JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

1- Administración Central

Programa: Modernización de la Administración Pública

Las  actividades realizadas por el programa son compartidas básicamente por la Dirección Nacional de Coordinación e Integración Tecnológica, la Dirección Nacional de Estandarización y Asistencia Técnica, la Dirección Nacional del Servicio Civil y la Dirección Nacional de Organización. Con un gasto anual devengado de $21,3 millones, las actividades desarrolladas durante 2000, se vincularon con lo relativo a la implementación de la firma digital para la Administración Pública Nacional, la asistencia técnica y tecnológica y la instrumentación para la implementación del Sistema de Retiro Voluntario, entre otras.

En cuanto a la implementación de la firma digital, se intervino en todas aquellas iniciativas del sector público tendientes a incorporar la tecnología de firma digital así como en el asesoramiento en todo proyecto que involucre su empleo. En tal sentido, se realizó la entrega del software correspondiente a varios organismos e instituciones como el  Banco de la Nación Argentina, la Policía Federal Argentina, la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Económicas - UBA, etc.

Con relación a la asistencia técnica y tecnológica se realizaron consultorías sobre informática en organismos como el Banco Central de la República Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, PAMI, la Dirección General de Fabricaciones Militares, entre otros. Se publicó la quinta edición de los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública promoviéndose su difusión en organismos que no pertenecen a la administración pública. Se dictaron cursos y seminarios relacionados con el tema de seguridad informática y se concretó la provisión de un servicio especializado de asesoramiento de seguridad en redes. Asimismo, se brindó asistencia a la Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de Economía en la revisión del catálogo de bienes y servicios correspondientes al rubro informática. También se promocionó la utilización de sistemas comunes en el ámbito de la administración pública como el sistema de gestión de expedientes y gestión de recursos humanos; se procuró la distribución del software para seguimiento de expedientes a varios organismos e instituciones como la Auditoría General del GCBA, la Dirección de Bases de Datos Jurídicos – SAIJ, etc. y se asistió técnicamente a organismos en la elaboración del plan de sistemas y en los temas vinculados con informática (ANSeS, Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, etc.).

Para el desarrollo del Sistema de Retiro Voluntario se trabajó en el módulo de ingreso y procesamiento de datos de los agentes comprendidos, el cual fue distribuido a los organismos. La Dirección Nacional del Servicio Civil trabajó básicamente en la elaboración de una propuesta de reglamentación del sistema de retiro voluntario y en diversos proyectos relativos a la reglamentación para su aplicación. También se colaboró en el desarrollo del establecimiento de Acuerdos – Programas en materia de políticas y gestión de recursos humanos. Las intervenciones tuvieron lugar en el Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y la Dirección Nacional de Migraciones. Por su parte, la Dirección Nacional de Organización trabajó en diversos proyectos institucionales vinculados a la creación de organismos, aprobación de estructuras organizativas, creación de programas, etc.; proyectos vinculados al diseño de normativas para el mejoramiento del sector público como el proyecto de procedimientos y requisitos para la evaluación.

Programa: Políticas de Integración para Personas Discapacitadas

La Unidad Ejecutora de este programa es la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  Esta ejerce las funciones de coordinación dentro del Comité Coordinador de Programas de Personas con Discapacidad y administra los fondos que se destinan al otorgamiento de subsidios para discapacitados.  Estos fondos provienen de la Ley de Cheques (Ley 24.452), que dispone que los recursos que recaude el Banco Central en virtud de las multas establecidas, se apliquen a la financiación de programas y proyectos para personas con discapacidad.

El objetivo del programa es implementar proyectos y programas que se desarrollen en zonas con deficiencias de infraestructura y cuyos beneficiarios – siempre personas con discapacidad- se encuentren en condiciones de riesgo social.  Los mismos están orientados a la integración de las personas con discapacidad, procurando satisfacer necesidades esenciales insatisfechas por éstas, su grupo familiar o comunitario y tendiendo a desarrollar la capacidad productiva de los beneficiarios a fin de favorecer su inserción en el mercado laboral.

Los programas en ejecución son:

• Acción conjunta de Sistemas Alternativos de Contención Social

• Apoyo a Centros y Servicios de Rehabilitación

• Apoyo a Talleres Protegidos de Producción – 1ª y 2ª etapa.

• Promoción de la Integración a la Escolaridad Común – 1ª y 2ª etapa

• Transporte Institucional

• Atención de Prestaciones Básicas para Personas Discapacitadas Carenciadas

• Capacitación y Apoyo a la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad

• Programa Residual de Cobertura Prestacional a Personas Discapacitadas Carenciadas del Consejo Nacional del Menor y la Familia.

Los fondos administrados se canalizan a través de las otras jurisdicciones y organismos integrantes del Comité Coordinador, las que tienen la responsabilidad de la evaluación inicial de los proyectos, su elevación al Comité, su seguimiento y auditoría.  El gasto se concentra en transferencias (corrientes o de capital) a personas, instituciones y gobiernos provinciales y municipales.  El Comité Coordinador es quien aprueba, en última instancia, los proyectos a ser financiados, dentro de la tipología preestablecida.

Además de la mencionada Comisión, los otros integrantes del Comité son:

1.   Ministerio de Salud y Acción Social.  Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad

2.   Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos

3.   Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente

4.   Ministerio de Educación

Durante el año 2000 se devengaron $15,6 millones, el 80,8% del crédito vigente, correspondiendo $14,7 millones a transferencias.  La distribución de los subsidios por tipo de programa se presenta en el cuadro siguiente:

Subsidios otorgados según Programa

Se destaca por los montos transferidos y por la cantidad de subsidios otorgados el programa residual de cobertura prestacional del Consejo Nacional del Menor y la Familia.  También sobresalen los proyectos de Acción Conjunta de Sistemas Alternativos de Contención Social, que consisten en la remodelación y/o construcción de infraestructura y la provisión de equipamiento en centros de día, residencias y hogares, y el Apoyo a Centros y Servicios de Rehabilitación.

Subsidios otorgados según jurisdicción

En cuanto al monto y a la cantidad de subsidios otorgados se destacan la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires,  por la incidencia del Programa residual de cobertura del CNMyF.

En relación a la gestión del Programa, se otorgó especial atención a las tareas de verificación y control del cumplimiento de los requisitos legales (Decreto 961/98 y Decisión Administrativa 429/98) por parte de las instituciones beneficiarias, optimizándose los mecanismos de control e incrementándose el nivel de rendiciones de cuenta.   Asimismo, se asignó a las jurisdicciones que integran el Comité, competencias para accionar judicialmente para el recupero de los recursos no rendidos y se les solicitó la adecuación de los instrumentos para formulación de proyectos y el diseño de nuevos programas.

2- Organismos Descentralizados

Instituto Nacional de la Administración Pública 

Programa: Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público

A lo largo del ejercicio, el INAP trabajó para ofrecer capacitación a los recursos humanos de la administración pública nacional, consolidando relaciones con instituciones nacionales e internacionales especializadas en Administración Pública. Para ello buscó diseñar y generar herramientas teóricas que contribuyan a la mejora de la gestión, dando un soporte a la agenda de gobierno  definida por el Poder Ejecutivo Nacional.   

- en pesos y magnitudes físicas 

Entre los principales logros de las políticas llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, se destacó la unificación del Sistema de Evaluación de la Capacitación , junto con la revisión de sus instrumentos, la adecuación de indicadores y la adaptación para su procesamiento.

Durante el primer semestre la oferta del INAP mantuvo el esquema reglamentado por Res. S.F.P. 66/99 e INAP 100/99, es decir la articulación de actividades en un ciclo de nivelación y un ciclo de actualización. El diseño contempló los ejes de modernización del Estado orientado a la gestión por resultados, transparencia en sus procesos y al compromiso con el ciudadano.

A partir del segundo semestre se puso en funcionamiento un nuevo modelo pedagógico, que presentó como principales diferencias con respecto al modelo anterior:

• Unificación de los Programas de Alta gerencia y Formación Superior.

• Especificación de procedimientos y plazos, en lo que respecta al Plan Anual de Capacitación (PAC).

• Otorgamiento anual de una distinción especial al desarrollo e implementación del PAC.

• Eliminación del Ciclo de Nivelación y el Ciclo de Actualización.

• Creación de un subprograma de Formación Continua con actividades por perfiles de destinatarios.

• Requerimiento de créditos de capacitación por período de evaluación en 40 créditos para los agentes del programa de Alta Gerencia y Formación Superior y de 30 créditos para Entrenamiento Laboral.

Los desvíos presentados en la capacitación informática  y la capacitación a nivel operativo, respondieron la decisión política presente en el nuevo modelo, de priorizar las actividades de Alta Gerencia y Formación Superior, frente al resto de las actividades de la Dirección Nacional de Capacitación. Asimismo, los desvíos presentados en la capacitación para agentes con discapacidad, la capacitación a provincias y municipios y la capacitación en el ámbito del Mercosur también fueron consecuencia de la realización de cambios en el modelo pedagógico, cuyo diseño finalizó comenzando el tercer trimestre.

La aplicación del Nuevo Modelo Pedagógico y el Plan Operativo Anual 2000 (POA 2000) también afectó la prestación de servicios de asistencia técnica, la realización de seminarios y la investigación de proyectos institucionales que presentaron un nulo nivel de ejecución como consecuencia del cambio de prioridades.

Por otra parte, las actividades de la Escuela Nacional de Gobierno se vieron notoriamente afectadas por restricciones presupuestarias. La capacitación a dirigentes políticos, presente en el plan de trabajo “Líderes Públicos”, hacia fin del ejercicio vio limitado su accionar como consecuencia de la priorización del pago de becas correspondientes a los cursantes del interior del país.

En lo referente a la distribución de Boletines, el cambio en la utilización de tecnologías de distribución (vía correo electrónico), permitió superar la distribución prevista. Por el contrario, la interrupción de la publicación del boletín periódico “Temas, Estado, Administración y Políticas Públicas”, fue consecuencia del desarrollo del POA 2000, en el cual se elimina el proyecto de política Editorial. Asimismo, la caída en el número de publicaciones como en el de ejemplares distribuidos en estudios e investigaciones, respondió principalmente a la falta de realización de proyectos institucionales y seminarios.

Finalmente, los desvíos tanto positivos como negativos presentes en la asistencia a instituciones para la integración  de personal discapacitado, en la asistencia a instituciones en entrenamiento laboral, en la asistencia a instituciones en formación de niveles intermedios y en la asistencia a instituciones en informática, respondieron a que dichos productos están íntimamente relacionados con las fluctuaciones de la demanda de las instituciones que no necesariamente responde a los planes anuales de capacitación o a los valores estadísticos de años anteriores.