De acuerdo a los lineamientos de política presupuestaria, el Ministerio de Salud y Acción Social incluyó en el año 1995, dos programas orientados a la atención de la salud materno infantil.

Estos son el programa 17 "Atención de la Salud Materno Infantil" cuya unidad ejecutora es la Dirección de Maternidad e Infancia y el 28 "Reconversión de Centros de Salud y Desarrollo Infantil" a cargo de la unidad ejecutora central del Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN).

Las acciones de estos programas se inscriben en el acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobernadores de las provincias y el Intendente Municipal de la ciudad de Buenos Aires, a través del "Pacto Federal en Favor de la Madre y el Niño" suscrito en marzo de 1994, por el cual se acordó alcanzar en el año 2000 un conjunto de estándares de salud que mejoraran los registrados en 1990.

El citado pacto tiene como antecedentes el "Compromiso en Favor de la Madre y el Niño", aprobado por el Ministerio de Salud y Acción Social en 1991, que fue preparado en base a un diagnóstico y a las decisiones adoptadas en la Reunión Cumbre en Favor de la Infancia que se celebró en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en setiembre de 1990.

El objetivo de ambos programas es sostener un sistema de vigilancia de las mujeres embarazadas, las madres en período de postparto y los recién nacidos hasta el primer año de edad, por el cual se procura determinar las eventuales complicaciones que puedan presentarse en el período del preparto para su derivación hacia otros niveles de atención, así como atender a los recién nacidos hasta el primer año de edad y dentro de éstos una especial dedicación se brinda a los que registran bajo peso al nacer. Por otra parte, las actividades también se dirigen a supervisar el crecimiento de los niños entre su nacimiento y los 6 años de edad.

Las jurisdicciones provinciales, a través de sus sistemas de salud, con la participación de las municipalidades y de organizaciones no gubernamentales de sus respectivos ámbitos, son las ejecutoras naturales y reales de la programación y de la aplicación de las normas y de los recursos previstos para el cuidado y el control del estado de la salud de las embarazadas, madres y niños. Los efectores están a cargo de la provisión de la prestación de los servicios a la población objetivo.

La realización de las actividades que se definen para cada año presupuestario se enmarcan en convenios celebrados por el Ministerio y las jurisdicciones provinciales que, en general, establecen las condiciones para que cada una de éstas pueda utilizar los recursos financieros que la Nación pone a su disposición. En 1995 sobre un crédito autorizado de 78,5 millones de pesos se devengaron 57,7 millones de pesos.

Estas transferencias nacionales estuvieron destinadas a 1) la adquisición de leche entera en polvo, 2) la compra de leche modificada en polvo fortificada con minerales y vitaminas destinada a la población de desnutridos menores de dos años, 3) la realización de actividades de capacitación para el personal provincial, 4) la adquisición de equipamiento médico de mediana complejidad y 5) de equipos y/o elementos de computación. Además, el PROMIN financió los elementos necesarios para la reconversión, remodelación y ampliación de comedores infantiles y jardines de infantes y para el mejoramiento de la capacidad instalada de servicios de salud del primer nivel de atención.

La población objetivo de estos programas corresponde a aquella que padece de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que en el caso del programa PROMIN su acción se focaliza en algunos departamentos con mayoría de población con esas condiciones definidas en acuerdo con las provincias. En este último caso las actividades en el año 1995 quedaron delimitadas a localidades de las provincias de Buenos Aires (Florencio Varela, Merlo, Moreno y General Sarmiento), Entre Ríos (Paraná), Mendoza (Gran Mendoza), Santa Fe (Gran Rosario) y Tucumán (Gran Tucumán).

El suministro de leche entera para las madres con dificultades económicas y el de leche fortificada para embarazadas y niños desnutridos, actúa no solamente como complemento alimentario sino también como un incentivo para lograr que las madres acudan regularmente a las consultas y controles médicos. La medicación complementaria está dirigida también a solucionar los problemas de las carencias especialmente en materia de hierro y iodo. Estas acciones son realizadas por los diferentes efectores localizados en las jurisdicciones.

Las metas o indicadores de impacto previstos por el Compromiso Nacional y el Pacto Federal se detallan en el cuadro siguiente, que presenta los datos iniciales y la información reunida más reciente.

El programa tiene como destinatarios a los ancianos con necesidades básicas insatisfechas (pobres estructurales) que no poseen cobertura de seguridad social. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos esta población se calcula en alrededor de 350.000 ancianos para 1995.

El programa se basa fundamentalmente en la transferencia de fondos nacionales con destino a provincias, municipalidades y organismos no gubernamentales.

Es de destacar que la Subsecretaría de la Tercera Edad brinda la asistencia técnica necesaria para la implementación, monitoreo y evaluación del programa, a través de la cooperación en el diseño de sistemas locales de información, investigaciones, apoyo técnico para la acreditación de establecimientos, personal y organizaciones de la comunidad y capacitación de recursos humanos del programa.

Por medio de la actividad alimentaria que se realiza, los beneficiarios tienen acceso a bolsones alimentarios, con los que se busca asegurarles un balance nutricional adecuado (un mínimo de 1.500 calorías diarias por persona), reduciendo costos a través de la compra comunitaria de alimentos.

La actividad de turismo social, que tiene como población objetivo preferentemente a aquellas personas atendidas por la actividad alimentaria Asoma, se realiza teniendo en cuenta factores como el estado de salud físico, grado de autonomía, distancia entre el lugar de residencia y el lugar turístico, priorizando además a aquellos que no hayan realizado ninguna experiencia similar. La implementación de dicha actividad consiste en la firma de convenios con la Secretaría de Turismo de la Nación que reserva las plazas para el programa. También se hacen convenios con las provincias y municipios de manera de conocer la oferta global de servicios turísticos, plazas y tiempos adecuados para la prestación. La Unidad Ejecutora Central tiene como misión establecer la oferta global de servicios turísticos y asignar los cupos por jurisdicción, a la vez que realizar el control de gestión y evaluación de la actividad . La selección es realizada por la Unidad Ejecutora Local, que se encarga de seleccionar recursos humanos calificados y contratar los servicios de transporte necesarios para las actividades y presentar los certificados médicos de los beneficiarios.

Durante 1995 la cantidad de beneficiarios del ASOMA-alimentario ascendió a 167.324, lo cual, equivale al 47,2% del total de población mayor a 60 años con NBI, según las proyecciones realizadas por la Subsecretaría de la Tercera Edad. La cantidad total de bolsones alimentarios distribuidos en el año llegó a 1,25 millones, lo que hace a un promedio de 7,5 bolsones recibidos por cada anciano. El costo promedio por bolsón fue de 25 pesos.

El total de beneficiarios del Asoma-alimentario, distribuido por provincias, puede verse en el siguiente cuadro:

En la Argentina existen aproximadamente 160.000 pequeños productores minifundistas que representan el 40% de los productores agropecuarios. Se trata de un sector que vive del trabajo directo en su explotación y reside en ella, y que se halla afectado por problemas como: la reducida superficie de sus campos, el deterioro del recurso natural, el monocultivo, ingresos mensuales inferiores a dos salarios del peón agropecuario, escasez de capital, bajos precios para sus productos, falta de acceso al crédito, debilidad organizativa e insuficiente asistencia técnica. Todos factores que contribuyen a que se encuentren dentro de las familias con necesidades básicas insatisfechas. Ante la imposibilidad de mejorar las situaciones de pobreza en sus predios, generalmente emprenden migraciones temporarias o definitivas en búsqueda de mejores opciones laborales.

Este sector resulta escasamente visible para el conjunto de la sociedad, salvo durante las crisis regionales, en donde adquiere relevancia a nivel nacional.

En muy pocas provincias tienen organizaciones representativas de sus intereses y también son pocas las organizaciones no gubernamentales que realizan una promoción directa del sector.

Históricamente, han carecido de políticas sistemáticas que los atiendan. La unidad de Minifundio y el Programa Prohuerta del INTA y El Programa FIDA-BID de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca constituyen algunos de los antecedentes de políticas públicas dirigidas al sector.

El Programa Social Agropecuario (PSA) tiene como objetivos apoyar a estos pequeños productores para que puedan aumentar sus ingresos a través del mejoramiento de sus actividades productivas mediante el apoyo técnico y financiero, y la capacitación, permitiéndole así lograr una elevación de su calidad de vida. Alienta su agrupamiento para poder desarrollar acciones comunitarias y solidarias que les permitan superar las limitaciones planteadas por su escasa disponibilidad de tierra y capital y tiende a fortalecer su representación social brindándole espacios de participación a nivel local y nacional.

Es el primer programa a nivel nacional dirigido exclusivamente al sector de los pequeños productores minifundistas y sus familias, que combina la ayuda financiera con la asistencia técnica y la capacitación, bases esenciales para promover un proceso de desarrollo sostenido y autosustentable.

Mediante acciones coordinadas con los gobiernos provinciales y municipales, con el INTA, con las universidades y organizaciones no gubernamentales, se ha logrado componer una trama interinstitucional dirigida a apoyar al sector minifundista en 21 provincias.

Se implementó una operatoria descentralizada, en la que existen normas de funcionamiento, de tipos de acciones a apoyar y de las condiciones en las que se otorgan los apoyos financieros y técnicos. El manual de operaciones del PSA constituye el marco en el que operan las Unidades Técnicas de Coordinación Provincial (UTCPs). Las UTCPs son las responsables de la implementación del PSA en cada provincia.

También se ha recibido el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación para implementar acciones de capacitación dirigidas a productores y técnicos en temas específicos de la producción agropecuaria y de organización y gestión asociativa. El Fondo Especial del Tabaco está financiando, a través del Programa de Reconversión de Areas Tabacaleras, proyectos productivos de pequeños productores en las provincias de Misiones, Corrientes y Catamarca.

En los dos años transcurridos, el programa ha podido conformar alrededor de 1.959 grupos de productores, que nuclean a 1.921 familias campesinas, habiéndose entregado un total de pesos 13, 2 millones. Cerca de pesos 0,9 millones han sido entregados con recursos provenientes del fondo rotatorio que se constituye a nivel provincial con los recuperos de créditos, los que sólo pueden destinarse a financiar nuevos EPAs.

Este cambio ha traído el mejoramiento de sus condiciones de vida y ofrece una oportunidad para crear fuentes de trabajo, lo cual ya ha contribuido -aunque todavía en forma modesta- a atemperar los procesos de emigración rural y a combatir la desocupación, que es, ciertamente, uno de los grandes desafíos del momento actual.

El Programa Nacional de Chagas se redimensionó en 1991, basado en la horizontalidad de las acciones por agentes intermedios y tecnología apropiada. Del total de viviendas existentes en el área endémica se programó rociar en el período 1992- 1996 un total de 648.522, para lograr la eliminación del vector Triatoma Infestans de área residencial en 1999 y obtener 0 (cero) prevalencia en los menores de 4 años en el 2004.

Es importante señalar que con las actividades de ataque es posible reducir el número de personas a infectarse, pero es necesario establecer una actividad de vigilancia en las áreas tratadas para evitar la reinstalación de la transmisión vectorial.

En el siguiente cuadro, se presenta una matriz de indicadores utilizada para monitorear el programa con los datos correspondientes a 1995.

Fuente: Dirección de Epidemiología. Secretaría de Recursos y Programas de Salud. Ministerio de Salud y Acción Social

La Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera continuó, durante 1995, con las actividades que se venían llevando a cabo orientadas a:

- Fortalecer la atención primaria de la salud, mediante transferencia de fondos a las distintas jurisdicciones para la contratación de personal y la compra de medios de movilidad y radio comunicaciones.

- Adquirir y distribuir insumos para la organización de los servicios, diagnóstico oportuno de laboratorio, tratamiento de pacientes y contactos y para cumplimentar las medidas de limpieza y bioseguridad normatizadas.

- En relación a saneamiento: abastecimiento de agua en pequeñas localidades.

- En relación a laboratorio: adecuación y mantenimiento de la red suministrando los reactivos necesarios para su normal funcionamiento.

- Asesorar, brindar apoyo técnico y supervisar a las distintas provincias consideradas de riesgo de cólera.

- Coordinar con las autoridades de salud jurisdiccionales para el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control.

Iniciado en 1994 sobre 6 provincias: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, en 1995 se inició la segunda etapa incorporando otras 8 provincias: Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Durante este año se alcanzó una cobertura del 55% de mujeres embarazadas vacunadas contra el tétanos.

El Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus del Humano y SIDA desarrolló durante 1995 cuatro ejes de acción: adquisición y distribución de medicamentos, adquisición y distribución de reactivos de laboratorio para la detección de HIV en los servicios de medicina transfusional oficiales, asistencia técnica y capacitación, y vigilancia epidemiológica.

La distribución de medicamentos se efectúa en función de las necesidades que evalúan los Programas Provinciales de SIDA y son remitidos a las jurisdicciones a través de las Casas de las Provincias. Durante 1995 el Programa Nacional cubrió las necesidades de todas las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al vademécum básico para el tratamiento de pacientes con HIV/SIDA. Asimismo se proveyó de medicamentos a los centros hospitalarios de jurisdicción nacional y al Servicio Penitenciario Federal. El programa también hace entrega de medicamentos en forma directa a pacientes atendidos en centros de salud de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Los pacientes atendidos totalizaron 8.974, superando en 2.474 la previsión inicial (lo que representa un 38%).

Respecto de la entrega de reactivos de laboratorio, el Programa Nacional cubre la totalidad de los bancos de sangre de los tres niveles jurisdiccionales públicos (nacional, provincial y municipal) que en 1995 ascendían a 357 bancos de sangre y/o servicios de hemoterapia. Dado que los reactivos requieren el mantenimiento de la cadena de frío para su distribución, los laboratorios se hacen cargo de la misma siguiendo las directivas del programa. El control del suministro exige la conformidad del delegado sanitario federal y del programa provincial respectivo.

La meta había sido programada en 1.015.000 determinaciones serológicas para HIV/SIDA, ejecutándose 980.000 (97%).

En relación a las actividades de asistencia técnica y capacitación se realizaron reuniones periódicas con los jefes de los programas provinciales, se dio asesoramiento técnico a los laboratorios de análisis biológicos y se desarrollaron talleres de capacitación para agentes multiplicadores. Se elaboraron, imprimieron y distribuyeron normas de bioseguridad.

En cuanto a la vigilancia epidemiológica se realizaron 3 ediciones del Boletín Epidemiológico y se brindó colaboración a las jurisdicciones para el análisis de las situaciones específicas.