo, se han hecho investigaciones de oficio en los mercados de expensas, servicios postales, transporte, leche e insumos hospitalarios entre otros; como así también se ha brindado asistencia técnica a las provincias con el fin de que éstas fomenten conductas competitivas en sus territorios.

En busca del segundo objetivo se intentó dar cumplimiento a las Leyes N° 22.802 de Lealtad Comercial, 19.511 de Metrología Legal y 24.240 de Defensa del Consumidor. Se continuó con los Tribunales Arbitrales de Consumo para resolver controversias que se suscitan en materia de relaciones de consumo.

A través de las metas físicas ejecutadas, se muestra a continuación el desempeño durante el período:

-en pesos y magnitudes físicas-

Dadas las restricciones presupuestarias del presente ejercicio se debió prestar solamente asistencia técnica a provincias cercanas a esta jurisdicción. Asimismo, pudieron efectuarse las transferencias a las asociaciones de defensa de los consumidores establecidos por el art. 62 de la Ley N° 24240. En conformidad a la ley vigente en la materia, se registró una asociación más. Se colabora para que estas ONGs defiendan los derechos de los consumidores y también que los capaciten y los hagan conscientes de sus derechos como tales.

En cuanto a la verificación de instrumentos de medición, se hace saber que el desvío corresponde a la combinación de factores tales como la necesidad de orientar esfuerzos a operativos que no involucran la verificación de instrumentos de medición, a la redistribución de tareas  del personal actuante y a la insuficiencia de viáticos para  que los inspectores desarrollen sus actividades en el interior del país. Debido al aumento de denuncias recibidas y a la realización de operativos que llevan un menor tiempo en su ejecución, se produjo un incremento en los operativos sobre Lealtad Comercial. En relación a la instrucción de sumarios a empresas cabe aclarar que las cantidades corresponden a  los sumarios resueltos. Las publicaciones tendientes a difundir la información relevada por las distintas Direcciones con el fin de hacer más transparente las transacciones y brindar mayor y mejor información a los consumidores pudieron realizarse sin inconvenientes.

Programa: Defensa de la Libre Competencia

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, es el órgano creado por la Ley Nº22.262 para asegurar que, en los mercados no regulados, las conductas anticompetitivas sean investigadas y sancionadas con independencia y solvencia profesional, garantizando el correcto funcionamiento de los mercados y la libre competencia. En procura de esos objetivos la Comisión Nacional durante el año 2001 desarrolló sus servicios según se detalla a continuación:

-en pesos y magnitudes físicas-

A partir de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia sancionada durante 1999, se incorporó una nueva actividad consistente en el control de las principales operaciones de concentraciones económicas.

La cantidad  de trámites ingresados por denuncias de conductas anticompetitivas, así como también el análisis de fusiones ingresadas, requirió en su mayoría la realización de estudios de mercado. Fue así que esta meta superó ampliamente lo programado para el 2001. En cuanto al análisis de fusiones ingresadas, se destaca la disminución de la cantidad de trámites resueltos durante el año con relación al 2000. Los motivos principales fueron las modificaciones introducidas en la Ley N° 25.156 a través del Decreto N° 396/01, respecto a los umbrales de notificación, y a la coyuntura económica imperante.

En el caso de audiencias públicas y la autorización de prácticas complejas, al postergarse los plazos para la creación del nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia, quedó sin efecto la ejecución de estas metas que se derivan de su aplicación.

Por último, cabe mencionar que las restricciones presupuestarias  establecidas durante el año 2001 resintieron la realización de seminarios de difusión institucional que la Comisión Nacional celebra anualmente con organismos internacionales.

Las metas referidas a las Audiencias Públicas, Dictámenes Simples y Auditorías a Empresas fueron subejecutadas debido a que los recursos humanos se destinaron al cumplimiento de otras prioridades, a saber: Dictámenes Complejos, Estudios de Mercado y Análisis de Fusiones y Adquisiciones. Estos últimos, al constituir una tarea relativamente nueva, presentan una gran sobreejecución originada en dificultades para estimar con anterioridad la demanda de solicitudes. Asimismo, durante el período no se registraron solicitudes de Autorización de Prácticas Comerciales Determinadas.

• Secretaría de Política Económica

Programa: Política Económica

El programa tiene como objetivo seguir la evolución y analizar las tendencias de la economía en sus aspectos macroeconómicos, el seguimiento de la economía global sectorial y regional y la elaboración de instrumentos para la programación de la política económica, elaborar las Cuentas Nacionales, Internacionales y los indicadores de coyuntura. Asimismo, establece las prioridades para los proyectos de inversión pública y los programas de financiamiento externo, como también el seguimiento actualizado del plan anual de inversión.

El crédito vigente asignado para el ejercicio fiscal fue de $12,3 millones del que se devengaron $10,4 millones. Debido a que dicho programa no cuenta con metas físicas se detallan a continuación las tareas realizadas por las distintas Direcciones durante el 2001.

Dirección Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas

• Elaboración y publicación periódica, en forma impresa y  en Internet, del “Informe Económico Trimestral, en sus versiones en castellano y en inglés.
  

• Ampliación, actualización permanente y publicación en Internet de una amplia base de datos que contiene series económicas de la Argentina.
  

• Elaboración y publicación de las proyecciones macroeconómicas y de la balanza de pagos plurianuales.
  

• Revisión y actualización de los modelos de predicción del estimador mensual industrial (EMI) que elabora el INDEC y que constituyen un insumo para las proyecciones del producto interno bruto de corto plazo.
  

• Actualización de las estimaciones de la contribución al crecimiento de la productividad total de los factores y de la tasa de crecimiento del producto potencial de la economía argentina.
  

• Estimaciones del stock de capital reproductivo y no reproductivo de la economía argentina.
  

• Actualización de los estudios metodológicos para la elaboración de indicadores compuestos del ciclo económico.
  

• Estimación y análisis  de la evolución  de los componentes cíclicos y de tendencia de los principales agregados industriales y macroeconómicos.
  

• Presentación de informes sobre la relación entre las medidas de competitividad elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y la paridad cambiaria real.
  

• Diseño de modelos para la explicación y predicción de las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, de las exportaciones de manufacturas de origen industrial y de las importaciones de bienes.
  

• Análisis de la sostenibilidad de la cuenta corriente del balance de pagos.
  

• Participación activa en el MERCOSUR a través del cumplimiento de las tareas realizadas en el ámbito de  grupos y comisiones.
  

• Presentación de artículos que analizan los resultados de las variables ocupacionales y  los resultados de pobreza e indigencia en el Gran Buenos Aires, los cuales han sido publicados en el Informe Económico.
  

• Se ha continuado con las estimaciones de la intensidad laboral, medida en cantidad de horas trabajadas, con el objeto de obtener mediciones de la evolución de la productividad en los sectores transables y no transables.
  

• Actualización de las series referidas a indicadores de distribución del ingreso como niveles, medidas de desigualdad y de participación de ingresos. Se cuenta con distribuciones de ingreso para el total de aglomerados de los hogares ordenados por ingreso total familiar, ingreso per capita familiar e ingreso por adulto equivalente.
  

Dirección Nacional de Inversión Pública

• Análisis de la evolución de la inversión pública en el quinquenio 1996-2001.
  

• Apoyo técnico e institucional a los distintos organismos de la Administración Nacional responsables de la inversión pública, como así también a las Provincias que lo han solicitado.
  

• Se continuó trabajando en el mejoramiento del proceso, en la formalización de normas y procedimientos y en la compatibilización entre los registros del SNIP, y los de Presupuesto.
  

• Se elaboró en tiempo y forma el  “Plan Nacional de Inversiones Públicas”.
  

• En materia de análisis de proyectos, por la Ley Nº 25.401 de aprobación del Presupuesto de la Administración Nacional, conforme a su artículo 15º, la Dirección debió preparar los informes técnico-económicos referidos a los nuevos Programas a ser financiados por organismos internacionales de crédito, como condición previa para encarar la etapa de negociación definitiva del mismo en caso de contar con la disposición favorable de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Además de los mencionados, han debido analizarse proyectos individuales en virtud de su costo total de inversión.
  

Con referencia al análisis de proyectos, se analizaron  y dictaminaron 15 proyectos  que se postularon para iniciar gestiones y/o para autorizar negociaciones con organismos internacionales de crédito.

Asimismo, 5 proyectos  se encuentran en la etapa de análisis pertenecientes al ámbito nacional (2), y a las provincias de Chaco, Mendoza y Tierra del Fuego.

De igual modo, se realizó el análisis y la elaboración de 20 informes técnicos, de los cuales 16 cuentan con dictamen de calificación. La inversión total de estos proyectos calificados alcanza a  $619 millones. Por su parte, se hallan en análisis avanzado para finalizar sus informes técnicos y propuestas de dictamen de calificación 14 proyectos por una inversión de $ 691 millones.

Especialistas sectoriales  de proyectos, de la Dirección Nacional de Inversión Pública, brindaron apoyo técnico e institucional  a 86 organismos de la Administración Pública Nacional  por medio de visitas in situ  a fin de relevar las necesidades técnicas en el diseño de los proyectos.

Con respecto a los cambios normativos y de formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas, a principios del año 2001  se definió un nuevo marco metodológico dirigido a mejorar: a) la definición de los proyectos de inversión para la recolección y procesamiento de la información pertinente; b) la definición de las metodologías para el análisis económico de los proyectos de la inversión pública; y c) los mecanismos explícitos de toma de decisiones para la emisión de dictámenes por parte de la SNIP.

Asimismo la DNIP comenzó a diseñar los estudios que llevarán a la determinación de un  sistema de precios de cuenta para aplicar al análisis socio-económico de proyectos a partir de la nueva matriz insumo-producto cuya elaboración ha finalizado recientemente.

Programa Multisectorial de Preinversión II Préstamo 925/OC-AR

De acuerdo con las especificaciones del Programa, los estudios se clasifican en:

1. Específicos,  estudios de prefactibilidad, y factibilidad técnica y económica de programas y proyectos específicos;  estudios de ingeniería, y estudios complementarios para la gestión del financiamiento.
   

2. Generales, estudios básicos de carácter regional, sectorial o subsectorial que tengan por finalidad la identificación o el establecimiento de bases para la identificación de posibles proyectos y programas específicos o la cuantificación de requerimientos de inversión de una región, sector o subsector económico.
   

3. Consultorías de apoyo de corta duración.
   

4. Estudios destinadosal fortalecimiento institucional.
   

5. Estudios correspondientesal Plan Estratégico de Asistencia Técnica al Programa de Apoyo al Equilibrio Fiscal y a la Gestión Social (PEAT)
   

Durante el año 2001 se terminaron técnicamente 22 estudios. Se trata de 5  estudios específicos, 10 estudios generales, 5 consultorías de apoyo de corta duración y 2 estudios PEAT. El monto total correspondiente a los estudios terminados técnicamente asciende a $1.357.545. Un análisis sectorial muestra que, de estos estudios,  7 pertenecen a control de la gestión pública, 3 corresponden a comercio, turismo y otros servicios, 3  a fortalecimiento institucional, en tanto que los restantes se distribuyen en los sectores seguridad social y trabajo con  2 estudios cada uno y  salud; agua potable, alcantarillado y saneamiento; seguros y finanzas y desarrollo regional con un estudio cada uno.

Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (FOSIP)

Se lograron los siguientes resultados:

• Institucionalización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en las Provincias (SNIP).
  

Hay 16 provincias adheridas al SNIP. Las provincias adherentes son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

• Diseño, desarrollo e implementación del sistema integrado de información (SIPESF, nuevo BAPIN):  En el marco del proyecto FOSIP se diseñó y desarrolló un sistema integrado de información para el análisis y monitoreo de proyectos de inversión. El sistema está orientado para la gestión de programas y proyectos con el objeto de mejorar el proceso de toma de decisiones en materia de gasto público en los distintos niveles de la administración. Asimismo, se determinó que el SIPESF debe brindar un apoyo sustantivo a las unidades ejecutoras de programas y proyectos que se desarrollan con financiamiento externo y a los organismos dedicados al control y seguimiento de las mismas.  Las características principales del sistema son: integrar información de la Nación con Provincias, considerar tanto la inversión física como la inversión social, abarcar la totalidad del ciclo de proyectos, incorporar metodologías para la formulación y evaluación de proyectos, definir indicadores de impacto y dar publicidad y transparencia a la gestión pública.
  

• Distribución de equipamiento y armado de redes: se concluyó con la distribución de equipamiento para el armado de redes en las provincias. Las provincias beneficiadas fueron Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Río Negro, Chaco, Misiones, Buenos Aires, La Pampa, Salta y San Juan con el objetivo de implantar en ellas el SIPESF.
  

• Plan Federal de Infraestructura (PFI): Se incorporaron 593 proyectos (20 % del total de 3010 proyectos) al BAPIN, asimismo se identificaron 1064 proyectos (35% del total)  cuya incorporación al BAPIN debe ser concretada por los organismos correspondientes.  Asimismo, fueron georeferenciados 2072  proyectos de inversión ( 69%del total).
  

• Programa para la Modernización de la Gestión Pública: se elaboraron los documentos de orientación para los componentes, Carta Compromiso con el Ciudadano y Gestión por Resultados, en el marco del Programa para la Modernización de la Gestión Pública en el ámbito de la  Jefatura de Gabinete de Ministros.
  

Dirección de  Gastos Sociales Consolidados

• Cuantificación y actualización de las Series de Gasto Público Consolidado, clasificado por finalidad y función y la publicación del documento correspondiente.
  

• Cálculo de la distribución geográfica del Gasto Público Consolidado por Provincia, de acuerdo con el criterio del beneficio. Análisis de la consistencia de la información financiera de los tres niveles de gobierno.
  

• Estudio sobre la incidencia del Gasto Público en los sectores y seguros sociales de acuerdo con la información proveniente de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGH), y la preparación de la publicación correspondiente.
  

• Análisis de las Cuentas Nacionales de Salud en conjunto con la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (INDEC) y la Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud: estimación de la matriz del sector salud y de la estructura del gasto hospitalario a partir de la metodología de la OCDE, y la publicación del correspondiente documento.
  

• Asesoramiento a autoridades nacionales en la reestructuración de los programas sociales y actualización de la información sobre el conjunto de los programas sociales nacionales focalizados.
  

• Entre las publicaciones realizadas más relevantes se encuentran: “Caracterización y evolución del Gasto Público Social 2000”, “ Gasto Público Consolidado” para el período 1994-2001, “Estimaciones del Gasto en Salud” del año 1997 y proyecciones,  “ Informe sobre los Programas de Empleo Provinciales”, “Distribución Geográfica del Gasto Público Consolidado” 1998-2000, “ El Impacto  Distributivo de la Política Social en la Argentina. Análisis basado en la ENGH”.
  

Dirección Nacional de Cuentas Internacionales

• Publicación periódica de las “Estimaciones Trimestrales del Balance de Pagos y de Activos y Pasivos Externos”.
  

• Elaboración del capítulo correspondiente al “Sector Externo” del “Informe Económico” que publica la Secretaría de Política Económica.
  

• Publicación de los trabajos “La Posición de Inversión Internacional de Argentina a fines de 2000”.
  

• Implementación  de la Encuesta Coordinada de Inversiones de Cartera (CPIS 2001). Definición, diseño e implementación de la información del sistema bancario. Definición de la información a suministrar y coordinar con la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación por los datos de los fondos comunes de inversión y compañías de seguros, respectivamente. Diseño en implementación de las encuestas a gobiernos locales y agentes de bolsa.
  

• Mejoras metodológicas en las estimaciones de regalías, servicios empresariales y servicios de informática por la ampliación del directorio de la encuesta, de transferencias corrientes por la incorporación de las donaciones realizadas por la OECD a la Argentina,  de las tenencias de títulos públicos de los sectores residentes, en base a la información relevada previamente y nuevas fuentes complementarias a las dispuestas para la CPIS 2001. Asimismo, se realizaron avances en la armonización de la metodología para la estimación de la capitalización de intereses devengados por los títulos de deuda emitidos por el sector público nacional.
  

• Publicación de trabajos relativos al comercio exterior: a) Comercio Exterior Argentino 1990-2000, y b) Comercio Argentina- Brasil 1995-2000.
  

• Seguimiento de la coyuntura nacional e internacional, del precio  de las commodities y de los principales factores que influyen en el comercio exterior. Elaboración mensual del informe “ Novedades de Comercio Exterior” y del tipo de cambio multilateral.
  

Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

• Elaboración de las estimaciones trimestrales de los componentes de la oferta y de la demanda globales para el período 1998-2001 de las Cuentas Nacionales de la Argentina, a precios constantes de 1993 y a precios corrientes.
  

• Estimaciones trimestrales del Ingreso Nacional a precios corrientes y constantes de 1993.
  

• En el último trimestre del año 2001 se publicaron las cifras definitivas de la Matriz Insumo Producto 97 en edición impresa y soporte magnético.
  

• Continuación de las tareas de elaboración de las Cuentas de los sectores Institucionales definidos en el Sistema de la Cuentas Nacionales 1993.
  

• Estimaciones mensuales del nivel de actividad.
  

• Estimaciones de la generación del ingreso.
  

• Análisis periódico del mercado laboral a partir de información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares. Elaboración de las series mensuales y trimestrales de remuneración y puestos de trabajo declarados al sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Análisis de los cambios observados en las remuneraciones y los puestos de trabajo declarados a nivel de jurisdicción geográfica y de sector de actividad económica, para su posterior publicación en el Informe Económico.
  

Programa: Servicio Estadístico

El programa produce estadísticas básicas para el conocimiento de la situación económica y social del país, en su conjunto y de las provincias. El Estado está obligado a generar este servicio, a fin de que la ciudadanía se encuentre informada sobre la evolución de las principales variables económicas y sociales. Asimismo, la ejecución se lleva a cabo coordinadamente con las provincias y los municipios.

-en pesos y magnitudes físicas-

Crédito Final	Gasto Devengado	% Ej.	Tipo de Producción: Servicios o Bienes	Unidad de Medida	Meta Final	Meta Ejec.	% Ej.
32.838.877	29.902.062	91,1	Producción y Difusión de Estadísticas	Ejemplar Impreso	148.000	58.100	39,3
			Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	192	183	95,3

La cantidad de ejemplares impresos registró un desvío negativo debido a que se suspendió la edición de algunas  publicaciones con sus respectivos tirajes  de acuerdo a las decisiones establecidas por las autoridades del INDEC. Asimismo, otra causa que  impactó en el desvío negativo observado en los ejemplares impresos fue la carencia del insumo papel.

En el área de Indices de Precios de Consumo se trabajó en las siguientes tareas:

• Paridades del Poder de Compra del Consumidor (PPC): miden la relación entre el costo de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de la población urbana de las ciudades  capitales de  las provincias y el costo que esta canasta tendría si se pudiera adquirir a los precios medios del Gran Buenos Aires. La comparación entre los niveles de precios vigentes en distintas provincias es de vital importancia para:
  

1. Evaluar el poder de compra de los salarios, jubilaciones y otros ingresos
   

2. Comparar los niveles de consumo per cápita
   

3. Mejorar las mediciones de pobreza y facilitar su comparación
   

4. Aportar información complementaria para estudios de competitividad
   

Se eligió el mes de abril  del 2001 para efectuar una primera comparación espacial de precios medios. Para ello fue necesaria la selección preliminar de bienes y servicios a relevar, el diseño de los cuestionarios para la recolección de precios, la elaboración de los instructivos para tal fin, y procesamiento, cálculo y obtención de los resultados preliminares, entre otras tareas.

• Armonización de Indices de Precios de Consumo para los países del Mercosur Ampliado: el objetivo es la obtención de un índice  que permita alcanzar la homogenización de nomenclaturas y clasificaciones,  un mayor intercambio de experiencias entre los expertos de IPC de la región y realizar  la evaluación y ajustes necesarios  en la primera etapa del cálculo de la canasta preliminar del IPCA. 

En función del objetivo propuesto, se realizó la selección de una canasta común  preliminar para IPCA,   se realizó el cálculo de la prueba piloto  con base promedio 1999 y para el período  enero 1997/julio 2001 y se elaboró el documento  de presentación  de los resultados preliminares correspondientes.

• Indice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, base 1999=100:  dicho indicador mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del  conurbano bonaerense. La información básica son los precios al consumidor de los 818 bienes y servicios seleccionados que conforman la denominada canasta del índice. La muestra de informantes alcanza a 6.000 y se obtienen aproximadamente 80.000 precios por mes. La periodicidad del indicador es mensual. La información se difunde el tercer día hábil de cada mes y tiene carácter definitivo. Los resultados se publican en la Información de Prensa, Indec Informa, Dbindec, Internet
  

• Indice de Precios al Consumidor Nacional:  este indicador mide los cambios de precios producidos en el transcurso del tiempo en un conjunto determinado de bienes y servicios que presentan el consumo de la población de referencia.  Con el fin de extender la cobertura geográfica del IPCN, el INDEC, con la cooperación de las Direcciones Provinciales de Estadística, comenzó a desarrollar índices de precios al consumidor en los principales aglomerados urbanos, que servirán de base para el IPC nacional. En una primera etapa han participado la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En conjunto, estas provincias representan aproximadamente el 83% del consumo final de los hogares urbanos. Las ponderaciones a utilizar en cada uno de los aglomerados urbanos fueron estimadas a partir de la encuesta Nacional de Gastos de Hogares efectuada por INDEC en 1996/1997.
  

En cuanto a la Dirección de Encuestas a Hogares, la misma cumplió con el calendario establecido para la producción y publicación de las Informaciones de Prensa de Total aglomerados urbanos- Mayo 2001, Gran Buenos Aires- Mayo 2001, Total aglomerados Urbanos- Octubre 2001 y Gran Buenos Aires- Octubre 2001. Asimismo, se trabajó en Indicadores Socioeconómicos para los 28 Aglomerados Urbanos/Octubre 2000 y Mayo 2001 y en Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia en el Aglomerado Gran Buenos Aires /Mayo 2001. Asimismo, durante el 2001, se llevó a cabo la etapa experimental de la reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares y se trabajó en la armonización de las estadísticas del Mercosur.

La Dirección Nacional de Estadística y Precios de la Producción y el Comercio publicó diversos trabajos: Matriz Insumo Producto (versión definitiva), Encuesta Nacional Agropecuaria, Relevamiento Semestral Minero, Indicadores de Actividad Pesquera, Estimador Mensual Industrial, Encuesta Industrial Mensual y Anual, Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, Encuesta de Supermercados, Encuesta de Servicios Públicos, Indice del Costo de la Construcción, Sistema de Indice de Precios Mayoristas y Precios del Mercado Central, entre otros.

En cuanto al Programa de Información Estadística y Apoyo a los Municipios, en el mes de febrero del año 2001, el programa cesó en su funcionamiento por decisión de las autoridades del INDEC,  reiniciando sus actividades en el mes de junio del mismo año. En el último semestre del año 2001, se completaron las tareas relacionadas con la cuantificación de Sistema Básico de Indicadores Municipales (SIBIM), en 45 municipios del país según lo estipulado en el Convenio de Trabajo, celebrado entre el INDEC y el Instituto Federal de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Originariamente debían incluirse 60 municipios, pero 5 de ellos se autoexcluyeron. Los resultados de la cuantificación del SIBIM  fueron presentados en una publicación del INDEC de 56 páginas que contiene cuadros estadísticos, gráficos, descripción de indicadores y comparaciones de carácter internacional. Las conclusiones sobre aspectos formales de la prueba  se sintetizan a continuación:

1. El trabajo realizado elaboró, desarrolló y procesó un conjunto de 149 indicadores. Se construyó un sistema más abarcativo que el “sistema básico” a partir de la desagregación de los mismos en varios sub-indicadores.
   

2. El análisis de los resultados de la prueba piloto, muestra que muchos gobiernos locales no cuentan con la información  que se supone necesaria para conocer la realidad que les toca enfrentar.
   

3. A partir del análisis de las no respuestas se observó que el municipio posee la información de las erogaciones en forma agregada (no pudiendo determinar el gasto para cada uno de los servicios que presta),  y  por otra parte,  en los casos  de servicios privatizados las empresas no suministran la información de la facturación resultante por su prestación.
   

Programa: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda

Las tareas a cargo del programa hacen a todo lo relacionado con la organización, planificación y realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, incluyendo la elaboración de propuestas metodológicas, la preparación y capacitación del personal necesario para el censo, la realización de pruebas de sensibilización en todo el país y la ejecución de pruebas piloto.

De acuerdo con recomendaciones internacionales y legislación argentina vigente, los censos de población se deben realizar en los años terminados en cero. No obstante, el mismo no pudo concretarse en el año 2000, debiendo ser postergado para el 2001.

Algunas de las actividades realizadas por el programa durante el período fueron el desarrollo de un modelo de datawarehouse con los datos del censo de población del año 1991 con un nivel de desagregación a nivel de radio censal.  A partir de dicho modelo, se pueden realizar diversos tipos de consultas con selección de variables y unidades geográficas las cuales, son representadas mediante mapas asociados a las mismas.  Asimismo, este modelo, ha sido evaluado a fin de determinar nuevos requerimientos para su aplicación y utilización  con los datos del  Censo de Población del año 2001.

1. Secretaría de Finanzas

Programa: Finanzas, Bancos y Seguros

El crédito asignado para el programa en el año 2001 fue de $5,3 millones y el monto devengado de $4,9 millones.

El programa tiene como objetivo formular y realizar el seguimiento de las políticas relacionadas con el financiamiento del Estado Nacional, la deuda pública y los mercados de seguros y de capitales. Su función la realiza a través de las actividades de Bancos y Seguros y Desarrollo del Mercado de Capitales.

Con relación a las acciones de política presupuestaria, en el ejercicio 2001 se  desarrolló la política financiera del Estado Nacional, cuyo objetivo central consiste en preservar el crédito público afectado por el continuo y profundo deterioro de las variables económico-financieras y sociales que llevó a disponer, a fines de año de un diferimiento de los pagos de la deuda pública. En ese marco, las principales acciones de la Secretaría de Finanzas se describen a continuación:

• Instrumentación del acceso a distintas fuentes de financiamiento, como ser el provisto por organismos multilaterales de crédito y los mercados de capitales.
  

• Reestructuración de la deuda pública, a los efectos del cumplimiento de los servicios de capital e intereses dentro de la política general de pagos de las obligaciones del Estado Nacional.
  

• Fortalecimiento del Sistema de Administración de la Deuda Pública, a  efectos de mantener la necesaria continuidad en el registro de los servicios de la deuda comprometidos para el año 2002 y control de los  pagos en concepto de amortizaciones e intereses.
  

• Mantenimiento del  ordenamiento del proceso de regularización de deudas de acuerdo a las pautas establecidas en la Ley de Presupuesto para el ejercicio y en el marco de la Leyes Nº 23.982 y otras disposiciones legales, como así también en los términos de la Ley de Emergencia Económica N° 25.344.
  

• Diseño de políticas tendientes a lograr una efectiva armonización del mercado financiero y de capitales de modo de evitar arbitrajes regulatorios y proponer una disminución del riesgo sistémico.
  

• Ejecución de las acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado Nacional sea socio minoritario.
  

• Secretaría de Hacienda

Programa: Administración Financiera

El programa de la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo el gerenciamiento financiero del Estado, actualizando de manera permanente las tecnologías aplicadas a la optimización de recursos. El crédito vigente asignado para el ejercicio fiscal del año 2001 fue de $207,9 millones del que se devengó $24,6millones. Dicho programa se desarrolló a través de las siguientes actividades:

1. Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario: la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) es el órgano rector del sistema presupuestario del Sector Público Nacional. Para dar cumplimiento a esa función se continuó con el proceso de actualización estructural del sistema presupuestario con el objeto de optimizar las etapas de formulación, modificaciones presupuestarias, programación de la ejecución y evaluación del mismo.

Durante el año 2001 las tareas desarrolladas se mencionan a continuación:

• Análisis de los anteproyectos de presupuesto de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional y elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2002, el cual fue presentado al Honorable Congreso de la Nación conforme a los plazos establecidos.
  

• Se realizó el análisis de los Proyectos de Presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado, proponiendo los dictámenes pertinentes para su aprobación. Asimismo se efectuó el análisis de los proyectos de presupuesto de los bancos oficiales y otras entidades financieras.
  

• Se elaboró el Presupuesto Consolidado del Sector Público según lo establecido por el artículo 55 de la Ley N° 24.156. Este representa un instrumento adicional de política económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia.
  

• Se confeccionó el capítulo correspondiente a la Evaluación Anual de Resultados de la Gestión Gubernamental de la Cuenta de Inversión para el ejercicio presupuestario 2000, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Público Nacional (24.156). Este documento, presentado al Honorable Congreso de la Nación, contiene los comentarios sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el presupuesto para los programas de la Administración Nacional.
  

• La Oficina Nacional de Presupuesto elaboró la información financiera y los análisis correspondientes al Sector Público Nacional, que sirvieron de base de sustentación para los acuerdos y el seguimiento del cumplimiento de las metas programadas con el Fondo Monetario Internacional.
  

• A su vez, mediante la programación de la ejecución presupuestaria físico-financiera, se realizó el seguimiento del gasto global de la Administración Nacional a efectos de mantenerlo dentro de los niveles previstos en el Presupuesto 2001.
  

• Respecto a la evaluación presupuestaria se avanzó en el proceso de captación de datos, procesamiento de la información remitida por las distintas jurisdicciones y entidades, tanto de la programación como de la ejecución de la gestión física de cada uno de los programas y proyectos, logrando la sistematización de los envíos en tiempo y forma así como también su respectiva incorporación en la base de datos que, como subsistema de evaluación física, forma parte del Sistema Integrado de información Financiera.
  

• En la provisión de información para la toma de decisiones, las producciones más importantes y disponibles en Internet fueron: el Proyecto de Ley de Presupuesto 2002, el Boletín Fiscal Trimestral, la Compilación Estadística 1993-2000 del Boletín Fiscal, el Informe Trimestral sobre ejecución de la Inversión Real, el Informe de Indicadores Relevantes de la Administración Nacional 1994-2000, el Informe trimestral de seguimiento físico financiero de programas y los Informes (mensuales, trimestrales y anuales) de Ejecución Financiera del Sector Público Nacional y  el Presupuesto Resumen, entre otros.
  

• En cuanto a capacitación, la Secretaría de Hacienda, con el apoyo del Centro de Capacitación y Estudios perteneciente a la misma, capacitó a 1.617 funcionarios de la Administración Pública Nacional y de países de América latina y del Caribe, a través de 83 actividades realizadas durante el año 2001.
  

2. Generación y Análisis de Información Financiera: dicha actividad se encuentra a cargo de la Contaduría General de la Nación.

Con relación a las acciones previstas:

• Se profundizó la revisión metodológica permanente y ajuste de los manuales básicos del Sistema Integrado de Información Financiera, además del desarrollo y evaluación de un Sistema de Contabilidad que permita integrar al Sector Público Argentino (en proceso).
  

• Asimismo se elaboró y presentó en término la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2000, que incluye los Estados Contables de la Administración Central con la integración de los Patrimonios Netos de los restantes entes de la Administración Nacional, Universidades Nacionales, Empresas y Sociedades del Estado.
  

• Se prosiguió con el proceso de Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera tanto a nivel de la Administración Central, como de Organismos Descentralizados. Se realizó la verificación permanente de la puesta en marcha de la reingeniería, logrando su operatividad en el ejercicio. Asimismo, se ejecutó la auditoría y seguimiento de las implementaciones de los dos sistemas locales (SLU, Visual Compre), recomendando y colaborando en los ajustes y la puesta en línea de los sistemas.
  

• En relación con las Cuentas Económicas del Sector Público,  cabe señalar que se lograron avances en  la adaptación de las clasificaciones presupuestarias vigentes al 2000 a las clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales- revisión 4,  mediante la confección de una matriz de conversión. Este logro, sumado a la posibilidad de  utilizar el SIDIF como fuente de información, conlleva a avanzar en la producción del conjunto de cuentas de transacciones del gobierno nacional al que alude el Sistema de Cuentas Nacionales.
  

• En materia de Contabilidad Gubernamental se comenzó un proceso de revisión de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Particulares de Contabilidad a fin de su adecuación a las normas vigentes en el plano internacional.
  

• Asimismo se encaró el desarrollo teórico de un sistema de costos para el Sector Público, que junto con la confección de indicadores contables permitirán mejorar la evaluación de la gestión presupuestaria-contable y financiera.
  

• Procedimientos dispuestos para incrementar el grado de productividad de los recursos asignados. El avance operado en materia de digitalización de imágenes de documentación financiera del archivo a cargo de la Contaduría General de la Nación,  posibilitó agilizar los procedimientos administrativos.   En este último caso, dicho archivo efectuó un convenio de prestación de servicios de digitalización de imágenes con el Ministerio de Relaciones Exteriores,  Comercio Internacional y Culto.  Asimismo se efectuó la prestación de dichos servicios de digitalización e imágenes a diferentes reparticiones del Ministerio de Economía. Por otra parte, se realizó un convenio con la Procuración General, en el marco de la Ley de emergencia económica, para  procesar 100.000 juicios contra el estado, tarea que finalizó el 31/12/2001
  

3. Programación y Administración de Ingresos y Pagos: la Tesorería General de la Nación llevó a cabo, entre otros:

• La administración del Sistema de Cuenta Única del Tesoro; actividad prioritaria, que fue atendida a través de los módulos de recursos, programación y pago, cubriendo las demandas de los Servicios Administrativos Financieros.
  

• Participó en el análisis y propuestas sobre aspectos normativos y de procedimientos, permitiendo concretar registros y trámites inherentes a operaciones que se ejecutan a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIDIF).
  

• Llevó a cabo las registraciones de los débitos y créditos de las cuentas bancarias y cuentas escriturales, reflejando los ingresos y egresos, de acuerdo a los lineamientos y normativas vigentes para cada módulo.
  

• Elaboró las programaciones financieras diarias y mensuales, surgidas de la información que se produce conjuntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto. Participó en la colocación de Letras del Tesoro y en la administración de la cartera de títulos del Tesoro Nacional.
  

• Intervino en la conformación del presupuesto de caja de los Organismos Descentralizados, supervisando su ejecución y las cuotas de las transferencias que estos reciben de acuerdo con la Ley  de Presupuesto.
  

• Realizó las acciones correspondientes para lograr las cobranzas de aportes y reintegros al Tesoro Nacional.
  

• Respecto al Sistema de Boleta  Única de Ingresos, este año se concluyó conjuntamente con la institución bancaria encargada de la recaudación, el desarrollo del procedimiento de captura y rendición de la información contenida en el código de barras. También se realizó el análisis y selección de los organismos pilotos para la utilización del Sistema.
  

4. Instrumentación de la Política Salarial para el Sector Público: durante el ejercicio presupuestario 2001, ha logrado alcanzar las acciones y objetivos propuestos por la unidad ejecutora – Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, interviniendo en las distintas propuestas de modificación estatutaria, escalafonaria o convencional.

• Se logró el mejoramiento organizativo y operativo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, mediante la puesta en marcha de la base de datos que procesa y ordena la información existente.
  

• Con relación al Registro de Entidades participantes del régimen de deducción de haberes creado por Decreto Nº 691/2000, se logró implementar el mismo sin dificultades, continuando en la actualidad con la elaboración de medidas que contribuyan con el afianzamiento y optimización del sistema.
  

• En cuanto a la centralización y coordinación de la base ocupacional y salarial del Sector Público, la misma ha permitido disponer de un sistema estabilizado, con prestaciones en los aspectos señalados, a través de la explotación de los datos de la mencionada base.
  

5. Coordinación Informática de la Administración Financiera:

• Durante el año 2001 se trabajó en la adecuación del SIDIF Central  a las condiciones cambiantes de las disposiciones normativas, de los requerimientos operativos y de información, la técnica contable y los mecanismos de seguridad establecidos por los organismos de control. Se registraron 851 requerimientos ingresados en el año, se resolvieron 803, quedando pendientes 94, logrando un nivel de resolución del 88,95%. Si se compara con el año 2000 se incrementó en un 89% la cantidad de requerimientos.
  

• Se continuó con la  implementación del Sistema de Transmisión de los Servicios Administrativos Financieros (TRANSAF). El nuevo sistema TRANSAF fue implementado en COMFER. Se registraron 451 requerimientos ingresados en el año, se resolvieron 454, quedando pendientes 9, logrando un nivel de resolución del 97.41% lo que significa una mejora del 5,41% con respecto al año anterior.
  

• Se cumplieron con todas las nuevas instalaciones y migraciones solicitadas especialmente la  reestructuración de los entornos de prueba vinculando todos ellos. En el período fueron realizadas cuatro réplicas de SIDIF  Administración Central (AC): Jefatura de Gabinete de Ministros, Procuración General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, del SIDIF Organismos Descentralizados (OD) se hicieron dos réplicas: ANSES y Comisión Nacional de Comunicaciones. Para el SIDIF AC se registraron una cantidad de 1.226 requerimientos ingresados en el año, se resolvieron 1.245 quedando pendientes 56, logrando un nivel de resolución del 97.11% con una mejora de resolución respecto al año anterior del 5,11%. Para el SIDIF OD se registraron 923 requerimientos ingresados en el año, se resolvieron 923 quedando pendientes 43, logrando un nivel de resolución del 95,54% muy semejante al año anterior. Se logró mantener un nivel estable de requerimientos pendientes en función de los recursos disponibles habiendo logrado en el SIDIF AC un promedio mensual de 56 pedidos pendientes para el año 2001 frente a un promedio de 167 del año 2000 y 266 del año 1999 y en el SIDIF OD un promedio mensual de 43 pedidos pendientes para el año 2001 frente a un promedio de 55 del año 2000 y 238 del año 1999.
  

• Se asistió técnicamente al personal informático de los organismos rectores responsables de los sistemas SIRHU, SICON y SABEN, así como otros del ámbito de la Secretaría de Hacienda. Se registraron 1.048 requerimientos ingresados en el año, se resolvieron 1.059, quedando pendientes 11, logrando un nivel de resolución del 97.94%.  Se registraron 951 requerimientos ingresados en el año referidos a soporte microinformático, se resolvieron 948, quedando pendientes 16, logrando un nivel de resolución del 98,03%.
  

• Se brindó asistencia técnica a todas las oficinas de la Secretaría de Hacienda en todo lo referente a la óptima utilización de los recursos micro informáticos y se realizaron, directamente o a través de un proveedor externo, servicios de mantenimiento del hardware y software involucrado. Asimismo, se instaló el nuevo equipamiento abarcando PC, impresoras y software micro informático.
  

• Se efectuaron a través del Centro de Capacitación de la Secretaría de Hacienda los cursos requeridos para el plan de actualización tecnológica de los especialistas informáticos.  Se efectuaron revisiones de calidad del código escrito por muestreo y por resultados previos. Se dio el soporte técnico solicitado en aspectos funcionales. Asimismo, el Sistema de Boleta Unica de Ingresos se encuentra en etapa de aceptación del usuario (TGN) para posteriormente implementarlo.
  

Programa: Programación Regional y Relaciones con Provincias

El crédito presupuestario vigente con el que contó dicho programa para el ejercicio 2001 fue de $ 3,0 millones del que se devengaron $ 2,6 millones.

Durante el año 2001 la Subsecretaría de Programación Regional, a través de las Direcciones Nacionales de Programación Económica Regional (DNPER) y de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP), realizó las actividades comentadas a continuación.

1. Seguimiento de los Programas Sectoriales de Competitividad: bienes de capital; industria frigorífica; calzado, textil e indumentaria; etc.

A partir de mayo de 2001, el gobierno nacional comenzó a firmar con provincias y distintos sectores de la actividad económica convenios con el fin de mejorar la competitividad nacional e internacional del sistema productivo argentino, crear condiciones favorables a la inversión y al empleo y apoyar la reconversión de estos sectores. Dichos Convenios de Competitividad, firmados entre el gobierno nacional, las provincias que adhieren, las cámaras empresariales y las asociaciones gremiales representativas, pese a que tienen algunas particularidades dependientes del sector de que se trate, se basan en el compromiso nacional y provincial de eliminar impuestos distorsivos, cambiar regulaciones que entorpezcan el crecimiento sectorial y promover cambios en la legislación laboral, con estabilidad de los niveles de empleo y ganancias de productividad. Desde la nación se establece el compromiso de eliminar impuestos al endeudamiento empresarial y a la renta mínima presunta y la posibilidad de pagar aportes patronales como adelanto de IVA para las empresas involucradas, mientras que las provincias se comprometen a eliminar el impuesto a los ingresos brutos y sellos, entre los más significativos.

A este respecto, la Subsecretaría realizó un seguimiento permanente de la evolución de los acuerdos sectoriales y del comportamiento de los distintos actores intervinientes, puntualizando las implicancias que estos convenios tienen directa e indirectamente sobre las estructuras productivas provinciales y regionales. En particular se  propuso determinar el impacto, especialmente en las regiones extrapampeanas, de las acciones impulsadas por el gobierno nacional (por ejemplo, la incidencia de las medidas anunciadas para el sector de bienes de capital en Cuyo, NOA y Corrientes o cómo impactará la reactivación del sector textil/indumentaria en las economías algodoneras y laneras del país).

2. Actualización de las bases de datos y de los diagnósticos económicos provinciales.

Se continuó con las tareas permanentes en lo atinente al análisis del sector real de las economías regionales. En particular, durante el 2001 se actualizaron los diagnósticos de las siguientes provincias: Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Dichos informes fueron difundidos a través de internet y pueden ser consultados en la http://www.mecon.gov.ar/dnper.htm.

Por otra parte, se publicó  una completa información sobre la evolución de las principales producciones regionales. Dicha tarea, comprendió una exposición de las series anuales de  producciones provinciales y sus precios promedio, a nivel nacional, junto con los correspondientes calendarios de siembra, cosecha y comercialización.

3. Situación de las provincias argentinas: una perspectiva integral (económico-fiscal).

Se avanzó en el desarrollo de una metodología que permite un análisis profundo de las relaciones económico-fiscales y posibilita una comprensión integral de la dinámica de las economías regionales. Esta se aplicó en el estudio de diez casos provinciales que involucran a todas las regiones del país, abarcando el período 1993-2000.

4. Asistencia técnica a provincias para el incremento de la competitividad.

Se participó durante el 2001 en el “Programa de Fortalecimiento Institucional del Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo”. Dicho Programa tiene como objetivo principal ampliar y fortalecer las capacidades técnicas y operativas del tejido institucional del sector público (nacional y provincial) y privado (instituciones productivas privadas) para asegurar una actuación más eficiente y efectiva de las instituciones del sector público provincial vinculadas con las actividades productivas, y nacional a los efectos de favorecer el desarrollo empresarial y competitivo en las provincias de menor desarrollo relativo.

Se priorizaron ocho provincias para comenzar los trabajos, estas son: Tierra del Fuego, Chubut, San Luis, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Misiones y Entre Ríos.

Asimismo, en función de los objetivos planteados por la Dirección Nacional de Programación Económica Regional al inicio del ejercicio, se efectúa a continuación una síntesis de los aspectos destacables de las tareas referidas a las economías de las provincias. Estas comprenden un conjunto de trabajos destinados a la toma de decisiones en el nivel nacional y provincial.

• Se avanzó en mejorar la coordinación y seguimiento de las relaciones fiscales y financieras entre la Nación, las Provincias y los Municipios, evacuando reclamos y requerimientos por parte de los gobiernos provinciales y municipales. Particularmente se destaca la instrumentación de los compromisos que surgen del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal de fecha 17/11/00, que prolongando la vigencia del Compromiso Federal del 6/12/99, significó una redefinición en la distribución de recursos tributarios a Provincias así como el desarrollo de nuevas temáticas que se originaron en dicho convenio.
  

• Con respecto al desarrollo de un sistema de información fiscal y financiera provincial, se lograron avances con relación a la regularidad y disponibilidad de la información, ampliando, de esta manera, la base de datos. No obstante, resta avanzar en aspectos cualitativos de la información y en la reducción de los tiempos para su remisión por parte de las provincias y municipios, este aspecto se ve condicionado por la capacidad de los propios sistemas de administración financiera locales, por el proceso de decisión burocrático para la remisión y por las vías por las cuales se efectiviza.
  

• Por medio del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial se procura asistir financieramente a aquellas provincias que presentan dificultades, tanto por su situación presupuestaria como por la situación de su endeudamiento. En este marco existe un programa de asistencia a determinadas provincias con el objetivo de lograr el saneamiento de la situación fiscal y financiera de las mismas por medio de medidas específicas que fueran acordadas en los correspondientes convenios. En este contexto, la DNCFP participó de la discusión y coordinación para la fijación de las metas fiscales y llevó adelante su posterior seguimiento.
  

• Se efectuó el seguimiento y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de coparticipación o de regímenes especiales de transferencia de recursos nacionales a provincias. En este aspecto se  trabajó con datos de la distribución efectuada por el Banco de la Nación Argentina, efectuándose un registro y control de dichas transferencias. Se destaca el esfuerzo invertido en el ajuste del control y registro de las transferencias en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) y Patacones.
  

• Con respecto al análisis del endeudamiento provincial, se  llevó a cabo siguiendo tanto el stock de deuda de cada jurisdicción, su impacto en las finanzas públicas provinciales; los flujos de amortización y proyecciones de servicios; la evolución de las afectaciones teóricas de coparticipación federal como forma de pago y garantía, permitiendo observar los niveles que cada jurisdicción tiene comprometidos con relación al total de recursos provinciales. Particularmente se  intervino en el proceso de autorización de endeudamiento que establece la Resolución del ex MEYOSP Nº 1075/93, destacándose la magnitud de las operaciones presentadas y la necesidad de lograr un adecuado análisis técnico-financiero en cada caso. Adicionalmente, se ha participado en el proceso de Canje de Deuda Provincial proyectando el efecto de dichas operaciones (considerando períodos de gracia y reducción de intereses) en las finanzas provinciales y su capacidad de repago.
  

• En cuanto a los programas de cooperación y asistencia nacional e internacional, bilaterales y multilaterales, en apoyo a las políticas y acciones fiscales, económicas y financieras de las provincias, se ha trabajado en la adopción de criterios y pautas comunes entre los organismos prestadores, las jurisdicciones beneficiarias y el gobierno nacional. También se han estudiado los contratos de préstamos celebrados en este marco que tienen afectaciones sobre los recursos coparticipables verificándose que los recursos de contrapartida local que cada provincia se obliga aportar se encuentren respaldados con la suficiente cantidad de recursos provenientes del régimen de coparticipación federal.
  

• Secretaría de Ingresos Públicos

Programa: Administración de la Política Tributaria

El programa tiene como objetivo la administración de la política tributaria. En materia tributaria, las principales acciones se encontraron vinculadas con la evaluación de los resultados de las medidas de carácter tributario que se implementaron durante el ejercicio fiscal 2000.

Con respecto a las relaciones tributarias internacionales, las acciones se orientaron a continuar con las negociaciones a fin de suscribir nuevos convenios, para evitar la doble imposición internacional, con aquellos países con los cuales todavía no se los hubiere celebrado; analizar las cláusulas de los convenios vigentes; intensificar el intercambio de información con las autoridades fiscales de distintos países.

En los aspectos relacionados con la materia aduanera, se analizaron las cuestiones relacionadas con la técnica y la valoración aduanera, incluyendo la elaboración de los proyectos de leyes, decretos y resoluciones vinculados con la materia. Asimismo, se intervino en el análisis y la negociación de convenios de asistencia mutua administrativa relativa a las Aduanas.

Con respecto a las tareas relacionadas con las investigaciones y el análisis fiscal, las acciones más destacadas  se relacionaron con el estudio y proyección de los recursos del Sector Público Nacional, con el consiguiente y permanente análisis de la política fiscal sobre las distintas variables económicas y sobre los recursos fiscales nacionales. Con relación a ello, resulta necesario incorporar información cada vez más desagregada relativa al sistema tributario. Ello implica la compilación y sistematización de gran cantidad de datos que son suministrados por distintos organismos, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

• Secretaria  de la Pequeña y  Mediana Empresa

Programa: Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa

La misión que se encomienda la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa es asistir,  diseñar, implementar y supervisar  acciones conducentes a lograr mayor competitividad de las unidades productivas pequeñas de todo el ámbito nacional.  Dicho propósito se complementó con la promoción del empleo sustentable a través de programas productivos.

El crédito vigente asignado para el ejercicio fiscal fue de $14,3 millones del que se devengaron $11,9millones. El programa presentó una baja ejecución, sin embargo a nivel de actividades hubo diferencias en las erogaciones realizadas.  Con respecto a la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa la ejecución fue del 85,9%, el  Programa de Restructuración Empresarial BID 989 OC/ AR ejecutó el 80,0 % del crédito, el  Programa de Desarrollo Regional tuvo una ejecución 46,6%, y el  Programa de Apoyo para la Reconversión Empresarial Fonplata ARG 10/9 utilizó el 70,0 %  del crédito asignado .

Debido a que dicho programa no cuenta con metas físicas se detallan a continuación las tareas realizadas  durante el 2001.

Con el objetivo de mejorar la posibilidad del Estado de fortalecer la competitividad,la SEPyME trabajó dirigida a un objetivo central “mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, facilitando su acceso a los servicios de apoyo y estimulando el desarrollo de un mercado de servicios orientado a las mismas”. A tal fin,  se realizaron las siguientes acciones:

• Se puso en marcha un programa que combina el desarrollo masivo de las sociedades de garantías recíprocas y la creación de fondos fiduciarios como estrategia abarcativa para romper con la inequidad en el acceso al crédito.
  

• Se instauró el criterio de asociatividad como condición excluyente de todos los programas de promoción y capacitación, con la finalidad de reconstruir el tejido productivo.
  

• Se estableció un área de “protección PyME” para la atención y asistencia permanente de situaciones que violenten derechos del sector productivo nacional.
  

• Se actuó sobre la estructuración de cadenas de valor en diversas ramas de la producción y se pusieron en marcha articulaciones exportadoras entre grandes empresas y PyMEs asociadas para acceder a mercados externos.
  

En cuanto al trabajo federal se trabajó en los siguientes aspectos:

• Se tomó contacto con los gobiernos provinciales, intendencias, empresarios grandes y pequeños, como así también con técnicos, asalariados o desocupados.
  

• Se iniciaron más de 40 planes de desarrollo local en 16 provincias.
  

• Se desarrolló un ámbito específico de promoción de la actividad del trueque en todo el país.
  

• Se pusieron en marcha programas de recuperación productiva en áreas castigadas por la desaparición de la actividad tradicional, como Cutral-Có en Neuquén, Mosconi y Tartagal en Salta, Reconquista en Santa Fe, entre otros.
  

En el marco de la estructura de trabajo planteada por la Secretaría las acciones realizadas se describen a continuación:

a. Coordinación de Programas Sectoriales:  es el área encargada de diseñar y aplicar acciones que fortalezcan a los distintos sectores productivos, de acuerdo con sus necesidades, debilidades y fortalezas. Se basa en tres ejes principales: cadenas de valor, articulación exportadora y estudios sectoriales de base.

• Cadenas de Valor: impulsó la estructuración de redes de proveedores y clientes PyMEs de grandes empresas; promovió acuerdos y alianzas estratégicas de los participantes de la Cadenas de Valor para desarrollar eslabones ausentes, el empleo, la asociatividad y lograr mayor competitividad.  Para ello el programa prevé la firma de convenios entre la gran empresa y/o nodo central de la cadena, juntos a las PyMEs proveedoras o clientes y la SEPyME que posibilitarán la utilización de los distintos instrumentos de apoyo a las PyMEs, financieros, de capacitación, asistencia tecnológica, gerenciamiento, etc. En un año de trabajo, Cadenas de Valor concretó la firma de nueve convenios, más otros tres en vías de ser rubricados, en los siguientes sectores productivos: industrialización del maíz, desarrollo de proveedores y clientes de Siderar, textil-indumentaria, editorial, aluminio, construcción, línea blanca, miel, mueble y madera, cuero y calzado, metalmecánica y clientes y proveedores de Repsol-YPF. En todos los casos, se integró a la totalidad de las cámaras empresarias, además de los sindicatos, institutos técnicos y universitarios.
  

• Articulación Exportadora: establece y promueve estrategias asociativas (consorcios de exportación, articulación entre grandes empresas y PyMEs vinculadas, coordinación entre diversos organismos de gobierno, tutorías exportadoras, etc.) para promover la presencia de las PyMEs argentinas en los mercados externos. Se conformaron 22 grupos exportadores, en rubros que van desde muebles y pieles de chinchillas hasta autopartes o curtiembres, en los que participan más de 200 empresas. El programa de articulación exportadora con grandes empresas fomenta el aprovechamiento de capacidad instalada de los grupos exportadores, para abrir canales a la exportación de  PyMEs vinculadas a sus cadenas productivas. Así se  avanzó en articulaciones concretas de grupos de PyMEs textiles con Dupont  o forestales con Pecom y Las Marías, entre otras.
  

• Estudios Sectoriales de Base: desarrolla y estimula estudios de base para perfeccionar la aplicación de los distintos instrumentos y herramientas de la Secretaría en los sectores productivos. En particular, está desarrollando análisis sectoriales de cada una de las cadenas de valor en marcha y obteniendo datos de base para los programas de articulación exportadora, de modo de adoptar las decisiones más correctas, por ejemplo, en campos como la estructura arancelaria o la búsqueda de mercados externos.

b. Coordinación de Programas Territoriales: sus acciones las realiza a través de desarrollo local y economía informal y microemprendimientos.

• Desarrollo Local: apunta a fortalecer las acciones que ya estén en marcha en cada lugar y, a su vez, generar instancias de planificación que fortalezcan el perfil de desarrollo de cada territorio. La conformación de agencias de Desarrollo Regional con participación de los gobiernos locales y actores privados y articula con las gerencias de empleo de modo de ofrecer una  sola ventanilla de promoción de la actividad productiva en las provincias y municipios. Se está trabajando en dosgrandes programas territoriales: a) la elaboración del plan director productivo, en marcha en 28 municipalidades de todo el país, con técnicos locales y financiamiento de la Secretaría y b) la realización de talleres de desarrollo local, que involucra la realización de un diagnóstico socio-económico y la elaboración de un programa estratégico y sus correspondientes proyectos productivos.
  

• Economía Informal y Microemprendimientos: trabaja con el sector de la base empresarial de las PyMEs, encuadrado en la microempresa y la economía informal, a través de los siguientes lineamientos: acciones sobre la economía informal y el trueque; promoción del asociativismo y cooperación con municipios. En particular, existe un programa de cooperación muy avanzado con Lomas de Zamora, La Matanza y Moreno. Igualmente, se apoyaron actividades del trueque en la zona Oeste, en Bernal, en Villa María, Mendoza y otros puntos del país,  y se avanzó en la organización social de productores de bienes en la industria del pescado y en el turismo.
  

c. Coordinación de Protección, Asistencia y Formación: atiende y articula la problemática cotidiana de las PyME en tres planos perfectamente diferenciados:

• El de los ilícitos, en todos los órdenes de la actividad productiva, de servicios o comercial, en los que el interés de las PyME se vea  afectado.
  

• El de la gestión ante organismos públicos y privados, flanco débil de las empresas PyME, en defensa de sus legítimos intereses.
  

• El de la capacitación de las PyME, a través de un sistema de crédito fiscal y un programa federal de capacitación productiva, a cargo del área de Formación PyME.
  

• El de vinculación de la investigación y la ciencia con las PyME y la asistencia técnica,  en servicio de estas últimas, a cargo del área de Vinculación Tecnológica y PyMEs.
  

d. Coordinación de Comunicación y Medición de Resultados: establece políticas de difusión de las actividades de la Secretaría, al tiempo que desarrolla mecanismos de comunicación permanente con los diversos actores productivos y/o sus representantes en todo el país. Asimismo, encara mecanismos de evaluación particulares para medir los resultados obtenidos en la gestión. Entre las principales acciones se destacan:

• Producción y distribución de la Revista mensual “Tiempo de Crecimiento”, en donde se difunden las actividades y acciones de la SEPyME, junto con los libros de la Colección “Empleo y Producción PyME”. 
  

• Producción, diseño, puesta en el aire y mantenimiento de contenidos de la Página Web de la SEPyME. Respuesta a las consultas que llegan a través de la página web. Cantidad de consultas mensuales: 300 promedio.
  

e. Centro de Promoción del Financiamiento Productivo: articular las medidas necesarias para facilitar el acceso de las PyMEs a las líneas de crédito nacional e internacional, de instituciones financieras públicas y privadas.

• Microcrédito: desarrollo del Programa Iniciar, financiado conjuntamente por el BID, para promover el nacimiento de actividades productivas, a través del acceso al crédito para nuevos emprendimientos. Se reorientó el papel de la Secretaría de un administrador de fondos a un generador de políticas destinadas a gestionar el acceso de las microempresas a esta línea de créditos. En la última adjudicación participaron los principales bancos oficiales (Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad) y otros privados (Credicoop, Suquía, etc). La Secretaría interviene como gestionador de micropréstamos para instrumento clave para fortalecer la política de promoción productiva en zonas como Tartagal y Mosconi, Cutral-Có, Gran Buenos Aires.
  

• Crédito PyME: administra fondos o tasas para mejorar el acceso al crédito para las PyMEs existente, así como asesora en los mecanismos de obtención de préstamos para desarrollo productivo regionales o locales. Mediante los mecanismos de promoción que administra la Secretaría se otorgaron créditos a unas 4.500 empresas por $145 millones 
  

• Sociedades de Garantías Recíprocas: promueve esta estrategia asociativa entre PyMEs y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable e interesante el sistema para las partes involucradas. Se autorizó el funcionamiento de cuatro nuevas SGR y está en trámite la autorización para otras siete.
  

• Fonapyme: administra el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), recientemente aprobado en la reglamentación de la Ley PyME, con el objeto de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las empresas. Se convocó a la presentación de proyectos para el otorgamiento de quince millones de pesos en aportes de capital en todo el país.
  

Finalmente, con diversos programas que se enumeran a continuación, se procura complementar la política en la materia:

Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial (Pre) Préstamo BID 989 OC/AR

El Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial fue concebido originalmente bajo un esquema de gerenciamiento privado. La asignación de partidas del presupuesto en el ejercicio fiscal 2001 para la ejecución de los recursos externos del préstamo fue inferior a la necesaria, motivo por el cual,  la Dirección Nacional del Programa resolvió suspender la aceptación de proyectos presentados por las Gerenciadoras a partir del 25 de septiembre de 2000 y rescindir definitivamente los contratos de gerenciamiento privado a partir del 31 de diciembre del mismo año por resultar imposible continuar con su ejecución en tales circunstancias.

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa decidió entonces, a partir de enero de 2001,  impulsar una reformulación integral del programa apoyada en cuatro puntos básicos: a) la transformación en un programa de apoyo a proyectos asociativos entre PyMEs; b) el gerenciamiento público con ejecución privada descentralizada, c) la prórroga en el plazo de ejecución, y d) la cancelación del saldo de préstamo que no será utilizado según las nuevas proyecciones.

La concepción central de la reformulación del programa continuó manteniendo el objetivo original de mejorar la competitividad de las PyMEs mediante la co-financiación de proyectos de asistencia técnica, con la única diferencia de que dichos proyectos deben presentarse en el marco de planes asociativos por grupos de empresas. Esta modalidad tiene  ventajas para facilitar la administración del Programa bajo el nuevo esquema de gerenciamiento público, al permitir llegar a una gran cantidad de PyMEs mediante la administración de un reducido número de proyectos.

En cuanto al estado de situación del programa  cabe señalar que al 31 de diciembre de 2001, se han firmado 803 Cartas Convenios. Estos proyectos representan $17.235.134 en concepto de aportes no reembolsables (ANRs) comprometidos e involucran una inversión por parte de las empresas de $37.946.396. En promedio, por proyecto se  entregaron $18.369 y las empresas  invertieron $22.103.

De los $17.235.134 comprometidos, $12.196.811 ya fueron entregados a las empresas beneficiarias.  Es importante destacar que desde enero de 2001, mes en que comenzó la gestión pública del programa, se  entregaron  $4.285.146 (35,6%).

De los 803 proyectos con Carta Convenio firmada, 46,2% terminó su ejecución,  36,5% se encuentra en etapas de desarrollo y el 17,3% restante, aún no comenzó su ejecución.

El tiempo promedio estimado de ejecución es de 8,5 meses, considerando los proyectos ya terminados.

La distribución geográfica de los proyectos aprobados presenta un patrón de concentración similar al que presenta la actividad económica en su conjunto en nuestro país. El 58% de los proyectos están localizados en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, concentrando el 65,5% del monto comprometido.

El resto de los proyectos se encuentran principalmente en las provincias de Santa Fe (14,0%),  Córdoba (11,0%) y Mendoza (4,4%).

Al analizar la distribución de los ANRs según los diferentes servicios demandados por las empresas beneficiarias, se observa que el 34,0% de los fondos se  asignaron a cofinanciar  servicios de desarrollo de la organización y sistemas de información, el 22,6% a desarrollo del nivel de calidad en productos y servicios, el 20,6% a desarrollo de mercados, el 9,0 % a desarrollo de productos y el 7,4% a desarrollo de recursos humanos y capacitación y el 6,3% restante al desarrollo de infraestructura productiva.

La facturación promedio de las empresas beneficiarias asciende a $3.029.803  Por otra parte, el 64% de los proyectos se concentran en empresas que facturan menos de $2,5 millones.

El nivel de empleo promedio de las empresas beneficiarias es de 43 trabajadores. Asimismo, el 77% de las mismas emplean a menos de 50 trabajadores.

Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones - FONPLATA ARG 10/96

Durante el año 2001 y ante la necesidad de utilizar eficientemente los recursos provenientes de organismos internacionales, como Fonplata, BID, Comunidad Europea, GTZ, la Secretaría se vio en la necesidad de reestructurar el programa para desarrollar instrumentos que permitan cumplir el objetivo de asistir a las PyMEs en la adquisición de capacidades para poder orientarse al mercado externo y acceder a información relevante y conocimientos que sirvan al desarrollo de negocios sostenibles de exportación. En consecuencia, se desarrolló un sistema de información sobre productos exportables, con orientación de oferta y de demanda. Por el lado de la oferta, se requiere difundir información en el exterior de cuáles son los productos exportables por las pymes residentes en la Argentina. Y por el lado de la demanda, se requiere mantener informadas a las pymes de la Argentina sobre los productos que se demandan en el exterior y que pueden ser ofrecidos por el país.

Programa Global de Crédito de la Micro y Pequeña Empresa

El objetivo del programa es ampliar el acceso y la cobertura de crédito a las Micro y Pequeñas Empresas (MyPES) del país, para mejorar sus niveles de empleo e ingreso mediante el incremento de su productividad en las actividades de producción, comercialización y prestación de servicios. En segundo lugar, el Programa promueve una mayor participación de las entidades financieras participantes, a través del financiamiento parcial de proyectos para fortalecimiento institucional y especialización de las entidades  en este segmento de la actividad económica.

El programa comprende a las micro y pequeñas empresas que inicien o realicen actividades de producción primaria, industrial, comercial y prestación de servicios, cuya facturación no supere los US$ 500.000 anuales (sin IVA). Los préstamos son de hasta US$ 50.000, con plazos de hasta 48 meses para créditos destinados a capital de trabajo y asistencia técnica, y 60 meses si el destino del crédito es la adquisición de activo fijo. Los períodos de gracia para la cancelación del capital y los requisitos de garantías son establecidos por la entidad financiera participante, según el análisis de las características del proyecto y  situación de la empresa solicitante.  Los recursos del programa alcanzan a un monto de US$ 200,0 millones, integrados por US$ 100,0 millones del Préstamo BID   y  US$ 100 millones del  aporte de las entidades financieras participantes. De este total, US$ 196,0 millones se destinan a créditos para el  segmento MyPES y los US$ 4,0 millones restantes constituyen un fondo para cumplir con los objetivos de asistencia técnica del programa. El  monto total se desembolsará en un plazo de cuatro años.

En el mes de agosto de 2000 el BID declaró la elegibilidad del programa y, en el mes de octubre, se realizó la primera licitación de recursos al sistema financiero.

Concluidas las dos primeras licitaciones, en el año 2001 se realizó una evaluación de la performance alcanzada por el Programa decidiéndose la reformulación de algunos de sus parámetros, de forma de incentivar la demanda de recursos de las entidades financieras y mejorar las condiciones de difusión y promoción dirigida a las empresas beneficiarias.

Como consecuencia de las modificaciones instrumentadas, la tercera y cuarta licitación realizadas en los meses de setiembre y octubre de 2001, revelaron fuerte incremento en la demanda de recursos por las entidades participantes y la incorporación de nuevas entidades financieras.

Los recursos asignados en las cuatro licitaciones alcanzaron a US$ 46.550.000 (1ª:9.650.000; 2ª 6.900.000; 3ª 20.000.000; 4ª 10.000.000). Al cierre del ejercicio 2001, las entidades participantes colocaron 1.824 créditos por un total de US$ 21.177.066, incluyendo recursos de contrapartida local. De las trece entidades que actualmente cuentan con recursos del Programa, tres se incorporaron a partir de la tercera licitación (Provincia de Buenos Aires, Bisel S.A. y Nuevo de Santa Fe S.A.), apreciándose un incremento de recursos demandados en gran parte de las restantes.

Proyecto de Desarrollo Regional y Reforzamiento de las Estructuras Provinciales de Apoyo a las PyMES Argentinas-Donación de Comunidad Europea CEARG/B7-3010/95/172

Durante el primer año del proyecto CERPYME ARGENTINA se cubrieron seis provincias: Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fé, Chaco y Chubut. En ellas se prestó asistencia técnica y capacitación de tipo horizontal a instituciones identificadas y también asistencia directa a empresas. En cada una de las provincias se  actuó en al menos un sector de los estipulados en el convenio de financiación.

La asistencia brindada a las Provincias se concretó a través de 54 expertos (nacionales y europeos) coordinados y monitoreados por la Unidad de Gestión (UG). De este modo en el año 2001 se concretó la asistencia de 34 cámaras, 77 empresas y se realizaron 85 cursos de capacitación a diversas instituciones. Entre los subsectores industriales que recibieron asistencia técnica se encuentran: vino, fruta, turismo, lana, cuero, maquinaria agrícola y madera.