A lo largo de 1995 se consolidó la reforma a la administración financiera del Estado puesta en marcha a partir de 1993. Asimismo, en el marco de la política económica global, se dio continuidad al proceso de cambios estructurales que comenzara en 1989 enfatizando las políticas de gastos con fines sociales. En un marco general de shocks externos adversos, ello fue posible debido a la credibilidad generada interna y externamente.

El resultado primario de la Administración Nacional reflejó un valor negativo en 638 millones de pesos. Esto es, sin contar los 4.224 millones por Intereses de la deuda pública que, adicionados a la cifra anterior, llevaron a un desbalance global del 1.7% respecto del PBI anual.

La delicada situación financiera internacional, evidenciada durante 1995, produjo una caída en el nivel del producto de la economía argentina, impactando de igual modo sobre los ingresos de la Administración Nacional. Por esa razón, éstos representaron un 89% respecto de lo previsto, en tanto que los gastos -básicamente de naturaleza social- se devengaron en un 96% del nivel esperado. Se arribó, como consecuencia, a un resultado negativo mayor que el expuesto en del cálculo presupuestario definitivo.

La Administración Central cubrió holgadamente sus gastos, registrando un índice de cobertura por el 109% de los mismos. Esta razón, luego, desmejoró, al concretarse transferencias de fondos destinadas a cubrir los déficits de los demás componentes de la Administración Nacional.

Las necesidades adicionales de recursos financieros se manifestaron, principalmente, en las Instituciones de Seguridad Social. Estas, habiendo participado en un 48% de la ejecución del presupuesto global de gastos, cubrieron el 50% de tales erogaciones con recursos propios; mientras que los Organismos Descentralizados -que representaron el 8% de los gastos totales- lo hicieron en un 76 %.

Las transferencias figurativas -en términos netos- se dirigieron desde la Administración Central hacia los Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social, produciéndose una desmejora en el resultado financiero de la primera, ya que fue ella quien solventó los desequilibrios manifestados en los otros componentes de la Administración Nacional.

El desbalance subsistente, en términos globales, fue cubierto recurriendo a la readecuación de partidas presupuestarias y al incremento de pasivos internos y externos.

De esa manera, reordenando la política financiera de acuerdo con el nuevo contexto, fue posible continuar la ejecución diversos programas indispensables para la sociedad.

La política de recursos estuvo condicionada por el entorno prevaleciente, aunque dicha situación adversa no detuvo las reformas generales.

Durante el año 1995, se percibió una importante cantidad de ingresos provenientes del cumplimiento de los regímenes de moratoria y facilidades de pago implementados. A través de éstos se regularizó la situación impositiva de un número importante de contribuyentes, lográndose el cobro de deudas preexistentes y la actualización de la base de datos para una mejor percepción de tributos en el futuro, evidenciando con ello el resultado exitoso de la medida.

La retracción en el nivel de actividad económica, como ya se señalara, fue un factor decisivo en la generación de ingresos menores que los calculados presupuestariamente. Dicho comportamiento en la percepción de recursos operó, especialmente, reduciendo la recaudación en aquellos ítems que poseen alta correlación con el producto de la economía, como los Ingresos Tributarios y las Contribuciones a la Seguridad Social, los cuales, teniendo una participación conjunta del 88% en los recursos totales, fueron ejecutados en un 89% en cada caso.

Lo expuesto precedentemente queda reflejado a través del siguiente cuadro-resumen:

La coyuntura signada por fuertes shocks externos que impactaron negativamente en el nivel de actividad económica, se tradujo, además, en un mayor grado de evasión en los sistemas tributario y de seguridad social; con un adicional para este último, ya que al factor retractivo se agregó el avance del conjunto de reformas al sistema de jubilaciones y pensiones, hecho que contribuyó a explicar la merma en la percepción de ingresos corrientes por esa vía. Tal política, iniciada a mediados de 1994, se tradujo en un mayor número de personas que dejaron de hacer parte de sus aportes al sistema jubilatorio de reparto destinando los mismos a cuentas de capitalización individuales.

Por el lado de los ingresos tributarios, la caída del producto de la economía y del consecuente volumen de ventas repercutió, fundamentalmente, sobre la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y provocó que por dicho tributo se percibiera un 70% de lo previsto en el presupuesto, llegándose a ese valor luego de un aumento en la alícuota del 18% al 21% que logró amortiguar la tendencia contractiva en la recaudación total.

Además, la reducción del nivel de transacciones ya aludida determinó una fuerte disminución en los ingresos de las empresas; razón por la cual las mismas aumentaron su grado de morosidad en el pago del Impuesto a las Ganancias, que contribuyó a las arcas fiscales en un 77% del monto que se había previsto.

Cabe destacar que estos dos tributos -al Valor Agregado y a las Ganancias-, debido a su alta participación en el total de Ingresos Tributarios -de 35% y 17%, respectivamente- contribuyen a explicar gran parte de los sucedido en la percepción de los diversos impuestos.

Tal como se señalara precedentemente, los gastos se devengaron en un alto porcentaje debido a la necesidad de cumplir con objetivos de política social. De esa manera, los ítems más significativos en el total sobrepasaron el 90% de ejecución del crédito que les fuera asignado a cada uno.

La nota sobresaliente fue para el caso de las Prestaciones de la Seguridad Social que se ejecutaron en un 99% a pesar de la caída en los ingresos al sistema de reparto. Si se tiene en cuenta que aquellas participan en el 37% de los gastos totales de la Administración Nacional, buena parte del déficit global queda explicada por esa razón. El alto grado de inflexibilidad a la baja, característico de las mismas y de otros ítems de gastos fue factor decisivo para la determinación del resultado final. Por ello, los Gastos de Consumo y las Transferencias Corrientes -45% del gasto total- registraron, también, ejecuciones superiores al 95% en cada caso.

Si se agregan otros rubros que, generalmente, también están afectados por rigideces a la baja, la conclusión anterior se ve reforzada. Tales fueron los casos de Rentas de la Propiedad y Transferencias de Capital que presentaron ejecuciones mayores que el 90% de lo estimado, con lo que pasa a explicarse el 98% del gasto global. Sólo el 2% restante pudo disminuirse significativamente para ser adaptado a la menor percepción de recursos.

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de los principales rubros de gastos:

Las rigideces a la baja están dadas porque el grueso de los Gastos de Consumo responde a remuneraciones. Las Transferencias Corrientes contemplaron, mayoritariamente, ayudas sociales a personas y envío de partidas para universidades nacionales. En tanto que las Transferencias de Capital, reflejaron alta ejecución por tratarse, en su mayor parte, de envío de fondos con afectación específica para la financiación de políticas de vivienda, vialidad e infraestructura básica social en las diferentes provincias.

Tal como fuera descripto al principio del presente análisis, la coyuntura económica adversa condujo a la necesidad de reasignar créditos presupuestarios, pactar mejores condiciones de pago con terceros y obtener nuevos préstamos para financiar el déficit ocasionado por la disminución en los ingresos.

Dicho desbalance fue cubierto, en su mayor parte, difiriendo pagos al ejercicio siguiente, produciéndose el consecuente incremento de disponibilidades por el monto de fondos no utilizado en dicho período.

Las operaciones de financiamiento realizadas durante el mismo lapso implicaron un mejoramiento en el manejo de los activos financieros de la Administración Nacional a la vez que se observó que el incremento líquido del endeudamiento a largo plazo posibilitara distribuir coherentemente, los vencimientos de las nuevas obligaciones.