MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

1 – Administración Central

Programa: Fomento del Deporte y la Recreación

El programa tiene por objetivo fomentar la actividad física como factor coadyuvante al desarrollo social, atendiendo especialmente a los sectores de menores recursos, mediante la formación deportiva de base, el desarrollo de actividades de competencia con la participación de alumnos de nivel medio y la realización de actividades ecológico campamentiles.  Focaliza mayoritariamente sobre niños y jóvenes de entre 7 y 16 años y atiende a población convencional y con discapacidad.

Devengó $5,1 millones que se destinaron fundamentalmente a servicios no personales (43,7%) y transferencias (49,1%).

-en pesos y magnitudes físicas-

La formación deportiva, que promueve la participación de los niños para su iniciación en distintas disciplinas (atletismo, básquetbol, handball, fútbol, voleibol, etc.), se ejecutó en 1.128 escuelas (47 por provincia), con una participación de casi 40.000 niños.

En el área de campamentos y albergues, se brindó alojamiento y comida en el Centro Recreativo Nacional Ezeiza a niños y jóvenes provenientes de las provincias, clubes y Organizaciones No Gubernamentales a los efectos de promover la realización de actividades deportivo-recreativas y el contacto con la naturaleza.

Estos resultados se alcanzaron en un marco institucional complejo, ya que la transferencia de la Secretaría de Deportes a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, introdujo dificultades a los procedimientos administrativos.  Asimismo, la reducción de la dotación del personal contratado como así también la baja de las remuneraciones atentó contra la productividad; de todas maneras, se adoptaron las medidas organizativas necesarias para no afectar los resultados.

Las restricciones presupuestarias determinaron la reducción del período de funcionamiento de las Escuelas de Formación Deportiva y el atraso en el pago a los profesores participantes.  Aún así se destaca la masiva participación de los beneficiarios.

Programa: Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento

El programa tiene por objetivo la promoción del deporte federado y de alto rendimiento, propiciando la participación de atletas en competencias nacionales, regionales o internacionales.

Devengó $7,8 millones que se destinaron fundamentalmente a servicios no personales (15,9%) y transferencias (72,9%).

-en pesos y magnitudes físicas-

Las actividades que desarrolla este programa son la asistencia al deporte federativo, el plan de becas y licencias deportivas, la asistencia médico deportiva y el apoyo a competencias de alto rendimiento.

Una parte de las becas se orienta a deportistas de elite con el fin de mejorar sus performances deportivas.  Se otorgaron 396 becas deportivas mensuales y 44 becas paraolímpicas.  Otra parte de las becas se destina a técnicos deportólogos, con el propósito de apoyar económicamente a los cuerpos técnicos responsables de la preparación y entrenamiento de los deportistas de elite.

La asistencia al Deporte Federado, consiste en facilitar a distintas instituciones deportivas nacionales la utilización de servicios de alojamiento y comida y la contratación de técnicos y entrenadores, mediante apoyos económicos, con la finalidad de que sus atletas logren una óptima preparación para asistir a competencias nacionales e internacionales. De este modo se apoyó a casi 1.199 atletas en competencia, para lo cual:

• Se contrataron 171 entrenadores.

• Se realizaron 63 giras preolímpicas, 17 eventos de clasificación olímpica y competencias internacionales de otros deportes no olímpicos.

• Se participó en los Juegos Paraolímpicos.

• Se utilizaron las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en las que se realizaron 356 concentraciones y 86 residencias permanentes con servicio de alimentación.

La atención médica se orienta a realizar evaluaciones permanentes de capacidades psico-físicas de los deportistas en general y de los atletas miembros de los representativos nacionales en particular.

Las dificultades operativas estuvieron asociadas a la transferencia de la Secretaría de Deportes a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la reducción de la dotación del personal contratado y al recorte de las remuneraciones.

Los resultados directos de este programa se pusieron de manifiesto en la participación exitosa de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Sydney.  Se optimizaron los recursos asignados al programa, adoptando nuevas estrategias de gestión, de modo de poder contar con profesionales de apoyo nacionales y extranjeros de alta calificación, realizar giras preparatorias, asistir a eventos clasificatorios y efectuar concentraciones.  Esta participación provocó no sólo una mayor difusión de los deportes en general, sino que generó mayor interés en la población por acercarse a la práctica deportiva, con el consiguiente beneficio social.

Programa: Prevención y Control Antidóping

El programa tiene por objetivo contribuir al cumplimiento de la Ley Nº29.819, interviniendo en la realización de análisis de doping en el deporte profesional y desarrollando acciones preventivas.

Devengó $397 mil que se destinaron fundamentalmente a servicios no personales  y bienes de consumo.

-en pesos y magnitudes físicas-

Durante el 2000 se realizaron tareas conjuntas con otras áreas oficiales como CONICET, UBA y Direcciones de Deportes Provinciales, lo que permitió optimizar la utilización de los recursos disponibles y, a su vez, la actualización y el contacto científico.  Sin embargo, el laboratorio perdió terreno respecto a otros laboratorios del continente sudamericano, que utilizaron el año 2000 para mejorar su capacidad tecnológica.

Para reducir costos, se procuró disminuir el gasto en insumos, mediante la optimización de los procedimientos de análisis de laboratorio.  Asimismo, se amplió el espectro de proveedores, probándose diferentes tipos de insumos, marcas, calidades y procedencias. Con el mismo objetivo, se continuó con los procedimientos de mantenimiento preventivo del equipamiento, estableciéndose paradas programadas y elaborando programas conjuntos con la empresa encargada del mantenimiento. Se verificó la calidad de los insumos ofrecidos, tanto en el momento de adjudicar una licitación como en el de recepción de los productos.

La optimización de recursos y procedimientos analíticos que se realiza en el laboratorio, permite aumentar la calidad y cantidad de los servicios prestados a las federaciones deportivas del país, lo cual significa una ampliación del mercado local y la obtención de mayores ingresos propios.  Sin embargo, este crecimiento está limitado por el número de federaciones y de competencias realizadas en la Argentina.  Para extender las prestaciones al mercado sudamericano, obteniendo acreditaciones de diferentes federaciones internacionales, se requiere actualización tecnológica para reposicionar al laboratorio en los primeros puestos en el ámbito del cono sur.

La escasez de recursos humanos en las áreas de prevención limitó las acciones en ese campo.  Otras dificultades estuvieron asociadas a cuestiones operativas, tales como la carencia de una caja chica, demorando la resolución de problemas menores de provisión de insumos, reparaciones, etc.

Programa: Programa Nacional de Desarrollo Deportivo

El programa tiene por objetivo apoyar y detectar talentos deportivos con la finalidad de formar a los futuros participantes de competencias olímpicas.

Devengó $1,0 millones que se destinaron fundamentalmente a transferencias (95,1%).

-en pesos y magnitudes físicas-

El programa intervino mediante la organización de 40 torneos y competencias internacionales, la creación de 46 centros de desarrollo deportivo, la capacitación de 300 entrenadores e instructores y la entrega de material deportivo.  Los participantes correspondieron a 24 disciplinas deportivas.

Las dificultades operativas estuvieron asociadas a la transferencia de la Secretaría de Deportes a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la reducción de la dotación del personal contratado, al recorte de las remuneraciones y a restricciones presupuestarias.

Programa: Acciones compensatorias

Este programa implementa acciones destinadas a prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a personas, grupos y comunidades, focalizando sobre áreas geográficas o personas que enfrenten situaciones de riesgo o emergencia.

Su gasto fue de $14,8 millones, que se distribuyeron mayoritariamente en transferencias (53,8%) y bienes de consumo (24,9%).

-en pesos y magnitudes físicas-

Durante el presente año se focalizaron las acciones hacia la asistencia a poblaciones vulnerables afectadas por emergencias climáticas o catástrofes y a poblaciones en situación crítica de pobreza estructural.  Las prestaciones básicas fueron: infraestructura (chapas, tirantes de madera y rollos PVC), equipamiento (colchones, frazadas, artículos desinfectantes, lavandina), indumentaria (vestimenta y calzado) y alimentos.

La asistencia relacionada con las emergencias climáticas absorbió la inversión de las tres cuartas partes de los recursos del área, atendiendo principalmente las regiones afectadas por inundaciones y tormentas de nieve.  Se han observado altos índices de satisfacción en los representantes de las comunas afectadas tanto en relación a los volúmenes de asistencia, cuanto en los tiempos de llegada de la misma.

En cuanto a la asistencia a comunidades en situación de pobreza estructural, la ayuda se concentró principalmente en infraestructura y alimentos, canalizándose la misma a través de organismos gubernamentales y en ocasiones, con la cooperación con ONG.

En vinculación directa con la asistencia a poblaciones en estado de pobreza, se realizaron acciones especiales como el evento del “Día del Niño”, que logró beneficiar a 367.206 niños con raciones de leche, otros alimentos  y juguetes.  Estas tareas se instrumentaron a través de 167 instituciones, 61% gubernamentales y 39% no gubernamentales.  Asimismo, se reforzó el vínculo institucional con las comunidades aborígenes del país, gestionándose prestaciones alimentarias y acompañando encuentros nacionales coordinados por el INAI, entre otros.

El valor de los bienes distribuidos totalizó $6,5 millones, correspondiendo $3,9 millones a las emergencias climáticas y $2,6 millones para la asistencia por pobreza estructural.  Se brindó asistencia mediante 704 instituciones, casi en su totalidad de carácter gubernamental, de nivel provincial y municipal.  La cantidad de personas beneficiadas se estima  en  421.000, de los cuales 186.800 personas fueron asistidas por estar afectadas por emergencia climática, y 234.200  por encontrarse  en situación de  pobreza estructural.

En relación a la organización interna de la Dirección de Emergencias se lograron mejoras en los sistemas de información y logística en general (secciones administrativa y depósito). Para la operación del depósito se puso en marcha el sistema SUMA de la Organización Panamericana de la Salud, especialmente diseñado para el manejo de suministros en ocasión de desastres.

La ayuda directa a personas insumió $5,1 millones.  Se priorizó la asistencia en cuestiones relacionadas con la salud, derivándose hacia las áreas de competencia a aquellos solicitantes a quienes no se pudo dar solución.  Se enfatizó la difusión del programa en todo el país, de modo de igualar las condiciones de accesibilidad de todos los habitantes.  Se trabajó en conjunto con las Casas de Provincia para optimizar los recursos en cuanto a subsidios de alojamiento y comedor para acompañantes de pacientes del interior del país.  Se atendió una parte significativa de la demanda de medicamentos oncológicos ya que ésta no pudo ser satisfecha en su totalidad por el Banco de Drogas Oncológicas.

Las dificultades operativas con que se enfrentó esta actividad se debieron a la dificultad de los solicitantes para cumplimentar los requisitos necesarios para el trámite de subsidios (informe social y autorización de las jurisdicciones).  En el caso de los transplantes, muchas provincias presentaron inconvenientes para comprometer la cobertura del 50% del costo.  Con el objeto de reducir el costo de las prestaciones se modificaron los procedimientos de contratación, ampliando el número de proveedores cotizantes y se intensificaron los controles sobre las personas alojadas por tratamientos médicos a los efectos de limitar la cantidad de días de permanencia a los estrictamente necesarios.

Respecto de los subsidios institucionales, se dispuso intensificar la asistencia al interior del país y se invirtieron $2,9 millones.  Los gobiernos municipales recibieron el 61% de los recursos por este concepto, dado que éstos son los que mayor conocimiento poseen acerca de las problemáticas locales.   Las dificultades operativas que afectaron a esta actividad fueron: escasa asignación inicial de recursos y reasignación tardía luego neutralizada por restricciones de cuota, imputación de expedientes ajenos al área y demoras en la aprobación de nuevos procedimientos de ejecución propuestos para el área.

Programa: Desarrollo de Capital Social

Sus objetivos son mejorar la capacidad operativa y de gestión de las organizaciones comunitarias mediante la capacitación, la formación gerencial, el apoyo técnico específico y financiero a iniciativas que ellas impulsen, así como apoyar y fortalecer roles espontáneos y promover la solidaridad social.  Se instrumenta mediante el financiamiento de proyectos dirigidos a grupos de población de acuerdo con distintas segmentaciones y la asistencia técnica y financiera a las organizaciones para el desarrollo o fortalecimiento institucional y para la capacitación de sus miembros.  El programa comprende 11 (once) actividades.

Su gasto fue de $37,0 millones que se destinaron mayoritariamente a transferencias (81,8%) y servicios no personales (15,2%).

-en pesos y magnitudes físicas-

Interacción con Organizaciones Comunitarias y Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Luego de un proceso de diagnóstico inicial, en el segundo trimestre del año estas actividades fueron fusionadas, reformulándose sus objetivos y acciones. El gasto devengado fue de $2,4 millones, aunque se financiaron prestaciones de la Dirección Nacional de Tercera Edad, que no contó con presupuesto durante el ejercicio.

Se incorporaron o actualizaron 1.469 registros en la base de datos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre una meta de 1.500.  Sin bien el desvío es poco significativo, éste se debe a que las organizaciones demoran en completar los formularios de registro y en muchos casos, luego de los controles previos a la carga de datos, se hace necesario repreguntar a las organizaciones a fin de chequear o complementar la información.

Las actividades de difusión de información sobre OSC alcanzaron a 10.942 organizaciones sobre 10.500 previstas, mediante la distribución del Boletín CENOC y otro tipo de contactos.  Se realizaron 5 estudios sobre OSC y se brindó asistencia técnica a 14 dependencias gubernamentales vinculadas a OSC sobre 5 previstas, por aumento de la demanda.  La asistencia se orientó a la implementación de la base de datos de OSC y al dictado de cursos de capacitación a funcionarios de jurisdicciones municipales y provinciales.  Asimismo, se realizaron 7 encuentros de OSC, sobre 3 programados.

Con la finalidad de propiciar el fortalecimiento institucional de las OSC, lograr efectivas articulaciones y concretar procesos asociativos entre éstas y los gobiernos provinciales, locales y otros actores representativos, para el diseño y abordaje de aspectos estratégicos de la política social local, se realizaron cursos de capacitación a OSC, los que fueron elaborados y dictados por universidades nacionales.

Los resultados alcanzados fueron consecuencia de la planificación de tareas bajo la lógica de proyectos, la articulación entre las distintas áreas operativas y la introducción de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las acciones.  Sin embargo se enfrentaron obstáculos relacionados con los tiempos que insume establecer acuerdos o convenios con las dependencias de gobierno (provinciales o municipales) o instituciones (universidades).

De este modo, se posicionó al Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) como fuente de información, generador de investigación e interlocutor válido en el tema de las OSC, tanto ante organismos públicos como ante organizaciones privadas con y sin fines de lucro. Se contribuyó a difundir la importancia de la gestión asociada entre el sector público y el sector privado como una meta a promover por parte de los gobiernos locales y las OSC, como así también de la constitución de redes.

Atención a Poblaciones Indígenas

Esta actividad, desarrollada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, consiste en promover el desarrollo integral de las comunidades aborígenes, priorizando sus aspectos socio-económicos, sanitarios y culturales y preservando y revalorizando su patrimonio cultural.  A partir del tercer trimestre del año, por problemas organizativos, dejó de informar su producción institucional.

Atención a Menores (PROAME I y PROAME II)

Estas actividades apoyan financiera y técnicamente a organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios esenciales (alimentación, cuidado diario, apoyo escolar, capacitación laboral) a niños y adolescentes de 0 a 18 años con necesidades básicas insatisfechas.  Durante 2000 se capacitó a 5.912 personas en organizaciones no gubernamentales y se asistió a 77.223 personas mediante el financiamiento de proyectos.  El gasto devengado fue de $5,2 millones.

El PROAME I brindó asistencia a niños y adolescentes en riesgo a través de 62 organizaciones de la sociedad civil (no gubernamentales) de 9 provincias, cuyos proyectos concluyeron el 31 de julio de 2000.

El PROAME II evaluó 133 proyectos de organizaciones no gubernamentales de 14 provincias para brindar servicios esenciales a niños y adolescentes, de los cuales 102 resultaron aprobados y, luego de firmados los convenios, se concretó el apoyo financiero y técnico para la implementación de 39 proyectos en 7 provincias. Asimismo, se evaluaron proyectos de fortalecimiento institucional de las áreas provinciales con competencia en la temática de niñez y adolescencia en 21 provincias. Dichos proyectos fueron aprobados por el Comité Técnico y una vez firmados los respectivos convenios de transferencia de fondos, se financió a 15 de ellos.

En la actualidad se encuentran en ejecución el 50% de los proyectos de organizaciones de la sociedad civil previstos y el 70% de los proyectos de fortalecimiento institucional de las áreas provinciales de niñez y adolecencia.  El mayor esfuerzo de la gestión estuvo puesto en asegurar la implementación de la totalidad de los proyectos.  Por otra parte, se promovió la articulación de acciones de las organizaciones ejecutoras que trabajan en las mismas ciudades de manera de no superponer acciones y de optimizar los recursos de infraestructura y la participación conjunta de las entidades en actividades de capacitación en gestión y en temas sustantivos relacionados con las prestaciones previstas por los proyectos.

A lo largo del año se enfrentaron inconvenientes que incidieron negativamente en el cumplimiento de las metas inicialmente propuestas.  El recambio gubernamental a nivel nacional implicó una serie de retrasos relacionados con la necesidad de las nuevas autoridades de tomar conocimiento de las características y metodologías de los proyectos y de los equipos técnicos del programa, tanto de la unidad ejecutora como de los consultores provinciales para confirmar o rectificar el rumbo de las acciones.  Los procedimientos y circuitos establecidos para la firma de contratos y convenios fueron varias veces modificados; esto derivó en la interrupción de trámites iniciados con la consiguiente demora en la firma de los convenios.  Además, los proyectos aprobados fueron objeto de observaciones por parte de las autoridades superiores, lo que introdujo demoras en la tramitación de expedientes, retrasando la firma de convenios con las instituciones y en consecuencia, el inicio de los proyectos.

Este conjunto de circunstancias produjo malestar en las entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales que, previendo los desembolsos del financiamiento aprobado oportunamente, habían iniciado las gestiones de contratación de personal, convocatoria de beneficiarios y acuerdos y articulaciones con otras entidades; muchas de ellas debieron comenzar la implementación de actividades con aportes locales.

A continuación se presentan indicadores de resultado del PROAME I, ya finalizado.

Atención de grupos prioritarios

Esta actividad, que promueve estrategias de contención social, integración y participación de grupos de riesgo, principalmente ancianos y discapacitados, también fue reformulada en el año en curso, lo que originó que se dieran de baja las metas fijadas a fines de 1999. 

Esta área, que históricamente intervino en los proyectos para discapacitados financiados con recursos de la Ley de Cheques, no tuvo ejecución física en el primer semestre, ya que el personal fue afectado a la regularización de expedientes de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad.

En la segunda mitad del año se puso en marcha el área de Promoción de Espacios Asociativos, que promueve la integración en foros de grupos e instituciones para mejorar y potenciar su accionar mediante la acción conjunta y la articulación de iniciativas.  A modo de prueba piloto, se constituyeron 5 redes, las que recibieron asistencia técnica y capacitación.  El gasto devengado fue de 2,2 millones de pesos.

Esta prueba piloto permitió ver que la metodología diseñada contribuyó a la promoción de redes, incrementando la capacidad instalada en las organizaciones y demostrando que aumenta la eficacia de las acciones cuando éstas actúan articuladamente.

Las dificultades encontradas en la implementación obedecieron a lo novedoso de la experiencia; por este motivo, se carecía de información vinculada a tiempos de ejecución, procesos organizativos de las redes, grado de formalidad e informalidad de las organizaciones participantes, etc.  Asimismo, la escasez de recursos humanos en el área administrativa, provocó inconvenientes respecto a la transferencia de recursos, rendiciones, etc., por lo cual se realizó una reectructuración del sector.  Por otra parte, los límites impuestos por la cuota presupuestaria asignada al Ministerio condicionaron una mayor expansión de las actividades.

Grupos vulnerables

Esta actividad se financia parcialmente mediante un crédito BID.  Durante el año 2000 se atendieron proyectos en una proporción superior a la esperada.

El programa implementó y desarrolló un nuevo componente programático, el Plan Multibarrial orientado a mujeres jefas de hogar. De esta manera se trata de dar respuesta a las demandas de uno de los sectores más desatendidos por las políticas sociales: los hogares monoparentales con dificultades en su inserción social.

Debido a un ajuste operativo, se suspendió el financiamiento de procesos de planificación participativa a partir del segundo trimestre, cuando se había asistido a 40 organizaciones.  En cuanto a los Planes Barriales, durante el año 2000 se trabajó sobre la ejecución de los proyectos iniciados en períodos anteriores, observándose los siguientes logros: mejora en la integración de los actores, creciente autonomía de los ejecutores, mayor reconocimiento del rol de las organizaciones de apoyo en la asistencia técnica y acompañamiento a los ejecutores, utilización del Comité de Seguimiento Local como instancia válida de participación para la búsqueda de soluciones, desarrollo de propuestas colaterales a los Planes Barriales y preocupación por la sostenibilidad de los proyectos.

Las dificultades de tipo organizativo se relacionaron con la necesidad de articular numerosos actores sociales e institucionales.  Los problemas operativos obedecieron a reprogramaciones y retrasos en las rendiciones, que demoraron la ejecución de los planes.

Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR)

El FOPAR tiene por objetivo desarrollar capacidades de gestión y ejecución de proyectos destinados a mejorar las condiciones socioeconómicas de grupos y comunidades en las zonas de mayor incidencia de pobreza de acuerdo al indicador de necesidades básicas insatisfechas.  Se financia parcialmente mediante un crédito del BIRF.

Durante el año 2000 se continuó con los procesos de evaluación de las provincias de Misiones, Chaco, Jujuy, Salta y Corrientes, estudiándose 203 proyectos iniciados en 1999.  Asimismo se inició el proceso de revisión y ajuste de los instrumentos de evaluación ex–ante de proyectos (manuales y formularios de evaluación) dirigidos a los profesionales que actúan como evaluadores de los proyectos FOPAR, manual de costos y evaluación económica).  Por otra parte, se perfeccionaron instrumentos legales y de control de gestión.

Se firmaron contratos correspondientes a 177 nuevos proyectos en las provincias de Jujuy, Corrientes, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Misiones, por un monto de $7,9 millones.  En total, durante el año 2000 estuvieron en ejecución 385 proyectos comunitarios, lo que implica el acompañamiento a los beneficiarios con el fin de apoyar la gestión y el control administrativo, técnico y financiero de los proyectos.  Para el desarrollo de las actividades se desembolsaron $8,8 millones.  Al 31-12-2000 se registraban 133 proyectos finalizados correspondientes a la segunda etapa del programa, con 33.513 beneficiarios directos.  En total, los proyectos contratados en la segunda etapa del FOPAR suman 410, con un monto de $18,8 millones.

Las acciones originalmente planificadas por el FOPAR fueron afectadas por restricciones presupuestarias. Esto implicó la postergación de acciones en las nuevas provincias que estaba previsto incorporar al programa (La Rioja, Tucumán, Catamarca, Formosa y las provincias correspondientes a la Región Patagónica).

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO)

Durante el 2000 las actividades se orientaron a promover la evaluación y el monitoreo para aumentar la eficacia, eficiencia, resultados e impacto de la política y los programas sociales, consolidar un sistema de información social y generar nueva información, contribuir a la transformación del modelo de gestión y de las prácticas gerenciales de las áreas sociales y establecer un ámbito de análisis, debate e intercambio de propuestas entre el mundo académico y el Estado, acerca de los temas relevantes relacionados con la problemática social.

Los principales productos obtenidos del programa fueron:

• Encuesta de Desarrollo Social, Condiciones de Vida y Acceso a Programas y Servicios Sociales (EDS): se publicó un cuaderno con los resultados definitivos de la Encuesta realizada en 1997, se editó una base de usuarios, se firmó convenio con el INDEC para la realización de la Segunda Encuesta y se realizó la prueba preliminar de cuestionarios.

• Informes de Situación Social 2000: se publicaron los documentos Evolución de la Pobreza en GBA, Evolución Reciente del Mercado de Trabajo, Situación de la Infancia y Evolución Reciente de la Pobreza por Ingresos en el GBA.

• Informes de Oferta de Programas Sociales.

• Estudios y evaluaciones de programas sociales.

• Sistema Integrado de Monitoreo de Programas Sociales: se perfeccionó y generalizó este instrumento de evaluación de la gestión de los programas sociales del Ministerio.

• Sistema de Identificación y Registro de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM): permite la identificación, priorización y registro de las familias más pobres y vulnerables para facilitar su atención a través de las intervenciones sociales.

• Seminarios, talleres y jornadas de capacitación.

• Curso semipresencial de posgrado de Política y Gerencia Social: dictado en colaboración con Universidades Nacionales en las provincias.

•  Agencias del SIEMPRO en las provincias.

Las dificultades operativas que retrasaron las actividades en los primeros meses del año obedecieron a la complejidad del circuito administrativo que originó demoras en la firma de contratos de locación de obra para la realización de evaluaciones y proyectos de investigación.

El SIEMPRO fue reestructurado con el objetivo de reducir sus gastos operativos, que pasaron de representar el 8% del gasto total al 3,45%.

Desarrollo Integral Ramón Lista (DIRLI)

Esta actividad se estructura a partir de políticas intersectoriales dirigidas a resolver diferentes aspectos de la realidad socioeconómica y cultural de la población indígena wichi del departamento de Ramón Lista (Formosa).  Este departamento se caracteriza por tener los más altos índices de NBI del país.  Las áreas de intervención del programa son salud, educación, vivienda, agua y actividades económicas.

Beneficiarios del DIRLI según línea de acción

La ejecución fue afectada por problemas en la disponibilidad de fondos.  En primer término, la Comisión Europea que financia parcialmente el programa, se retrasó en el envío de los fondos en el primer semestre del año.  En segundo término, la contraparte nacional asignó un presupuesto inferior al programado.  Por estos motivos, la actividad del programa fue limitada en la primera mitad del año, retomándose el ritmo normal a partir de julio.  Asimismo, algunos gastos que debían financiarse con fuente local debieron ser solventados con recursos externos.  También dificultó el desenvolvimiento de las operaciones la distancia entre la sede operativa, ubicada en el Departamento de Ramón Lista y la sede administrativa, ubicada en la capital de la provincia (600 km).

Estas dificultades pudieron ser parcialmente neutralizadas por la consolidación de un equipo social que logró motivar la activa participación de los beneficiarios y por una mayor descentralización en el proceso de toma de decisiones.

Programa: Asistencia Nutricional Alimentaria

Este programa contribuye a mejorar la alimentación de grupos nutricionalmente vulnerables, pertenecientes a hogares con necesidades básicas insatisfechas y mejorar la condición alimentaria de población rural y urbana en situación de pobreza a través de la autoproducción de alimentos.  Comprende los programas sociales Alimentario Nutricional Infantil (PRANI) y Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA), que fueron fusionados para conformar el UNIDOS, y el PRO-HUERTA.

El programa gastó $47,3 millones distribuidos mayoritariamente en bienes de consumo (62,1%) y transferencias (24,0%).

-en pesos y magnitudes físicas-

ASOMA, PRANI y UNIDOS

Durante el año 2000 los programas ASOMA y PRANI dejaron de funcionar como tales, dando lugar a la creación del programa UNIDOS.  Esta unificación se realizó en un contexto institucional de constantes cambios, lo que influyó sobre las proyecciones de acciones y metas.

El ASOMA ejecutó, en los tres trimestres que se mantuvo en operación, acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores a través de un complemento alimentario a un costo promedio de $15, asistiendo a personas mayores de 60 años y más en situación de riesgo social.  Dicha ejecución se realizó a través de dos modalidades: a) transferencias de cajas de alimentos mediante compra centralizada y b) transferencias de fondos para la compra de módulos alimentarios.

El PRANI ejecutó, durante el mismo período que el ASOMA, acciones tendientes a mejorar el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada de los niños que asisten a comedores infantiles a través de refuerzo alimentario a un costo promedio de $10, asistiendo a niños de entre 2 y 5 años que habitan áreas con necesidades básicas insatisfechas.

A partir del 19 de setiembre de 2000 comenzó a ejecutarse el programa UNIDOS, sustentado operativa y presupuestariamente en los ex programas ASOMA y PRANI, con acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de las familias en alto riesgo social a través de un complemento alimentario a un costo promedio de $15, asistiendo a hogares focalizados en áreas de pobreza crítica.  Dicha ejecución se realizó mediante las modalidades de transferencia de cajas de compra centralizada y de transferencia de fondos.

El programa enfrentó algunas dificultades operativas en la adquisición de alimentos y cajas de cartón de manera centralizada, lo que retrasó el esquema previsto de entrega de módulos a las provincias.  Estas dificultades estuvieron asociadas a los cambios en el decreto que reglamenta las compras del Estado, a la complejidad del circuito administrativo y a demoras en la entrega de productos por parte de los proveedores.  Al contrario que en años anteriores, para evitar el manejo discrecional de los fondos en las provincias, se tendió a una mayor ejecución mediante la modalidad de transferencia de cajas en el programa ASOMA; esto, sin embargo, dificultó alcanzar las metas propuestas debido a la falta de disponibilidad de alimentos.

A partir del segundo trimestre de 2000 se modificaron los procedimientos en la gestión de los programas ASOMA y PRANI, implantando convenios conjuntos que posibilitaran la generación de un canal unificado para las transferencias de prestaciones y subsidios, siendo esta metodología base de sustentación para los futuros acuerdos que se realizarían desde el programa UNIDOS.  Estos nuevos convenios establecen una complementariedad entre la Nación y las provincias para la focalización, registro e identificación de beneficiarios, la composición de la prestación y la modalidad de ejecución.

PRO-HUERTA

En el año 2000 el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente destinó $7,0 millones a este programa, el cual es ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el propósito de complementar la alimentación de población rural y urbana en situación de pobreza, mediante la autoproducción de alimentos en pequeña escala (huertas y granjas familiares, escolares, comunitarias e institucionales), y promover la participación comunitaria, generar tecnologías apropiadas y estimular pequeñas alternativas productivas en la producción de alimentos.

Hacia fines de año, 2.478.500 personas en situación de vulnerabilidad alimentaria se involucraron con el programa, a través de 384.400 huertas y granjas alimentarias (hogares carenciados de 5 a 6 integrantes), 2.251 emprendimientos comunitarios (112.800 personas) y 5.832 huertas y granjas escolares (alrededor de 436.200 niños). Estos resultados corresponden a la campaña primavera-verano y son preliminares. Se estima que los datos definitivos arrojarán una cobertura de cercana a 2,6 millones de personas.

El programa se extiende a todo el territorio nacional, con presencia activa en el 53% de los municipios y realizaciones en más de 3.900 localidades. A diciembre de 2000, su estructura operativa comprendía 1.607 técnicos que capacitan, supervisan y acompañan en forma continua el trabajo de 14.106 promotores o agente multiplicadores voluntarios.

La red  de vinculación interinstitucional comprende más de 6.400 entidades u organismos, entre los que se destacan municipios, centros de jubilados y hogares de ancianos, organizaciones de base, hospitales y centros de salud, entidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, minoridad y discapacitados, comedores comunitarios, programas y organismos provinciales, escuelas agrotécnicas y centros de rehabilitación.

La producción total del año se estima en 63.000 toneladas, por un valor de $88,0 millones, cubriendo una superficie de 3.600 hectáreas. La superficie de las huertas atendidas a escala familiar se encuentra entre 87 y 108 m2, con una producción de entre 178 y 205 kilogramos de hortalizas al año. El tamaño medio de las familias asistidas es de 5,1 personas por familia.

Los logros del programa se vinculan con que su metodología de intervención incorpora al voluntariado y a la capacitación progresiva de la población atendida, técnicos y voluntarios.

Debido a las restricciones presupuestarias, se adquirió un 36% menos de semilla que lo planificado. Asimismo, el fraccionamiento en la distribución de las colecciones hortícolas y la demora en la autorización para la adquisición del remanente, determinó rezagos en las entregas de semilla.

Durante el año se trabajó en la articulación de los Programas UNIDOS y PRO-HUERTA con el objetivo de optimizar los recursos existentes, fortalecer los procesos de organización social y promover la participación de los destinatarios.  En este sentido se establecieron los siguientes lineamientos: 

• Los destinatarios de los módulos alimentarios pueden ser incluidos en proyectos de autoproducción de alimentos.

• Los grupos solidarios tienen la posibilidad de presentar proyectos de alternativas productivas agroalimentarias que generen ingresos y reduzcan los gastos familiares.

• La población beneficiaria del PRO-HUERTA se integra al Registro Unico de Beneficiarios de la Secretaría de Políticas Sociales.

• La estrategia de capacitación se desarrolla en forma conjunta y su eje es la promoción de la seguridad alimentaria.

• Los Consejos Sociales Locales participan en el fortalecimiento de esta articulación.