PRINCIPALES CAMBIOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES

La presente Cuenta de Inversión ha sido elaborada de acuerdo a los requerimientos de la Ley Nº 24.156 y los contenidos en la Ley Nº 25.237 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2000.

En diciembre de 1999 se sancionó la Ley Nº 25.233 la cual modificó la Ley de Ministerios, sustituyendo en algunos casos el nombre y competencias de los mismos.

Así, se crearon los Ministerios de Desarrollo Social y Medio Ambiente y el de Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dependiente de la Presidencia de la Nación y la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Cabe destacar que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva no llegó a registrar ejecución presupuestaria como organismo sino como un programa  dentro de la jurisdicción de Presidencia de la Nación denominado “Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica”.

En virtud de la Ley de Ministerios las Secretarías de Deportes, Desarrollo Social y Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable conformaron el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.  También pasaron a su órbita el Consejo Nacional del Menor y la Familia y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

De la misma manera se transfirieron a la jurisdicción del nuevo Ministerio de Infraestructura y Vivienda el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Dirección Nacional de Vialidad, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, el Órgano Regulador de Seguridad de Presas, el Órgano de Control de la Red de Acceso a la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas pasó del ámbito del Ministerio de Educación al de la Presidencia de la Nación.

En el transcurso del ejercicio 2000 cesaron en sus funciones el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios y la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Infraestructura y Vivienda.  En su reemplazo se creó bajo la órbita del mismo ministerio el Organismo Nacional de Administración de Bienes con las misiones y funciones de los dos organismos suprimidos, exceptuando el Registro Patrimonial que se mantuvo en la órbita del Ministerio de Economía.

Asimismo reingresaron a la Administración Nacional como Organismos de Descentralizados, la Colonia Nacional Manuel Montes de Oca y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, que anteriormente recibían transferencias del entonces llamado Ministerio de Salud y Acción Social, actualmente Ministerio de Salud.

En cuanto al universo del sector público empresarial, cabe mencionar que Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (FEMESA) en liquidación, absorbió las tareas residuales y postliquidatorias de Ferrocarriles Argentinos y que se incorporaron como empresas en liquidación Ferrocarril General Belgrano y Fábrica de Materiales Aeroespaciales (FAMA), la cual no registró ejecución durante el ejercicio 2000.

Las empresas en liquidación ENCOTESA y Petroquímica General Mosconi, dependientes de la Presidencia de la Nación, y Tanque Argentino Mediano S.E.  (TAMSE), dependiente del Ministerio de Defensa, se transfirieron a la órbita del Ministerio de Economía.

Asimismo, Intercargo y las empresas en liquidación Administración General de Puertos (AGP) y Ferrocarril General Belgrano se traspasaron de la jurisdicción del Ministerio de Economía a la del Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

La empresa Lotería Nacional S.E., dependiente anteriormente de la Presidencia de la Nación, durante el año 2000 pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.

Durante el ejercicio 2000, la Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Presupuesto y de sus Órganos rectores -Contaduría General de la Nación, Oficina Nacional de Presupuesto y Tesorería General de la Nación- continuó en la participación activa para la definición de requerimientos funcionales y en el desarrollo de la reingeniería del SIDIF Central, con vistas a su puesta en marcha con la incorporación de tecnología de punta.

Se han optimizado los procedimientos administrativos vinculados con la generación automática de formularios de registro de recursos en las cuentas bancarias pertenecientes a la Tesorería General de la Nación y, en el circuito correspondiente, a los formularios de registro de regularizaciones y modificaciones de gastos.

En el mismo orden, pero con relación al Sistema Local Unificado (SLU), se han ampliado definiciones funcionales tendientes a finalizar su desarrollo y se ha participado en el testing y en la capacitación de la primera versión del producto que se proyecta implementar en Organismos pilotos.

Con relación al Sistema de Contabilidad Gubernamental y con respecto al registro de Bienes del Estado, en concordancia con el Decreto Nº 443/00, la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía ha dispuesto que la responsabilidad del registro de los mismos recaiga en la Contaduría General de la Nación.

En tal sentido, dicho Órgano Rector ha finalizado el desarrollo informático del Sistema de Administración y Registro de Bienes (SABEN) en sus dos grandes Módulos: a) Inmuebles de Dominio Privado del Estado Nacional y b) Muebles y Semovientes, comenzando con la capacitación e instalación del Módulo de Inmuebles en 6 Organismos, quedando previsto para el ejercicio 2001 realizarlo para ambos Módulos, en más del 50% de los Organismos restantes comprendidos en la Ley Nº 24.156.

Con respecto al desarrollo de la reingeniería que afecta al Sistema de Contabilidad Gubernamental, se inició el testeo del nuevo módulo contable con su posterior puesta en producción en paralelo con el viejo modelo.  La incorporación parcial de los nuevos módulos y el resultado de su correspondiente testeo han hecho aconsejable continuar elaborando los Estados Contables que forman parte de la presente Cuenta de Inversión, conforme a las salidas de información del anterior módulo contable.

A partir del Ejercicio 2000 se asignó a la Contaduría General de la Nación la tarea de mantener actualizado “Digesto de Normas de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”.

La mencionada publicación es de distribución a los Organismos de la Administración Nacional, a representantes de otros Poderes del Estado, a las Contadurías Generales de las distintas provincias de la República Argentina, como así también a las Universidades Nacionales, bibliotecas especializadas y profesionales en la materia.  Dicho Digesto representa una herramienta de trabajo que facilita la búsqueda y consulta de normas, ayudando a optimizar la tarea de los organismos y entidades que se encuentran en el marco de la Ley N° 24.156; como así también los trabajos e investigaciones que, a nivel docente y alumnos, se desarrollan en el ámbito universitario.

Asimismo, es oportuno señalar que el Digesto puede ser consultado vía Internet, para facilitar su llegada a todo aquel usuario que requiera del mismo, dentro como fuera de la República Argentina.  Durante el ejercicio 2000, esta Contaduría General ha rediseñado la citada página a los fines de mejorar este servicio y agilizar las consultas.

En relación con el Sistema de Presupuesto, cabe resaltar que al iniciarse el ejercicio 2000 entró en plena vigencia la Resolución Nº 507 de la Secretaría de Hacienda del 5 de octubre de 1999, mediante la cual se ordenó el texto de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional y la cuarta edición del Manual homónimo, elaborado sobre la base de dicho texto.

Posteriormente, mediante la Resolución Nº 1 de la Secretaría de Hacienda del 6 de enero de 2000 se actualizó la clasificación institucional, de acuerdo con los cambios introducidos por la Ley de Ministerios Nº 25.233 y el Decreto Nº 20/99, normas mediante las cuales se efectuó el reordenamiento de las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo Nacional.

En relación con el Sistema de Tesorería la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Económico-Financiera Nº 25.344, Capítulo V, y su Decreto Reglamentario Nº 1116/2000, Anexo IV, que disponen la consolidación de deudas, implicó para la Tesorería General de la Nación dejar de efectivizar depósitos judiciales de las acreencias comprendidas por dicha consolidación, salvo las expresas excepciones establecidas en ambas normas.

Por otra parte, se detallan a continuación los avances metodológicos y operativos que se alcanzaron en el sistema durante el ejercicio bajo análisis:

Se ha implementado la cancelación de las obligaciones impositivas referidas a retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y obligaciones previsionales de Aportes a la Seguridad Social, a través de la trasferencia electrónica de fondos. Esta modalidad de cancelación produce una mayor eficiencia en el circuito de pagos de los referidos conceptos, obteniéndose mayor seguridad y transparencia, al eliminarse la emisión de cheques, logrando de esta manera la acreditación en cuenta del 100 % de los pagos destinados a la cancelación de las obligaciones impositivas y previsionales.

Se ha desarrollado y puesto en funcionamiento una nueva versión del sistema de consulta del Registro de Cuentas Oficiales que permite contar con una mayor y más eficiente información relacionada con las cuentas bancarias correspondientes a la Administración Nacional.

Se han realizado numerosas gestiones con los Servicios Administrativo Financieros y el Banco de la Nación Argentina tendientes a racionalizar el número de cuentas bancarias abiertas.

En cuanto a la publicación de información, dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Solvencia Fiscal Nº 25.152, se ha procedido al diseño, desarrollo y publicación del sitio WEB de la Tesorería General de la Nación, el que a la vez de significar una presencia institucional de este organismo en Internet permite brindar servicios directamente tanto a los organismos de la Administración Nacional como al ciudadano en general.