Cuenta de Inversión 2000 - Ministerio Publico

La Defensoría General de la Nación tiene por función primordial garantizar el derecho de defensa en juicio tal como lo proclama el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Actualmente la participación de la Defensoría General de la Nación en el sistema de administración de justicia es cada vez mayor, debido a: factores de índole económico y socioculturales que acrecientan la franja de población actual en estado de vulnerabilidad socioeconómica, el aumento de la densidad poblacional en general, la saturación ofrecida en el sistema de administración de justicia en virtud del efecto acumulativo de causas, el aumento de las conductas que ingresan al sistema tanto por contiendas de índole civil patrimonial, de familia, comercial contencioso administrativo, laboral, etc.

En el ámbito penal, en la instancia de juicio oral en los distintos fueros de la Capital Federal y en el fuero federal del Interior del País existe escasez de defensores, salvo algunas excepciones, en donde la cantidad de casos que llegan a juicio es menor. Diversos son los factores que motivan esta situación: la disparidad numérica de los magistrados a cargo de la defensa pública que se desempeñan en esa instancia frente a la cantidad de magistrados de la Procuración General de la Nación y del Poder Judicial, el alto porcentaje de casos que llegan a juicio con actuación de la defensa pública, el gran número de debates orales en que se requiere la intervención de más de un defensor en virtud de la recurrente existencia de intereses contrapuestos entre imputados de una misma causa asistidos por la defensa oficial, el efecto acumulativo de los procesos en trámite, la cantidad de jornadas y el extenso horario que suelen demandar muchos de estos juicios orales.

También en el ámbito penal pero en la instancia de ejecución de la pena, donde se sustancian todas las cuestiones tanto de cumplimiento efectivo como condicional de la misma, medidas de seguridad y/o reglas de conductas impuestas en materia de suspensión del juicio a prueba, resulta necesario la creación de nuevos cargos de magistrados de la defensa pública, pues la deserción de los letrados particulares tras el dictado de una condena es prácticamente del 90%.

En el fuero Nacional del Trabajo y en el Federal de la Seguridad Social hasta el momento no se crearon los cargos de magistrados en la representación de los menores, incapaces y ausentes. Por lo tanto se asignó por vía reglamentaria la actuación en el fuero federal de la seguridad social de la defensoría pública oficial ante los tribunales federales de la Capital Federal y en el fuero de trabajo a las defensorías públicas de menores e incapaces y defensoría de pobres y ausentes, en lo civil y comercial.

En el fuero Civil y Comercial existen 4 magistraturas de la defensa oficial que atienden a diferentes cuestiones en lo civil patrimonial y familiar, y en lo comercial, representando a los pobres y ausentes de la Capital Federal como del Gran Buenos Aires que litigan por ante 110 juzgados civiles, 13 salas de la Cámara Civil de Apelaciones, 26 juzgados y 5 salas de la Cámara del Fuero Comercial.

La Comisión fue creada en febrero de 1998 con el fin de verificar las condiciones de alojamiento, alimentación y atención médica de los internos alojados en las distintas unidades carcelarias. Está integrada con representantes de la defensoría pública.

Es de destacar que si bien se preocupa y ocupa por la situación carcelaria en general, no actúa en caso de que las personas privadas de su libertad posean asistencia letrada de carácter particular, salvo en casos especiales y puntuales o urgentes, en resguardo del individuo afectado, y en preservación de los derechos inalienables de las personas, por solidaridad y sentido humanitario comunica la situación que se trate, conectando al profesional o institución que corresponda. Los pedidos llegan a la comisión por los propios oficios de los defensores públicos como de los internos y familiares y en su mayoría, durante el año 2000, fueron de índole médica.

Se costean los gastos referentes al uso de la línea telefónica, a través de la modalidad de cobro revertido, de las personas privadas de su libertad que recurren a la comisión.

Implementó también, una serie de actividades a los efectos de mejorar el aspecto social y educativo de las personas privadas de su libertad, entre ellas se consiguió la donación de libros de inglés para los detenidos angloparlantes.

Los inconvenientes en las cárceles son cada día mayores, en el año 2000 hubo 354 motines en los distintos penales del país, federales y provinciales debidos a la deficiente condición de alojamiento, a la mala alimentación que se les proporciona, al supuesto y denunciado maltrato por parte de efectivos del servicio penitenciario, a la falta de definición de causas. Este cuadro de crisis se completa con la falta de cárceles federales en varias jurisdicciones, lo que acarrea la necesidad de alojar a los presos por causas federales en unidades carcelarias provinciales o en dependencias de otras instituciones de seguridad pública.

En diciembre se creó la Comisión de Institutos de Menores para velar por las condiciones mínimas que por derecho posee para su desarrollo todo ser humano y en especial aquellas personas menores de edad que por cualquier motivo se hallan alojadas en algún instituto especializado. Se realizaron tres visitas en el 2000, una en el partido de Tigre por las denuncias presentadas y las otras al Instituto CAIP y la Fundación Juanito. En la primera se observaron problemas de índole edilicia y mobiliario, en las dos últimas se verificaron las condiciones de alojamiento, alimentación y atención médica que si bien podrían ser mejores, no eran deficientes ni malas.

El defensor oficial interviene en calidad de defensor de pobres, menores e incapaces y ausentes en todas aquellas actuaciones que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya sea por la competencia originaria, como también en todas aquellas causas en las que se han interpuesto recursos ordinarios, extraordinarios o quejas por denegación del recurso extraordinario. Tiene competencia en todos los fueros y en todas aquellas presentaciones en que se da vista para la asistencia técnica de los peticionantes. En cuanto al número de casos civiles, se registró un importante crecimiento respecto de años anteriores, inclusive equiparándose al número de causas penales. En tal incremento influyó la mayor flexibilidad respecto a los requisitos formales de presentación del recurso extraordinario y de la queja por denegación de aquel, el crecimiento de conflictos en materia civil y la mayor jerarquización constitucional de los tratados internacionales sobre protección de derechos humanos.

En la cámara de casación penal se resuelven los recursos de casación, de inconstitucional y de revisión, teniendo también competencia en cuestiones de justicia militar. Durante el año se le asignaron 631 causas.

En el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, se desempeñan 10 curadorías públicas y un tutor público. Su función es ejercer la representación legal de las personas incapaces mayores de edad, representar al presunto incapaz en los juicios de insania e inhabilitación, actuar como los tutores de los hijos menores de sus representados, ejercer la defensa de las personas sin bienes o cuando estos sólo le alcanzan para su subsistencia y representar al curado en todos los juicios que se le sigan al mismo, en todos los fueros. Asimismo pueden desempeñar la función de defensor especial, curador provisorio o curador definitivo.

Cada curador representa aproximadamente a 700 curados por año, cifra que se incrementó notablemente en la última década. Mensualmente despacha personalmente 300 expedientes.

En materia de protección legal de los niños se implementó, durante el año 2000, la figura del tutor y puesta en funcionamiento de la tutoría pública cuyas funciones venían desempeñando los curadores públicos.

La Procuración General de la Nación se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Además coordina el accionar de todos los fiscales, estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.

En la primera función, colabora el cuerpo de procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el área de derecho privado, penal y no penal.

Los datos consignados a continuación para cada fuero corresponden a distintos períodos calendarios como consecuencia de la reciente puesta en funcionamiento del sistema estadístico.

En el período comprendido entre el 25 de noviembre de 1999 y 31 de octubre del 2000, en el área de derecho público no penal se tramitaron 793 expedientes, de los cuales 547 causas fueron ingresadas durante el ejercicio, se dictaminaron 496 expedientes. Esto representó un crecimiento del 20% con respecto al ejercicio anterior. Dentro del área de derecho penal, en el período que abarca del 16 de septiembre de 1999 al 30 de septiembre del 2000 se elaboraron 785 dictámenes. En derecho privado durante el período de 1 de octubre de 1999 hasta 1 de octubre del 2000 ingresaron 845 expedientes de los cuales se emitió dictamen sobre 594 causas.

En la segunda función se desempeña la labor de las fiscalías federales del interior del país y la fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los diferentes fueros.

La reforma procesal penal del año 1992 además de introducir el juicio oral y público otorgó al juez la posibilidad de delegar la dirección de la investigación preliminar en el representante de la Procuración General. Esta delegación fue de carácter discrecional, es por ello que algunas fiscalías poseen delegados un 70% u 80% de los sumarios y otras no tuvieron ninguna delegación. También en el año 1997 se le incorporó la instrucción sumaria, para aquellos casos de flagrancia en los que no resulta aplicable la prisión preventiva, requiriendo una instrucción rápida que no puede exceder los 15 días hábiles. En cuanto a la delegación de investigaciones en términos absolutos se puede observar:

Cantidad de Sumarios Delegados
Fiscalías	Año
Fiscalías	1999	2000
De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	40.282	43.631
Federales del Interior del País	6.516	9.007
Totales	46.798	52.638

La tendencia del incremento de la delegación de causas se registra desde el año 1997 y se observa tanto en las fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las federales del interior del país. La curva de crecimiento fue más pronunciada en los primeros años, actualmente tiende a estabilizarse, producto del acomodamiento del sistema a la forma de plantear la dirección de las investigaciones. La mayor proporción opera en el fuero penal económico, instrucción y correccional.

La distribución es diferente en el instituto de la instrucción sumaria donde los valores más altos se registran en el fuero federal del interior y menores y muy inferior en los demás fueros. En el segundo trimestre del 2000 atendió 485 causas, un 66% del total de causas ingresadas, de las cuales 242 fueron elevadas a juicio.

De los datos de las fiscalías del interior del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (menores, instrucción, correccional, penal económico y federal) se puede sustraer que el fuero de mayor ingreso de sumarios fue el correccional con el 52% del total de sumarios ingresados. Considerando que en el total hay autores identificados y no identificados, estos últimos poseen un volumen importante en especial en los fueros correccional e instrucción y corresponden a las denuncias presentadas por la Policía y demás fuerzas de seguridad. Cabe destacar que este tipo de sumarios prácticamente no son investigados.

También ingresan al proceso denuncias de la comunidad pero con un índice bastante bajo en todos los fueros, ya que la comunidad no se acerca lo suficiente a la Procuración General para realizar denuncias. Esta falta de acercamiento no es un problema de un fuero en particular sino una tendencia general del sistema.

Un dato importante para medir la eficacia del sistema en la etapa preliminar es la cantidad de elevaciones a juicio debido a la función del Ministerio Público Fiscal ante la comisión de un delito y la imputación dirigida hacia una persona. El porcentaje de causas elevadas a juicio oscila entre el 3% y el 14%, registrándose el mínimo en el fuero correccional. Debe tenerse en cuenta que los cálculos se hicieron sobre la base de la cantidad de causas ingresadas con autor identificado, de considerarse la totalidad de causas ingresadas al sistema entonces el porcentaje sería mucho menor.

Con respecto a los tiempos de tramitación de las investigaciones preliminares se poseen datos solamente del fuero federal del interior del país y del penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 50% de los casos en el fuero federal del interior del país y 80% en el fuero penal económico demoran más de un año en su trámite.

Existe amplia aceptación del sistema de juicio abreviado como herramienta para resolver casos y optimizar recursos existentes, en especial en el fuero de menores en donde representa un 63% de las respuestas ofrecidas en esta etapa. Su aplicación no se logró aún en la etapa de investigación preliminar.

En el fuero de menores se procesa prácticamente todo lo que ingresa. Sobre este punto es necesario hacer mención que en todos los fueros a excepción de este último, se registró un bajo índice mensual de debates, lo cual es más significativo si se tiene en cuenta la cantidad de casos existentes de períodos anteriores.